El Gobierno ha iniciado los trámites para modificar de manera exprés el reglamento de la Ley de Extranjería con el objetivo de “facilitar la inclusión” de los menores migrantes tutelados una vez alcanzada la mayoría de edad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado este viernes a consulta pública previa la reforma del régimen de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados, con la que pretende evitar que los niños y adolescentes que llegan solos a España se queden en situación irregular cuando cumplan los 18 años.
“Ante las Cortes asumí la creación de una pasarela jurídica que facilitara el tránsito a la mayoría de edad de los menores extranjeros no acompañados. Hoy sale a consulta pública la Reforma del Régimen de menores extranjeros tutelados y jóvenes extutelados”, ha anunciado el ministro a través de Twitter. “Nos comprometimos a crear la pasarela jurídica que facilitase la inclusión de los menores extranjeros no acompañados al llegar a su mayoría de edad. Cumplimos”, ha añadido Hana Halloul, secretaria de Estado de Migraciones.
Según ha detallado Escrivá, la modificación impulsada por Inclusión pretende llevar a cabo una “racionalización del sistema de documentación” de los menores extranjeros no acompañados a fin de evitar que, una vez que lleguen a la mayoría de edad, pierdan su residencia en España, una situación que se repite con frecuencia. También busca la creación de un régimen propio de residencia de jóvenes extutelados “al que no sea de aplicación las reglas de la residencia no lucrativa”, como ocurre actualmente, lo que les impide acceder al mercado laboral.
Actualmente, la normativa de extranjería complica el acceso al mercado laboral a los menores extranjeros no acompañados. Para obtener este permiso, en base a la ley, los adolescentes deben realizar numerosos trámites, lo que en la práctica les impide poder trabajar. A su vez, las trabas impuestas retrasaban su independencia económica, clave para su inclusión en la sociedad una vez alcanzada la mayoría de edad, momento en el que deben abandonar los centros de acogida. Esa situación, a su vez, obstaculiza la renovación de sus papeles.
Los menores migrantes también se enfrentan a dificultades para regularizar su situación, a pesar de que las comunidades autónomas tienen la obligación de documentar a estos niños y adolescentes antes de que estos cumplan los 18 años.
Para empezar a corregirlo, la Secretaria de Estado de Migraciones envió a principios de marzo de 2020 una directriz a las oficinas de extranjería para ordenar que la concesión de los permisos de residencia de estos menores incluyese el ejercicio de la actividad laboral por cuenta ajena, una medida que suponía el reconocimiento de su derecho a trabajar como cualquier otro adolescente, cuando hasta aquel momento su permiso se lo impedía, lo que reducía sus posibilidades de mantener sus papeles una vez alcanzada la mayoría de edad.
La reforma de la Ley de Extranjería es una de las promesas anunciadas por Escrivá poco después de su toma de posesión como ministro de Inclusión. En febrero del año pasado, el titular de Migraciones aseguró en su primera comparecencia en la comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que impulsaría un “cambio de modelo” de la normativa que rige los derechos de los inmigrantes en España corregir la “rigidez burocrática” a la que se enfrentan las personas extranjeras en España.
Ya entonces el ministro propuso, entre otros aspectos de la Ley, la flexibilización de los criterios en la concesión de las autorizaciones de extranjería. Fuentes de Migraciones explican a elDiario.es que la reforma exprés del régimen de menores extranjeros no acompañados es un primer paso hacia una modificación de la normativa más profunda.
En el último año, la Secretaría de Estado de Migraciones ha comenzado a modificar en la práctica algunos aspectos concretos de los requisitos impuestos a los inmigrantes para regularizar su situación administrativa o para trabajar, a través de instrucciones emitidas desde la Dirección General de Migraciones.
Además de la facilitación del acceso al mercado laboral de los menores extranjeros no acompañados, las instrucciones emitidas por Inclusión durante esta legislatura también han buscado la simplificación de los trámites relacionados con las renovaciones de permisos de residencia en España y las solicitudes de autorizaciones por arraigo social registradas antes de la crisis sanitaria, para evitar que estas se viesen afectadas por una posible pérdida del contrato de trabajo exigido para formalizar su situación. Durante este tiempo, Migraciones ha rebajado de manera indefinida las exigencias económicas impuestas en las reagrupaciones familiares de menores, una demanda histórica de organizaciones especializadas en migración.
Otra de las órdenes aprobadas durante los últimos meses ha afectado a los inmigrantes extracomunitarios con hijos españoles menores de edad para obtener un permiso de residencia de cinco años. La directriz permitía a los padres y madres de niños españoles obtener una residencia de cinco años de vigencia sin tener que acreditar medios económicos ni antecedentes penales, sino que únicamente deberán demostrar el vínculo paterno-filial y la relación de dependencia existente entre ambos.