Los jóvenes inmigrantes que se han incorporado recientemente a los trabajos en el campo durante la crisis del coronavirus podrán acceder a una autorización de dos años de duración para residir y trabajar en España.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley con medidas económicas que incluye una disposición adicional que permitirá que, tras la finalización de la vigencia de su permiso de trabajo actual, estos jóvenes puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo.
Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una nota de prensa, tal permiso tendrá una vigencia de dos años, será renovable por otros dos años y será válido en todo el territorio nacional. Tampoco tendrá límites sectoriales o de actividad, informa la cartera dirigida por José Luis Escrivá. Es decir, podrán trabajar en cualquier sector.
Se hará, añaden desde Migraciones, “sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de larga duración, se tengan en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con ésta u otras autorizaciones de las que haya sido titular”.
Los beneficiarios de la medida son los jóvenes nacionales de terceros países que se acogieron al real decreto-ley 13/2020, aprobado el pasado 7 abril. Con las fronteras cerradas, en el campo faltaban manos para recoger la cosecha y el Gobierno aprobó la concesión de permisos de trabajo a jóvenes inmigrantes de entre 18 y 21 años en situación regular que no lo tuvieran. El Ejecutivo calculaba que hacían falta entre 75.000 y 80.000 empleados y el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley con medidas de contratación extraordinaria para paliarlo.
Tras el decreto, los jóvenes extranjeros en situación regular con autorización de residencia no lucrativa, pero sin permiso de trabajo, pudieron incorporarse al mercado laboral.
Este martes, el Gobierno ha ampliado por tres meses más, hasta el 30 de septiembre, la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario que se facilitó “en el decreto del 7 de abril y cuya vigencia terminaba este próximo 30 de junio”, ha explicado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
“Se asegura así la disponibilidad de mano de obra para que ninguna cosecha quede sin recoger y los productos lleguen al consumidor final”, ha indicado La Moncloa.
Activistas y colectivos antirracistas llevan semanas pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez “la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes” que viven en territorio español ante la crisis causada por el coronavirus. Agrupados bajo la campaña #RegularizaciónYa, también criticaron el “carácter mercantilista”, a su juicio, del real decreto 13/2020, al considerar que “promueve un contrato a 'uso y desuso' de los trabajadores migrantes”.