El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con el recurso que interpuso el Ejecutivo del PP contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente ejecutadas en Ceuta y Melilla. Según ha informado El País, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el Tribunal en el que mantiene los argumentos esgrimidos por el anterior Gobierno para negar la irregularidad de estas expulsiones inmediatas.
La Corte condenó a España el pasado octubre por la devolución en caliente a Marruecos de dos ciudadanos de Mali y Costa de Marfil, al considerar que violó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. El Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español a abonar a cada una de las personas demandantes 5.000 euros de indemnización.
Para recurrir esta decisión, el documento de la Abogacía al que ha tenido acceso El País justifica, sostiene, en la línea que ha mantenido el Gobierno de Rajoy, que “no hay una expulsión sino una prevención de entrada”. En él, además, acusa a los dos migrantes de perpetrar “un ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo”.
Asimismo, indica que quienes lograron pisar suelo español el 13 de agosto de 2014, cuando se produjeron las expulsiones de ambos ciudadanos por las que fue condenada España, “no lograron superar la línea policial” y, por tanto, no entraron “en la jurisdicción española”, según recoge El País. El Gobierno del PP trató de regular estas prácticas, muy criticadas por las organizaciones de derechos humanos, a través de la figura del “rechazo frontera”, incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, que supuso una reforma de la Ley de Extranjería.
La Gran Sala de 17 jueces de la Corte europea debe resolver ahora el recurso del Gobierno del PP que fue admitido a trámite en enero y que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido no retirar. Según informa El País, tras la llegada de Sánchez al poder, el Ministerio de Justicia pidió una prórroga a Estrasburgo para poder revisar la postura de España en el caso. El Tribunal aceptó la solicitud y pospuso su decisión sobre el recurso a septiembre.