El Gobierno en funciones acude a la cumbre europea con un mensaje claro: “Las expulsiones colectivas son ilegales” y, por tanto, rechazará cualquier pacto con Turquía que las incluya. Es la posición acordada con el Congreso y el ministro de Exteriores español ya había anunciado con anterioridad su oposición a las devoluciones sumarias. Por “ser contrario a la moral y a la justicia”, por “atentar contra los valores de Europa”, por “tratar a seres humanos como maletas”. Pero lo que declaraba el Ejecutivo hace un año para defender esas mismas expulsiones en Ceuta y Melilla era muy diferente. La práctica también difiere de sus palabras: el Ejecutivo sigue expulsando de forma sistemática desde las vallas de las ciudades autónomas.
Las devoluciones sumarias son ilegales en base a la legislación internacional porque no garantizan el acceso al asilo de los expulsados, según la Convención de Ginebra. Si retornan a decenas de personas de forma colectiva, no se estudia cada caso de forma individualizada. Por tanto, podrían devolver a personas a un país donde su vida o su libertad corriese peligro.
Las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, reguladas el año pasado en España, también vulneran este principio: se hacen de forma inmediata, sin preguntar las circunstancias personales de cada persona. Saltan la valla, pisan suelo español, pero un agente abre la puerta y les devuelve a Marruecos.
Lo que decía el Gobierno: “la frontera flexible”
El Ejecutivo empezó a utilizar la siguiente teoría: aunque pisen suelo español después de saltar la valla, los migrantes -incluidos potenciales refugiados- no han llegado a España hasta que no superen también el cordón policial. Fue entonces cuando el Gobierno decía que la frontera “se retrotrae”. Era “flexible”. Fernández Díaz lo defendía en base a una “interpretación de la Ley”.
“Que me den la dirección y se los enviamos”
Como ha ocurrido con el caso del pacto UE - Turquía, la decisión de intentar regular las devoluciones en caliente en España provocó la oposición frontal de la ONU, ONG, sindicatos, partidos políticos y la Iglesia. Fernández Díaz respondió llamándoles hipócritas.
“Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía”, dijo en una entrevista en Antena3 en relación a los migrantes que malvivían en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos.
“Diría que si alguien tiene una solución distinta de la que nosotros proponemos para cumplir lo que dice la ley, que a España hay que entrar legalmente por los pasos fronterizos habilitados al efecto y no ilegalmente ni masivamente y en no pocas ocasiones violentamente; si alguien tiene una fórmula distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil, que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo”.
“Los que saltan la valla no tienen derecho al asilo”
El ministro de Interior español también aseguró que los que intentan entrar ilegalmente en España por las vallas de Ceuta y Melilla “no son personas que tengan derecho a la petición de asilo”.
“A sensu contrario' quedará muy claro que los que intenten entrar ilegalmente a España, a la UE y al espacio Schengen a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos”.
“No tienen por qué saltar la valla para pedir asilo”
Esta justificación fue reciente. El Ejecutivo español respondía así al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) que pedía explicaciones a España sobre las devoluciones colectivas llevadas a cabo en Melilla.
“No es necesario” saltar la valla para pedir asilo ya que, aseguraba el Gobierno, “los migrantes que desean solicitarla” pueden hacerlo en las oficinas de asilo levantadas en el paso fronterizo melillense. Sin embargo, los datos de Acnur demuestran que las personas de origen subsahariano no tienen acceso a estos puestos, ya que la policía marroquí les impide acercarse a la frontera de forma sistemática.
“El establecimiento de una oficina para pedir refugio en el paso fronterizo unido a la protección de la frontera en Melilla por parte de las autoridades españolas contra los 'ataques violentos' es muy importante para salvaguardar los derechos humanos, incluidos los de los solicitantes”, aseguraba el Gobierno en su respuesta a Estrasburgo. También alegó que los migrantes “pueden pedir refugio en las dependencias de Acnur en Marruecos”.
Y ahora... “son contrarias a la justicia y a la moral”
Ahora el Ejecutivo ha cambiado su discurso. El ministro de Exteriores en funciones alerta ahora de que la aprobación del pacto UE-Turquía supondría atentar contra los “valores de Europa” por introducir precisamente las expulsiones colectivas.
“Son contrarias a la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, el Tratado de Funcionamiento Europeo y la directiva de suspensión de la protección internacional a los refugiados”. En definitiva, afirmó, atentan contra “el nervio de Europa”.
“Pero sobre todo”, añadió, “es contrario a la moral y a la justicia (...). Es tratar a seres humanos como si fueran maletas”. “Cada ser humano que llega con una necesidad tan apremiante tiene derecho a presentar una solicitud individual y que ésta se estudie, se resuelva y se pueda recurrir”. En Ceuta y Melilla esto no ocurre. Cada persona que salta la valla, provenga de donde provenga, es devuelto de forma sistemática. Lo confirmaba un guardia civil ante el juez el año pasado: “No se pregunta. La orden es de rechazar a quien intente un salto ilegal”.
Margallo también cuestiona la consideración de Turquía como país seguro para los refugiados. “Y si se le manda a otro lado hay que estar seguros de que el país al que se le manda le protege en condiciones que la dignidad humana requiere”. Turquía no ha firmado el Protocolo del Estatuto de Refugiados que blinda los derechos recibidos por los solicitantes de asilo, y las vulneraciones de derechos están documentadas.
Pero Marruecos tampoco cumple con las garantías estipuladas en la Convención de Ginebra, según los expertos. Las violaciones de derechos humanos a personas de origen subsahariano también están documentadas en extensos informes de organizaciones como HRW o Amnistía Internacional.