A apenas cinco días del pleno del Congreso que debatirá la admisión a trámite de la proposición de ley para el reparto obligatorio de menores migrantes, el Gobierno busca in extremis conseguir todos los apoyos necesarios para sacarla adelante. Con la intención de aprobarla lo antes posible ante el previsible aumento de la llegadas de cayucos a Canarias en los próximos meses, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que, si el Partido Popular respalda la medida, el Ejecutivo central aprobaría la normativa como decreto ley en el Consejo de Ministros.
“Si el PP nos traslada su apoyo a la iniciativa registrada el lunes, el Gobierno lo llevará a consejo de ministros como decreto ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí en el Congreso”, ha dicho Torres este jueves en Valencia. A pesar de que el Ejecutivo canario insiste en aprobar la media cuanto antes apelando a la emergencia, el Gobierno destaca la importancia de tener antes asegurado el apoyo parlamentario, dado que en caso de no salir adelante y haber comenzado con la distribución de los menores, los chavales podrían correr el riesgo de acabar en una situación de limbo jurídico.
El domingo de la semana pasada, el PP envió al Gobierno un texto en el que desarrollaba su posición sobre la proposición de ley, en el que solicitaba una serie de modificaciones. “Estamos en una situación de urgencia, y ante las urgencias, lo que falta es tiempo. Algunas de las cuestiones que plantea el PP lo que exigen es tiempo”, ha respondido el titular de Política Territorial. El ministro si destaca que una de las apreciaciones planteadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo sí ha sido tenida en cuenta, como el hecho de que ninguna comunidad se quede fuera de los repartos que puedan aprobarse: “Ya se le ha a todos los partidos políticos que ninguna se quedará fuera de la distribución”.
El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea dos empeños fundamentales cuyo objetivo es limitar la responsabilidad de sus presidentes autonómicos en la gestión de los menores: que toda la financiación corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y que el nuevo sistema de reparto sirva para todas las comunidades.
En las alegaciones que remitió al Ejecutivo plantea “garantías de que el reparto será para todas las CCAA sin excepción”. Este mismo lunes, el portavoz nacional, Borja Sémper, también planteó dudas: “¿Y los socios parlamentarios del Gobierno? Junts y Esquerra Republicana de Catalunya. Los dos son del bloque progresista que se niegan a recibir más inmigrantes”.
El texto de la proposición de ley registrado en el Congreso, al que ha accedido elDiario.es, choca en algunos de sus puntos con las peticiones esgrimidas por el PP en el escrito difundido este domingo. Por ejemplo, en la insistencia de la formación de Núñez Feijóo de que las pruebas de determinación de la edad de los menores trasladados en el marco del sistema de reparto se hagan en la comunidad a la que llegan. Sobre la financiación, otro de los puntos de discordia, no está claro el detalle de las cantidades que alcanzarán los fondos, aunque el texto establece asegurar la financiación “suficientes” para recibirles. Atendiendo al dinero público estatal ligado a los anteriores acuerdos no vinculantes de traslados de menores, las demandas del PP, que pide que la atención de los chavales derivados sea cubierta el 100% hasta su mayoría de edad, parece más ambiciosa que lo planteado por el Ejecutivo central.
Otro de los puntos en los que la propuesta de reforma del Gobierno choca con el planteamiento del PP es en lo relativo a qué autonomía tendría que hacer las pruebas de la determinación de la edad de los menores en el caso de que la minoría de edad de los niños y niñas no esté confirmada. El texto registrado este lunes en el Congreso es claro: en el caso de los menores llegados tras la declaración de emergencia, la comunidad autónoma de destino será la responsable de abrir el procedimiento de determinación de la edad, del que se encarga la Fiscalía de Menores.
Pero el PP solo quiere asumir traslados de casos “indubitados en su edad”. Es decir, menores que, antes de salir desde Canarias para la península, la Fiscalía ya haya acreditado que tienen menos de 18 años. Un proceso poco ágil, sobre todo cuando la capacidad de los servicios habilitados está en máximos de ocupación, precisamente en los momentos para los que está pensado el protocolo.