El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería con la que facilitará el acceso al mercado laboral a miles de extranjeros en España, a través de la disminución de los trámites y la creación de nuevos canales para solicitar permisos de empleo. El cambio normativo busca ampliar la contratación en origen, permite trabajar a los estudiantes extranjeros, flexibiliza el impulso de negocios por parte de pequeños emprendedores extranjeros y crea una nueva vía para que las personas en situación irregular logren obtener los papeles a través de la realización de cursos de formación en sectores que necesiten personal.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido que la reforma pretende “abordar, con mejores instrumentos, los retos que genera el fenómeno migratorio” con el objetivo de propiciar “una migración ordenada y segura”. El cambio, que se estima que beneficiará a decenas de miles de extranjeros, pretende agilizar los procedimientos de Extranjería, calificados de “complejos y muy burocratizados” por parte del departamento dirigido por José Luis Escrivá. La norma ha recibido la luz verde del Consejo de Estado, que“ considera que contribuirá a mejorar la situación jurídica de muchos inmigrantes y a luchar contra la lacra de la economía sumergida”.
El Ministerio consideraba que la normativa anterior tenía “diversos defectos”, pues “no es lo suficientemente ágil para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral”, en un contexto de reactivación económica tras la pandemia, envejecimiento de la población y reducción estructural de la población activa. A ello se suma un modelo migratorio que Inclusión considera “poco eficiente” debido a sus requisitos y complicados procedimientos que “incentivan” las llegadas irregulares y la economía sumergida, según su argumentario.
La reforma busca, por un lado, favorecer la permanencia de los estudiantes extranjeros en España. Para ello, la nueva norma permite que los estudiantes compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los estudios realizados y no superen las 30 horas semanales. También se eliminan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios, dado que hasta ahora era necesaria una estancia de tres años para poder obtener una autorización de residencia y trabajo.
Otra de las principales novedades es la creación de una nueva vía para que las personas sin papeles puedan regularizar su situación administrativa: el “arraigo para la formación”. Los extranjeros que acrediten vivir en España durante un mínimo de dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia de un año de duración –prorrogable a otro año– si se comprometen a formarse de manera reglada en sectores que necesiten mano de obra. Una vez finalizados los cursos, los beneficiarios podrán optar a un permiso de trabajo si logran una oferta de contrato. También rebaja algunos de los requisitos de otras vías ya existentes para conseguir los papeles: el arraigo social y laboral.
La nueva figura del “arraigo por formación” es también uno de los puntos que ha generado mayores discrepancias con el Ministerio del Interior que, según publicó El País, advirtió en su informe presentado al Consejo de Estado que abrir esta puerta a la regularización de inmigrantes podría “generar un efecto llamada”. Sin embargo, el análisis del Consejo de Estado dio luz verde a esta medida, la más celebrada por organizaciones especializadas en migraciones, y ha sido finalmente incluida en la reforma.
El Gobierno también refuerza los caminos para fichar a personal extranjero en origen. Entre otras medidas, Inclusión crea un nuevo modelo de los programas de “migración circular”, pensados para contratar a grupos de personas de forma temporal con el compromiso de que regresen a su país una vez terminada su actividad laboral. Se trata de un mecanismo utilizado actualmente para la contratación de empleados, la mayoría marroquíes, en el sector agrícola durante las campañas de recolección, que la reforma amplía a otros sectores.
Además de los programas de migración estacional, la nueva normativa facilita la contratación estable de personal extranjero en sus países. Hasta ahora, estas contrataciones estaban limitadas por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que establece en qué profesiones se necesita mano de obra y, por tanto, en cuáles es posible fichar a trabajadores en otros países. No obstante, según el diagnóstico de Inclusión, el actual modelo de este catálogo, que no ha sufrido modificaciones desde el año 2012, “genera un efecto embudo para las necesidades de las empresas que, pese a requerir mano de obra en sus diferentes modalidades, encuentran que no pueden acceder a ella porque los puestos de trabajo que ofertan no se encuentran reflejados”. La reforma busca facilitar la actualización de este mecanismo a través de la revisión trimestral del listado de profesiones con escasa mano, así como la apertura de una vía para que las empresas puedan fichar a empleados extranjeros si justifican la dificultad para contratar este perfil.
En su primera intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Escrivá anunció sus planes de elaborar durante su mandato un “cambio de modelo” de la Ley de Extranjería para “fortalecer las vías de acceso legal” a España, con el objetivo de flexibilizar las vías de entrada a través del mercado laboral. Su primer objetivo, facilitar la inclusión de los menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad, salió adelante el pasado mes de octubre tras meses de retraso por las discrepancias expresadas por el Ministerio del Interior. Ahora, el Inclusión da un paso más en su objetivo de flexibilizar un sistema de autorizaciones de residencia existente en España como “complejo y disperso”.
Según el INE, el número de puestos vacantes sin ocupar en 2021 alcanzó los 109.085, la inmensa mayoría en el sector servicios (88%). Las cifras de 2021 se sitúan en máximos en la última década, los años para los que ofrece datos el INE (desde 2013). Las actividades con más puestos sin cubrir son del sector público, entre las que destacan 31.521 vacantes en “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria” y 12.903 puestos en “Actividades sanitarias y de servicios sociales”. La segunda actividad con más vacantes es el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con 13.480 vacantes. Según los expertos, la explicación de la baja ocupación de estos sectores se encuentra en los bajos salarios y la escasa formación.