La vicepresidenta del Gobierno sigue señalando a “las mafias” como las culpables de la muerte de 15 personas en la frontera de Ceuta, en el espigón del Tarajal, hace hoy un año. El 6 de febrero de 2014, la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo en la zona en la que varios subsaharianos nadaban en su intento de alacanzar la zona española de la playa y, aunque el Ministerio del Interior ha rechazado cualquier relación 'causa-efecto' entre ambos hechos, un juzgado de Ceuta investiga las posibles responsabilidades de la actuación del Instituto Armado.
Soraya Sáenz de Santamaría acusa a “las mafias, que son las responsables de que al final tengamos en nuestras fronteras sucesos como este que vivimos hace un año y que se sigan viviendo”. “Sencillamente son las responsables de que esto se produzca”, ha añadido después de recordar que el control de la inmigranción irregular es un “esfuerzo compartido” con toda la Unión Europea.
Aunque el Gobierno –después de haber mentido en varias versiones oficiales sobre los hechos, como recoge el especial 'Las muertes de Ceuta'–, se limita a responsabilizar a “las mafias” de la tragedia del pasado año, la emigración africana en las vallas de Ceuta y Mellila están más bien organizada de manera espontánea por los propios subsaharianos, según varias organizaciones que trabajan en el terreno y recoge el periodista José Naranjo en un reportaje en la revista monográfica 'Fronteras y Mentiras' de eldiario.es. Diferente es el caso de las víctimas trata, la mayoría mujeres, que sí son captadas por grupos organizados,
El proceso judicial continúa
La vicepresidenta del Gobierno se ha referido también al proceso judicial abierto en Ceuta para investigar los hechos, “un procedimiento que tenemos que respetar y que tendremos que esperar cuáles son los hechos probados y cuáles son las repsonsabilidades que de ahí se deriven”. Este viernes, la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la jueza María del Carmen Serván del traslado de la causa desde su juzgado de Ceuta a este órgano superior.
Serván concluyó su “falta de competencia” para investigar los hechos porque entendía, como también defiende el ministro del Interior, que las muertes habían ocurrido en Marruecos. Ahora la Audiencia Nacional responde que “no está probado que las muertes se produjesen en Marruecos, en España o en ambos reinos”, por lo que le devuelve el caso.