Presionado para responder al aumento de la llegada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la semana pasada una medida drástica y de gran calado contra los migrantes que buscan asilo.
El presidente de Estados Unidos se propone apoyarse en una polémica medida de salud pública conocida como Título 42 para restringir la entrada irregular a Estados Unidos de personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Paralelamente, la medida ofrece una nueva vía de acceso al país a quienes solicitan ayuda jurídica.
Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han criticado la decisión del Gobierno de Biden de ampliar el uso del Título 42 por considerarla descorazonadora y un incumplimiento de sus promesas electorales. Este lunes, el presidente viajó a la frontera entre Estados Unidos y México, en su primera visita desde que asumió el cargo en enero de 2021. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el líder estadounidense mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México para abordar el nuevo programa migratorio estadounidense, entre otros asuntos.
Vías legales “insuficientes”
La creación de una vía legal para acceder al asilo destinada a algunos migrantes procedentes de estos cuatro países proporciona a los activistas cierto consuelo, pero estos consideran que las medidas de Biden son insuficientes ya que dan la espalda a muchos otros migrantes.
El programa anunciado por el presidente estadounidense está plagado de requisitos que imponen considerables barreras a las personas sin recursos, perpetuando las desigualdades dentro del sistema de inmigración en EEUU.
Según los defensores de los migrantes, el coste de ampliar las expulsiones de inmigrantes bajo el pretexto de la salud pública sin que se les ofrezca una vía clara para solicitar asilo es mayor que la promesa de ampliar el acceso a los refugiados y crear una vía legal para pedir protección.
“Para muchos de los que trabajamos en el ámbito de la justicia en materia de inmigración, el inicio del mandato de Biden nos hizo confiar en que el Título 42, utilizado durante la pandemia de la COVID-19, llegaría a su fin y se reestablecería el acceso al asilo”, dice el director de la Campaña de Justicia en materia de Inmigración del Consejo Estadounidense de Inmigración, Alex Miller. “Nos han decepcionado”, añade.
Castigo y recompensa
La estrategia del “palo y zanahoria” [expresión inglesa para expresar una acción que conlleva castigo, palo, y recompensa, zanahoria] del Gobierno de Biden pretende disuadir de entrar irregularmente en el país a las millones de personas que huyen de la persecución de sus países de origen y buscan asilo en Estados Unidos.
Las cifras federales del año fiscal 2022 muestran que los agentes fronterizos estadounidenses realizaron más de dos millones de detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur, lo que supone un récord histórico. En más de un millón de ocasiones, se materializaron devoluciones en virtud de la disposición del Título 42 en más de un millón de ocasiones.
“El problema es que no todos los migrantes tienen acceso a la 'zanahoria' que Biden promete”, asegura Miller. “El acceso legal al asilo se limitará a quienes tengan las nacionalidades adecuadas, los medios y el apoyo necesarios para solicitar la 'libertad condicional'... En cambio, los 'palos' que ofrecen restringen el acceso, y eso no es un trato justo”, sostiene.
Según esta nueva estrategia del Gobierno de Biden, si los migrantes de esos países superan un control de antecedentes, compran un billete de avión, obtienen apoyo económico y cumplen otros requisitos, podrán entrar legalmente en el país a través del “programa de libertad condicional humanitaria”. Estarían autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años.
“Ataque racista y clasista”
Sin embargo, a los defensores de los derechos de los migrantes les preocupa la norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional -que dicen que es similar a la “prohibición de tránsito” que impuso el presidente Donald Trump durante su mandato- porque haría que los solicitantes de asilo no sean elegibles si no buscaron protección en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos y si “eluden las vías disponibles y establecidas para la migración legal”, como dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
También les preocupa que los requisitos del programa de libertad condicional humanitaria, basado en el enfoque ya existente para los refugiados que huyen de Afganistán, Venezuela y Ucrania, impongan barreras a los migrantes que carecen de recursos para comprar billetes de avión y encontrar a alguien que los avale económicamente.
En Twitter, United We Dream, un grupo de defensa de los derechos de los jóvenes migrantes, tacha la nueva política de Biden de “ataque racista y clasista” contra los migrantes. En un comunicado, la subdirectora de defensa federal de United We Dream, Juliana Macedo do Nascimento, dice que la ampliación del Título 42 perjudicaría “a las mismas personas que buscan asilo y a las que pretenden proteger”.
En otro comunicado, el director de estrategias fronterizas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Jonathan Blazer, señala que la “interpretación subjetiva del Título 42 del Gobierno de Biden pondrá más vidas en grave peligro”, y añade que este plan “conecta a su administración a las venenosas políticas antiinmigrantes de la era Trump en lugar de restaurar el acceso justo a las protecciones de asilo”.
“Sus compromisos con las personas que buscan seguridad sonarán completamente huecos si avanza en la sustitución de una política ilegal anti asilo de Trump por otra”, asegura Blazer.
En declaraciones a The Guardian, Miller explica que las nuevas propuestas del Gobierno incluyen permitir a los solicitantes de asilo utilizar una aplicación en inglés y en español para concertar citas. Según las autoridades, esto reducirá “los tiempos de espera y las aglomeraciones en los puntos de entrada a Estados Unidos y permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano”.
