Decenas de miles de personas, provenientes de distintos rincones de Latinoamérica, han llegado en las últimas semanas a Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, entre otros municipios de la frontera norte de México, con la esperanza de cruzar el Río Bravo para entrar en Estados Unidos. Después de una larga ruta migratoria, al otro lado se han encontrado una frontera reforzada con 1.500 soldados, que se suman a 2.500 miembros de la Guardia Nacional, desplegados por la Administración de Joe Biden para hacer frente al aumento de migrantes esperado tras la caída del Título 42.
El sistema migratorio de EEUU ha superado este jueves la etapa Donald Trump y ha entrado en una nueva fase. Pero, a pesar de su discurso amable, Biden continuará con la política de mano dura contra la inmigración irregular. El levantamiento de la emergencia sanitaria ha supuesto este jueves la expiración del Título 42, la norma autorizada durante el mandato de Trump para expulsar a inmigrantes en caliente en la frontera sur. Sin embargo, “el fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario”, enfatizó este miércoles el secretario de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.
A partir de ahora, únicamente se usará el Título 8, como ocurría antes de la pandemia. Esta medida ralentizará el proceso de deportación, puesto que requiere a los agentes de frontera que procesen las solicitudes de asilo, pero incluye mayores sanciones para aquellos migrantes que ingresen de manera irregular. Concretamente, aquellos que sean expulsados no podrán volver a tramitar su solicitud de asilo en cinco años.
“La frontera no está abierta”, insistió Mayorkas, “nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a EEUU e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías”. El secretario de Seguridad Nacional envió un mensaje a los miles de migrantes que se han agolpado en los últimos días en la frontera: “A los contrabandistas solo les importan sus ganancias, no les crean, no arriesguen su vida ni sus ahorros para ser expulsados de Estados Unidos”.
Millones de expulsiones en caliente
El Título 42 es una medida sanitaria que fue aprobada en 1944 con el fin de prevenir la introducción de enfermedades infecciosas al país. Trump se aprovechó en 2020 de esta norma y autorizó su uso para blindar la frontera sur con la excusa del coronavirus. Desde entonces, ha servido para expulsar en caliente a 2,6 millones de personas, tanto en el mandato de Trump como en el de Biden, que se han sumado a otras 2,8 millones de expulsiones ejecutadas mediante leyes anteriores.
Previendo el fin de la medida sanitaria, las autoridades de ciudades fronterizas como El Paso, Laredo o Brownsville –las tres en Texas– han declarado el estado de emergencia tras detectar la llegada de más migrantes en las últimas semanas. La Guardia Nacional asegura que ha aumentado el número de deportaciones desde finales de abril, que se sitúan ahora en alrededor de las 7.000 diarias, y prevé que aumenten más durante los próximos días.
“No hay duda de que esto va a ser extremadamente desafiante”, dijo el pasado viernes Mayorkas, durante una visita a Brownsville. “No quiero subestimar la gravedad del desafío que esperamos encontrar”. Sin embargo, aseguró que la Administración está preparada para gestionarlo: “Tenemos un plan. Estamos ejecutando ese plan”.
Miles de personas durmiendo en la calle
Los refugios de acogida de migrantes a ambos lados de la frontera se encuentran ya desbordados y la mayoría no pueden ofrecer cama ni comida a los recién llegados. Y lo que es una situación indigna para miles de personas corre el riesgo de convertirse en una crisis humanitaria.
El Paso calcula que hay más de 2.300 migrantes –con y sin papeles– viviendo en sus calles, durmiendo en campamentos alrededor de dos refugios, que se encuentran desbordados. Dentro de estos albergues, permanecen aproximadamente 330 personas.
El subdirector del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar de El Paso, John Martin, dijo a CNN que prevén dificultades incluso para las personas que se encuentran en los centros de migrantes: “Todavía podemos alimentarlos, pero, con toda honestidad, esa no es una operación sostenible en este momento”.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, estima que hasta 15.000 migrantes están en Ciudad Juárez, en el lado mexicano de la frontera, o de camino hacia allá. Previendo las dificultades humanitarias que se vivirán en las próximas semanas, Leeser trató de eximir responsabilidades y recordó que este es un asunto de responsabilidad compartida: “Somos una ciudad fronteriza. Tenemos requisitos y responsabilidades que hay que cumplir, pero estas personas no vendrán a El Paso, todos lo sabemos: vienen a EEUU”.
