El Gobierno no ha aclarado si iniciará un procedimiento sancionador contra el buque humanitario Open Arms después de haber rescatado a 124 personas en el mar en una operación que desafía la prohibición del Ejecutivo. Tras ser preguntada al respecto, la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, ha afirmado que “esperan que haya actuado de acuerdo a los convenios internacionales”. En este sentido, desde el Ministerio de Fomento han indicado a eldiario.es que aún “no tienen conocimiento en detalle de los rescates” realizados, por lo que “es prematuro pronunciarse sobre si ha infringido o no algún precepto legal”.
“Parece que el Open Arms se dirige a otro puerto”, ha señalado Celaá. “Esperamos que esté actuando de acuerdo con los convenios internacionales”, ha insistido la ministra, quien ha aprovechado para comparar el número de personas salvadas por Open Arms en esta última misión con las rescatadas por Salvamento Marítimo. “Es muy valioso el rescate, pero atiendan también a lo que viene siendo el trabajo habitual de salvamento de un gobierno”, ha apuntado la portavoz.
Desde el Ministerio de Fomento tampoco aclaran si el rescate de 124 vidas por parte de la ONG catalana se traducirá en la imposición de una multa de hasta 900.000 euros, como advirtió el Gobierno por carta al Open Arms en el mes de julio. “Confiamos en que en se haya actuado de acuerdo a los Convenios internacionales y la normativa nacional que le es de aplicación”, han señalado las fuentes oficiales consultadas por este medio.
Este jueves, el barco humanitario Open Arms rescató a 52 personas de una embarcación que se encontraba “a punto de naufragar a causa de una vía de agua abierta”. Entre sus ocupantes había dos bebés mellizos de nueve meses, 16 mujeres y 34 hombres. A este rescate se suma el de una segunda embarcación, con 69 migrantes a bordo, por lo que el total de personas salvadas por la ONG ha ascendido a 124.
El último dispositivo culminó con el rescate de 69 personas con “símbolos inequívocos de violencia”, han anuncado desde la organización. Entre sus ocupantes hay dos niños y dos mujeres embarazadas, una de ella de nueve meses.
Ambas operaciones de salvamento se producen después de que el Gobierno de Pedro Sánchez amenazase a la ONG con multas de hasta 901.000 si se llegase a producir un rescate. “Antes presos que cómplices”, decía Camps a finales de junio, cuando decidió poner en marcha el Open Arms a pesar de los impedimentos administrativos.
Las amenazas llegaron también desde el Gobierno de Italia. “Que España los haga volver o lo haremos nosotros”, aseguró el ministro del Interior, Matteo Salvini, empeñado en criminalizar a las ONG que efectúan labores de rescate en el Mediterráneo.