El Gobierno considera que los inmigrantes reagrupados en España por sus hijos españoles no tienen derecho a la atención sanitaria gratuita. En el aniversario de la supuesta recuperación de la asistencia universal, el secretario general de Sanidad ha comparecido ante los medios para responder a la protesta convocada contra los casos de exclusión documentados por ONG en el último año. “La Sanidad universal no significa que España es el sistema sanitario del mundo. Es el sistema sanitario universal de España”, ha afirmado Faustino Blanco tras ser preguntado por la denegación de la tarjeta sanitaria a los reagrupados, que incluye casos de enfermedades graves como cáncer.
“Tenemos que preguntarnos cómo es posible que haya países que no den cobertura sanitaria a sus ciudadanos. Tenemos procedimientos garantistas, pero no podemos hacer que tengamos un sistema universal al albur de aquel ciudadano que quisiera venir a España a resolver un problema”, ha aseverado Faustino Blanco. En esta línea, el secretario general de Sanidad ha defendido que “todo el que resida en España sea español o extranjero tiene derecho” a la asistencia a cargo de fondos públicos, “salvo le sea requerido una cobertura sanitaria por otros países”.
“Lo mismo nos pasa a nosotros. Si vamos a otro país y no tenemos asistencia. Yo le diría a un español que vaya con un seguro privado”, ha resaltado Blanco. El Gobierno, apelando a la Ley de Extranjería, exige a estos ciudadanos, generalmente de avanzada edad, contratar un seguro médico privado para obtener la residencia por esta vía. El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo respaldó el criterio del Ejecutivo en la denegación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes reagrupados por sus hijos en España, oponiéndose a lo concluido por al menos 80 sentencias de otros juzgados españoles que sí les reconocían este derecho.
A pesar del reconocimiento de la exclusión de este colectivo, el secretario general de Sanidad ha insistido en que el Real Decreto 7/2018, aprobado por el Gobierno para acabar con la reforma sanitaria del PP, “garantiza el derecho a la asistencia de los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España”. A escasos metros, a las puertas del Ministerio, decenas de personas escuchaban los testimonios de varios ciudadanos marginados del sistema de salud después de la aprobación de la normativa que pretendía recuperar la asistencia universal.
Ante el aniversario de la aprobación del Real Decreto 7/2018, organizaciones sociales y afectados por la exclusión sanitaria se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad para exigir una “nueva regulación” que recupere el derecho a la salud universal. Como ha adelantado eldiario.es, desde la aprobación de la normativa socialista, ONG especializadas en salud han documentado 1.358 casos de exclusión sanitaria, entre los que se encuentran embarazadas, menores, urgencias y enfermos con cáncer, VIH o dolencias cardiovasculares.
Casos de embarazadas y menores
El secretario general de Sanidad ha restado importancia a la cifra aportada por las ONG. “Antes (en la etapa del PP) hablaban de 900.000 personas excluidas, ahora dicen que hay 1.300. A nosotros cualquier caso de injusticia nos preocupa, pero la dimensión es clara”, ha justificado Faustino Blanco. Por su parte, las organizaciones sociales responden que la comparativa empleada por el Ejecutivo “es errónea”. Según sostienen, el Gobierno del Partido Popular “señaló en 2012 que como consecuencia de la reforma sanitaria se habían retirado 870.000 tarjetas sanitarias. De momento el nuevo Ejecutivo actual no ha aportado cifras oficiales de cuantas tarjetas sanitarias se han tramitado a personas excluidas tras la entrada en vigor de su nueva normativa”, sostienen.
Sobre los casos de embarazadas, menores y urgencias que se han chocado con obstáculos a la atención sanitaria, el Ejecutivo ha asegurado que “eso no ocurre”. “Eso no es así. Puede haber alguna disfuncionalidad o exceso de celo, porque el sistema de salud es muy diverso”, han enfatizado desde el Ministerio.