El plan de Biden
La Casa Blanca lleva meses preparándose para el fin del Título 42, algo que estaba previsto que ocurriera a finales de diciembre, pero el Tribunal Supremo aprobó su ampliación a petición de varios estados republicanos. Ahora que termina la emergencia sanitaria, esta norma deja de tener validez legal y se aplicará exclusivamente el Título 8, que tiene décadas de antigüedad y no ha dejado de aplicarse durante la pandemia.
Con esta norma, “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a EEUU de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente”, recuerda el DHS. Es decir, el Título 8 implica sanciones mayores que las del Título 42, aunque no contempla expulsiones en caliente, ya que para deportar a alguien se requiere una entrevista previa con un agente fronterizo. De este modo, si el título 42 toma 10 minutos en expulsar a un solicitante de asilo, el Título 8 puede conllevar más de una hora.
Ante la nueva realidad, previniendo la llegada de más migrantes, el DHS ha creado un “plan operativo” que incluye medidas como el aumento de recursos de “personal, transporte, apoyo médico e instalaciones para apoyar las operaciones fronterizas”. Entre estos, se incluyen los 1.500 soldados en activo que ha enviado a la frontera en una misión temporal de 90 días, que según afirma la Administración, no actuarán con el uso de la fuerza sino en “apoyo logístico y administrativo”.
Además, este jueves entra también en vigor una nueva norma que descalifica a los solicitantes de asilo que no hayan presentado antes su petición en otro país. Esta medida, desvelada en febrero por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, servirá para “llenar el vacío” del fin del Título 42. “Esta Administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso”, apuntaron fuentes de la Casa Blanca tras el anuncio de la medida.
Esta complementa a otra medida anunciada el mes pasado: la creación de centros regionales de procesamiento en América Latina para que los inmigrantes puedan solicitar su ingreso a EEUU (así como a Canadá, México y, según se anunció recientemente, también España). Es el cauce legal que ha encontrado la Administración para que los migrantes puedan pedir asilo sin la necesidad de llegar hasta la frontera. Sin embargo, estos centros ubicados en Colombia y Guatemala, todavía no han terminado de construirse.
Los solicitantes de asilo están obligados a usar la aplicación Móvil CBP One para sus trámites. Esta es otra de las medidas implementadas por la Administración para frenar el flujo de migrantes en la frontera. Para poder concertar sus citas, los migrantes deben estar físicamente localizados en el centro o el norte de México. Esta aplicación, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, “proporciona un trámite seguro, ordenado y humano para que los extranjeros accedan a los puertos de entrada en lugar de que intenten ingresar a EEUU de forma irregular”.
Nueva York pide ayuda para acoger más
El foco humanitario se encuentra estos días en El Paso, Brownsville, Laredo, y las demás localidades fronterizas del país norteamericano, pero no son las únicas que se preparan para la caída del Título 42. Se notará especialmente en ciudades gobernadas por demócratas, como San Diego y Los Ángeles en la costa oeste, o Washington y Nueva York en la costa este.
Estos son destinos habituales para los inmigrantes, pues cuentan con una legislación más amable, así como medidas para su acogida y protección. Y se han convertido en el objetivo de algunos líderes republicanos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el de Texas, Greg Abott, quienes han enviado autobuses cargados de migrantes hacia estos municipios, a los que se refieren como “ciudades santuario” por su política migratoria más laxa.
El sistema de albergues de Nueva York ha acogido durante el último año cerca de 60.000 solicitantes de asilo. Más de la mitad se han quedado en la ciudad, mientras que unos 20.000 han sido trasladados a otros municipios cercanos. Tras la caída del título 42, el Ayuntamiento anticipa que recibirá 800 migrantes diarios, pero asegura que no tiene los recursos necesarios y pide ayuda al Gobierno federal.
La semana pasada, Nueva York recibió 30,5 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en ayuda humanitaria, pero eso es solo una pequeña parte de los 350 millones que solicitó la ciudad. La presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams, y el presidente de Finanzas, Justin Brannan, aseguraron en un comunicado conjunto que esta suma es “insignificante” para afrontar la situación.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró la necesidad de ayuda federal y anunció un plan para enviar a los inmigrantes que lo deseen a otros condados cercanos, como Orange y Rockland. Concretamente, en estos lugares, brindará “hasta cuatro meses de alojamiento temporal a hombres solteros adultos solicitantes de asilo que ya están bajo el cuidado de la ciudad”. Este plan, según avanzó CNN, será complementado por otras “soluciones”, como tiendas de campaña en Central Park, la puesta a disposición de un hangar de aviones del aeropuerto de John F. Kennedy y la construcción de pequeñas casas temporales.