El Gobierno de Boris Johnson bloqueará los visados a los países que no acepten la deportación de sus emigrantes
El Reino Unido bloqueará la emisión de visados a los visitantes procedentes de países que no acepten el retorno de sus emigrantes. En el proyecto de ley anunciado este martes, Priti Patel y los futuros ministros del Interior obtendrían el poder de suspender o retrasar el procesamiento de visados para los nacionales de aquellos países que no “cooperen con el Gobierno del Reino Unido en la expulsión de los ciudadanos que necesiten permisos para ingresar o permanecer en el Reino Unido pero no los tengan”.
Las cláusulas del proyecto de ley de nacionalidad y fronteras también permiten que el Ministerio del Interior imponga requisitos financieros adicionales en las solicitudes de visado –es decir, que suba las tarifas– si los gobiernos no cooperan en el retorno.
La propuesta recuerda a la legislación estadounidense, que permite a los oficiales del Gobierno retirar el visado de los ciudadanos procedentes de países que se nieguen a aceptar el retorno de los migrantes en situación irregular. Se entiende que, por ejemplo, los países como Irak, Irán, Eritrea y Sudán son reacios a cooperar con el Reino Unido en estos casos.
Este es uno de los muchos cambios que el Gobierno británico propone incluir en el proyecto, descrito por Patel como “la mayor reforma del sistema de asilo del Reino Unido en décadas”. La propuesta de ley incluye medidas como:
- Los solicitantes de asilo que hayan llegado al Reino Unido de forma irregular ya no tendrán los mismos derechos que quienes lo hicieron por vías legales. Incluso si su solicitud de asilo es aceptada, se les concederá el estatuto del refugiado de forma temporal y se enfrentarán a la posibilidad de ser expulsados indefinidamente.
- Los solicitantes de asilo podrán ser expulsados del Reino Unido mientras su solicitud o recurso esté pendiente de respuesta, lo que abre la posibilidad al estudio de los expedientes mientras el demandante de protección se encuentre en el extranjero.
- Se podría limitar los derechos de acceso a las ayudas y a la reagrupación familiar a aquellos ciudadanos cuyas entradas en el país sean consideradas irregulares.
- Los procesos judiciales y las apelaciones serán reformados con el objetivo de acelerar la expulsión de aquellas personas cuyas solicitudes sean rechazadas.
- La ministra de Interior podrá ofrecer protección a personas vulnerables “en peligro inmediato y en riesgo en sus propios países” en circunstancias excepcionales. Se cree que este mecanismo solo se aplicará para ayudar a una pequeña cantidad de personas.
- El sistema hará “mucho más difícil que las personas reciban el estatuto de refugiado con solicitudes infundadas” e incluirá “evaluaciones rigurosas” para evitar que los migrantes adultos finjan ser menores. El Gobierno considera el uso de pruebas oseométricas para determinar su edad.
- Se incorporará la cadena perpetua como pena máxima para los traficantes de personas.
- Los migrantes en situación irregular que violen sus órdenes de deportación y regresen al Reino Unido podrían ser encarcelados hasta cinco años, en vez de durante los seis meses establecidos en la normativa actualmente.
- Se propondrá un nuevo proceso legal integral para que las solicitudes de asilo y peticiones sobre derechos humanos y cualquier otra demanda de protección sean consideradas en conjunto antes de las audiencias de apelación.
“Vandalismo legislativo”
Los activistas han bautizado al proyecto como “ley anti-refugiados” y han señalado que la normativa penalizará a quienes necesitan más ayuda. El análisis de los datos del Ministerio de Interior realizado por Refugee Council sugiere que 9.000 personas que serían aceptadas como refugiados bajo las reglas actuales –que huyeron de la guerra o de la persecución según los registros oficiales – podrían no recibir asilo en el Reino Unido por su vía de entrada en el país.
El director general de la organización Enver Solomon ha dicho que estas personas habían tenido que tomar “medidas extraordinarias para huir de la opresión” y habían logrado convertirse en “ciudadanos respetuosos de la ley, que siguen las reglas y pagan sus impuestos como británicos orgullosos”.
Steve Valdez-Symonds, refugiado y director del programa por los derechos de los migrantes en Amnistía Internacional Reino Unido, ha etiquetado al proyecto de “vandalismo legislativo” que “podría corroer fatalmente el derecho al asilo”. Valdez-Symonds considera que Patel ha incurrido en un “vergonzoso incumplimiento del deber”. “Este proyecto imprudente y profundamente injusto solo traerá vergüenza a la reputación internacional de Gran Bretaña”, ha añadido.
Por su parte, Sonya Sceats, director general de Freedom from Torture, cree que los planes están “llenos de crueldad” y son “una ofensa para las personas solidarias de este país, que quieren un enfoque más amable y justo para los refugiados”.
Más de 250 organizaciones –incluyendo a Refugee Council, la Cruz Roja británica, Freedom from Torture, Refugee Action y Asylum Matters– se han unido para formar la coalición Together with Refugees con la finalidad de reclamar un enfoque más eficaz, justo y humano en el sistema de asilo del Reino Unido.
Traducción de Ignacio Rial-Schies.
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