El Gobierno ha justificado la devolución a Marruecos de 116 migrantes en cerca de 24 horas alegando “la violencia inaceptable” que, según sostiene, emplearon para conseguir superar el vallado fronterizo de Ceuta este miércoles. La vicepresidenta del Ejecutivo ha defendido el criticado operativo de expulsión exprés con reiteradas menciones a una supuesta “agresividad” de quienes atravesaron la alambrada.
“Lo que se produjo en la frontera de Ceuta, las condiciones de violencia y riesgo hacia nuestros cuerpos de seguridad, es inaceptable”, ha afirmado Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras. “Hemos procedido a un acuerdo bilateral con Marruecos del año 1992 para no consentir de ninguna manera la inseguridad de las fronteras y el riesgo de nuestros cuerpos de seguridad”, ha añadido la vicepresidenta.
Este miércoles, 116 personas que entraron en Ceuta a través de la alambrada fronteriza fueron devueltas en menos de 24 horas en virtud del acuerdo bilateral hispano-marroquí. Según Interior, las expulsiones se realizaron de forma individualizada y asegurando la asistencia jurídica. Sin embargo, expertos y ONG cuestionan la legalidad de esta expulsión, debido al poco plazo de tiempo en el que se ha producido, lo que complica el cumplimiento de las garantías jurídicas mínimas exigidas en la legislación española e internacional.
Para argumentar el giro de su política migratoria materializado en la devolución exprés de 116 personas a Marruecos, el Gobierno diferencia entre las personas que alcanzan España a bordo de una patera de quienes sortean las vallas de Ceuta y Melilla. “Legalmente es muy diferente cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria en el mar de la de alguien que asalta una frontera”, ha afirmado la vicepresidenta.
“Su situación es muy distinta de la de alguien que asalta una frontera. Han entrado con algunos instrumentos y algunas sustancias que han provocado lesiones en algunos miembros de la guardia civil. Y es una situación que no vamos a consentir”, ha detallado Calvo, que sugiere el establecimiento de una respuesta gubernamental diferente en función de la vía de entrada a España.
Las acusaciones del Gobierno hacen referencia a los métodos utilizados por algunas de las personas que saltaron la valla en los dos últimos saltos a la valla de Ceuta. Según la Guardia Civil, este miércoles se emplearon botellas de plástico llenas de “cal viva y ácido” para disuadir a los agentes fronterizos y conseguir su objetivo de realizar un agujero en la alambrada para atravesarla sin necesidad de saltar.
Siete agentes de la guardia civil tuvieron que ser trasladados al hospital por quemaduras leves provocadas por productos químicos, sin que ninguno de ellos tuviese que permanecer hospitalizado. Cinco migrantes también fueron ingresados debido a las heridas derivadas de las cuchillas integradas en la doble valla que separa Ceuta de Marruecos, las mismas que el ministro del Interior se comprometió a retirar.
En intentos de entrada de saltos anteriores, cuando no se había documentado el uso de “cal viva”, era habitual que varios agentes resultasen heridos durante el operativo, debido a las características de este tipo de entrada de centenares de personas coordinadas para saltar una alambrada fronteriza. De hecho, los agentes de la Guardia Civil destinados en Ceuta cobran un plus de peligrosidad.
Las imágenes ofrecidas por el Instituto Armado como pruebas de la “violencia” empleada se basan en una fotografía donde aparecen ocho botellas de plástico, algunas con un líquido amarillento en su interior, y otra instantánea que muestra un martillo, un guante y una cizalla, herramientas empleadas desde hace años para intentar romper la alambrada.
El Ejecutivo insiste en que la política de inmigración socialista “no ha cambiado ni un ápice” y se basa en “una respuesta segura y humanitaria a la presión migratoria”. “La política de inmigración de este gobierno es la que nace del cumplimiento estricto de la legalidad internacionales e interna”, ha explicado Calvo, mientras ONG como Amnistía Internacional denuncian la posible falta de garantías en expulsiones colectivas exprés como la ordenada este jueves por el Gobierno de Pedro Sánchez.