En el exterior del edificio donde Blanco ha defendido la normativa del Gobierno, Edson cuenta el caso de su hijo, enfermo del Síndrome de Leigh, una enfermedad rara. El ciudadano brasileño reside en Galicia junto a su familia donde estudia un doctorado. Para lograr el visado, contrataron un seguro médico pero una vez en España se encontraron que la póliza no cubría el tratamiento que requiere el menor. Desde hace meses, el niño no recibe la terapia que necesita pues la Xunta de Galicia le ha denegado en varias ocasiones la tarjeta sanitaria.
“El centro de salud nos amenaza con facturarla y tenemos miedo por si no podemos hacernos cargo”, ha afirmado frente a las puertas del Ministerio de Sanidad.
Aunque el Real Decreto devolvió el derecho a la sanidad pública a las personas en situación irregular residentes en España, la redacción del texto deja una serie de grietas por donde, en la práctica, surgen distintas trabas administrativas al acceso a la asistencia gratuita. “La razón de que estemos hoy es que el Real Decreto de sanidad del PSOE es aún más restrictivo que el del Partido Popular. El titulo y el preámbulo son muy bellos pero el desarrollo legisativo no se corresponde con el título. Y las situaciones a las que nos enfrentamos son aún más restrictivas que el precedente del Gobierno de Mariano Rajoy”, ha denunciado Antonio Saiz, médico y portavoz del colectivo Yo Sí Sanidad Universal durante la protesta.
“La sanidad es menos universal que con el PP”
“No es verdad que la sanidad sea universal, es menos universal todavía que hace un año y medio. Y entonces ya era muy poco universal”, critica Saiz frente al muro elevado frente al edificio ministerial donde un artista urbano ha realizado un grafitti recordando algunos de los perfiles de los afectados por la exclusión sanitaria: embarazadas, menores, urgencias, reagrupado, solicitantes de asilo...
Ivonne ha acudido a la protesta a contar su historia porque, relata, no quiere que más personas se encuentren en su misma situación. Es solicitante de asilo venezolana, cuenta con la documentación que la reconoce como tal, pero cuando acudió a su centro de salud por urgencias debido a los abundantes sangrados que padecía, pero su acceso fue denegado en varias ocasiones, asegura. Tras la mediación de Médicos del Mundo, consiguió la tarjeta sanitaria, aunque teme regresar de nuevo al centro de salud por “el trato racista” que asegura haber recibido por parte del personal sanitario y administrativo.
Entre los casos presentados por la Plataforma REDER (que agrupa a más de 300 organizaciones), Yo Sí Sanidad Universal y Amnistía Internacional se encuentran 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo y 85 facturaciones en urgencias. La ONG Médicos del Mundo destaca algunas dolencias que “no han sido debidamente atendidas” ante determinadas trabas de acceso a la sanidad universal que aún persisten: 23 casos de cáncer, 22 pacientes con enfermedades cardiovasculares, 24 episodios de diabetes, 21 personas con hipertensión, 12 ciudadanos VIH o 14 con problemas de salud mental grave.
Excepto la exclusión de los inmigrantes reagrupados, el Ministerio considera que el resto de casos denunciados por las ONG son “puntuales” derivados de “incumplimientos de las comunidades autónomas” o “interpretaciones erróneas”. El departamento dirigido por María Luisa Carcedo emitió a finales de junio una serie de recomendaciones para la correcta aplicación de la normativa sanitaria por parte de todos los gobiernos regionales que, a juicio de las ONG, no soluciona las trabas administrativas que están impidiendo el acceso a la atención pública a centenares de personas. Faustino Blanco también lo achaca a la situación política en España y recuerda que antes de la disolución de las cortes estaba abierto un proceso legislativo para crear una ley sanitaria derivada del Real Decreto que pretendía incluir las enmiendas de otros grupos políticos y responder a posibles deficiencias.
A la espera de una solución, esas deficiencias acaban afectando a personas concretas, como las que hoy se han plantado frente al Ministerio. Como el hijo de Edson, que lleva dos meses sin recibir la terapia que necesita para tratar su enfermedad rara. “Es una dolencia neurogenerativa. Necesita estas terapias para que no empeore. . Noto que está empeorando. En junio tuvo una crisis. Fuimos al hospital privado pero nos derivaron al público porque no tenían como atenderlo”, ha lamentado durante la concentración.