Según Miller, esta medida dificulta el proceso de solicitud de asilo para los migrantes que carecen de acceso a la tecnología y hablan dialectos indígenas distintos del español, así como para aquellos que no pueden obtener representación legal que les ayude a navegar por el proceso.
“Siguen un manual viejo”
Biden dijo que el Congreso debe promulgar una reforma migratoria más amplia. Mientras tanto, el nuevo proceso de libertad condicional humanitario de la administración, que describió como “seguro, ordenado” y humano, “mejorará las cosas, pero no solucionará por completo el problema de la frontera”.
Por su parte, la vicepresidenta de Derecho y Política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, Lisa Graybill, considera que la creación por parte de la Administración de una vía para solicitar asilo para más de 30.000 personas es mejor que nada, pero sostiene que la aplicación de las leyes de inmigración y la creación de vías legales de acceso al sistema acaba siendo un “juego de suma cero”. Según señala a The Guardian, es un error que presidentes y políticos han cometido antes.
Asimismo, opina que Biden ha estado “siguiendo un viejo manual que no funciona” al asignar recursos a la aplicación de la ley en lugar de crear un “sistema de tramitación humano y ordenado que se base en el reconocimiento del derecho de asilo en lugar de vulnerarlo”.
En su opinión, el programa de libertad condicional, tal y como está planteado, perjudicará a los migrantes empobrecidos y a los que huyen de sus países precipitadamente sin cumplir todos los requisitos, actuando como barreras incluso para los que tienen solicitudes legítimas de asilo, mientras que ayuda a los migrantes de ingresos medios y altos con acceso a recursos.
Defensores
Por su parte, la asesora principal de políticas y alianzas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Angela Kelley, indica que la creación del programa de libertad condicional por parte de Biden fue “inteligente” y reflejó un intento de utilizar las “herramientas que tenía y utilizarlas de forma más creativa”. Señala que el Gobierno de Biden se ha propuesto triplicar el número de refugiados reasentados procedentes de países latinoamericanos y caribeños. En su opinión, las obsoletas leyes de inmigración estadounidenses no están a la altura de las personas que pueden solicitar asilo, como las que huyen de los efectos de la crisis climática.
“Esa es la diferencia: bajo Trump, todo giraba en torno a echar a la gente. Eran metódicos a la hora de desmantelar el programa de refugiados, los canales legales de inmigración de personas que vienen por empleo para familias, para estudiantes. Ese no es el enfoque del Gobierno de Biden”, dice Kelley, y señala que se necesitará tiempo para valorar los efectos que las decisiones de Biden tendrán en el sistema migratorio.
“Están reinstaurando un conjunto de medidas. La desafortunada dependencia permanente del Título 42 es un peso sobre sus espaldas que tienen que averiguar cómo sacudir y utilizar los recursos a su alcance … para tratar [de] gestionar la migración de personas lo mejor que puedan”, apunta.
Título 42, “preocupante”
El futuro del Título 42 es incierto, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos impidió en diciembre que el Gobierno federal terminara con el programa para dar más tiempo a los jueces a sopesar si los estados tienen motivos legales para intervenir en un caso en curso sobre el programa.
Kelley, que anteriormente había trabajado en inmigración para Biden y la Casa Blanca de Barack Obama, considera que la ampliación del programa del Título 42 es “preocupante” para los migrantes en situación de vulnerabilidad, que se verán obligados a volver a México en condiciones peligrosas.
Señala que al crear vías legales para el asilo, la administración está tratando de “aliviar las presiones” en la frontera de Estados Unidos con la esperanza de que no necesitarían más unas medidas que fueron instauradas durante la pandemia de la COVID-19.
“Lo que es desgarrador es que, en un intento por limitar el número de personas que llegan, se esté rechazando a los solicitantes de asilo, que son los migrantes a los que se quiere proteger”, opina Kelley.
“No son solo una cifra”
Los defensores de los derechos de los migrantes y Biden coinciden en que los cambios a largo plazo tienen que venir del Congreso, una perspectiva cuestionable dado que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, tuvo dificultades para elegir a su presidente, y los anteriores esfuerzos bipartidistas de reforma de la inmigración también fracasaron.
Con todo, algunos defensores afirman que ahora se trata de saber a dónde se envían los recursos. Piden que se destinen más recursos a ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro y grupos de ONG que trabajan con solicitantes de asilo en la frontera, a contratar más funcionarios especializados en materia de asilo y más jueces de inmigración, y a invertir en más asistencia legal para los migrantes que no pueden permitirse abogados privados.
“Durante tres años, bajo el Título 42, se ha socavado el acceso al asilo”, sostiene Miller. “Todas las pruebas documentan secuestro, violación y extorsión de migrantes en México, en particular en la frontera. Es increíblemente preocupante que estemos ampliando las expulsiones de migrantes a México”, admite.
“No son solo una cifra, son personas con historias concretas, con una vida propia que intentan defender. Es muy fácil perderse en la visión general. Estamos hablando de personas”, concluye.
Traducción de Emma Reverter