El Gobierno con los ultras en Finlandia restringe la migración pese a necesitar trabajadores extranjeros

El gobierno de Finlandia continúa inmerso en su plan de austeridad financiera y en la importante reforma en el sistema migratorio. El país nórdico lleva desde el año 2023 inmerso en una recesión económica y arrastra una de las peores tasas de desempleo en la UE (8,4%), solamente superada por España y Grecia. En este contexto, el gobierno de coalición formado por el primer ministro conservador, Petteri Orpo, junto con el partido de extrema derecha, Partido de los Finlandeses, y tres formaciones conservadoras más, se han marcado el objetivo de reducir drásticamente el gasto público y endurecer las normas de inmigración, justificando que las medidas servirán para ahorrar en las finanzas públicas.

El Gobierno ha presentado la propuesta de presupuestos para el año 2025 que incluye un recorte de 60 millones de euros en los programas de integración, lo que en la práctica implica que el Ejecutivo delegará las funciones a ser llevadas a cabo por los municipios. Según el Gobierno, las reformas en la ley de integración tienen como objetivo fortalecer el presupuesto público, además de hacer que “los inmigrantes sean responsables de su propia integración en el país”, según dijo la ministra de interior Mari Rantanen, diputada del partido ultraderechista.

Se prevé que los recortes afecten de forma drástica las compensaciones que reciben los ayuntamientos para acoger a personas solicitantes de asilo, y a los programas de enseñanza de los idiomas oficiales del país. Desde el ayuntamiento de Helsinki, el portavoz de inmigración, Glen Gassen, considera que las medidas ponen en una situación muy complicada continuar con los programas de formación: “No podemos dejar a la gente sin servicios y esperar que aprendan finés frente a un espejo en casa. Sigue siendo muy difícil encontrar empleo en Finlandia sin dominar el finés o el sueco”, decía.

Desde el consistorio de la capital también han señalado que “la inmigración ha impulsado el crecimiento del empleo y ha ampliado significativamente la población en edad de trabajar en la capital en los últimos años”.

El país necesita extranjeros para trabajar

Otra de las medidas polémicas que el gobierno está tirando en marcha en los inicios del curso político es la denominada “ley de los 120 días”, que prevé deportar a las personas con permiso de residencia de trabajo si pierden su puesto laboral y no encuentran uno nuevo al cabo de los tres meses.

Expertos académicos, la Cámara de Comercio y los sindicatos del país han denunciado que el rumbo antimigratorio que ha tomado el Ejecutivo perjudica precisamente a la economía, que necesita a los trabajadores extranjeros para que ciertos servicios y sectores sigan funcionando. A pesar del incremento de la tasa de desempleo, Finlandia sigue enfrentándose a una grave escasez de mano de obra cualificada y siguen faltando trabajadores como cocineros o mecánicos de automóviles.

El sector de la educación infantil y primaria también se enfrenta a una demanda de trabajadores que va en aumento, y en los servicios sociales y en el sector de la salud se arrastra una escasez crónica de trabajadores. Sin embargo, el hecho de que muchos de estos puestos de trabajo tengan requisitos estrictos con el idioma, dificulta la atracción de mano de obra extranjera, según dicen los expertos. Otro sector industrial estratégico para el país son las empresas tecnológicas, en las que sus plantillas dependen en buena parte de los trabajadores extranjeros.

Imagen del país dañada

Varias organizaciones empresariales sugieren que todos estos sectores podrían beneficiarse de atraer a más trabajadores cualificados desde el extranjero. Desde la Cámara de Comercio también se critica que las reformas en inmigración del Gobierno “aumentan la incertidumbre para los inmigrantes”, lo que también afecta a “la capacidad del país para ser un destino atractivo” en el que establecerse y trabajar.

La Universidad de Helsinki ha señalado que estas medidas han dañado indirectamente a la reputación de la universidad como empleador para académicos e investigadores, y desde la organización Business Finland se ha expresado la preocupación por el hecho de que “los expertos internacionales han percibido la política del gobierno como una señal de falta de reconocimiento y de que Finlandia no está interesada en retener al talento extranjero”.

Finlandia atrae una cuarta parte de los trabajadores extranjeros que necesitan visados de trabajo desde cuatro países; Brasil, India, Filipinas y Vietnam, en los cuales el gobierno está llevando a cabo campañas de reclutamiento de talento. No obstante, el debate social y político sobre la inmigración que llevó a la ultraderecha a ser la segunda fuerza en el parlamento, está empezando a preocupar a las organizaciones empresariales: “la situación es insostenible, Finlandia está expulsando del país a las personas que hacen posible el crecimiento económico”, decía en un comunicado de prensa Juhani Nokela, director de relaciones públicas de la Academia Finlandesa de Tecnología (TEK).

En una encuesta elaborada por TEK junto con la Asociación de Ingenieros de Finlandia en la que participaron más de 1.000 trabajadores extranjeros del sector de las tecnologías, se reflejaba que más del 80% de los encuestados estaban en desacuerdo con la afirmación de que Finlandia será un lugar mejor para los inmigrantes dentro de cinco años. La encuesta también ha manifestado que solamente la mitad recomendaría el país como un lugar para vivir para los trabajadores extranjeros.

Entre los motivos por los que no lo harían, destaca que más de un 41% de los encuestados ha vivido situaciones de discriminación en el mercado de trabajo.

La inmigración “tiene que racionalizarse”

La ministra de finanzas y portavoz de la formación ultra, Riika Purra, a menudo habla en sus discursos de que la política de inmigración del país “tiene que racionalizarse” en referencia a que debe gastarse menos dinero público. Pero en la opinión del investigador y especialista en inmigración en la Universidad de Helsinki, Pasi Saukkonen, el mensaje del gobierno hacia los inmigrantes es claro “queremos hacer de Finlandia un país en el que no queréis vivir”.

En el paquete de reformas sobre inmigración pendientes de ponerse en marcha durante el otoño también está la propuesta de prohibir a los inmigrantes en situación no regular de tener acceso al sistema de sanidad pública, pudiendo acceder solamente a los servicios de urgencias en los hospitales.

El gobierno también justifica la medida en el marco de los recortes presupuestarios, pero la ley ha sido duramente criticada por las asociaciones de médicos, que la consideran “muy problemática y perjudicial”.

En el pasado mes de abril, el Gobierno de Finlandia ya aprobó un primer paquete de medidas para desincentivar la inmigración, en las que se incluían la reducción de las cuotas de acogida de refugiados, el endurecimiento de los criterios para solicitar asilo en el país, o el recorte en la temporalidad de los permisos de residencia para refugiados. Finlandia registró un aumento de la inmigración neta del 70% entre los años 2022 y 2023, lo que supuso que se establecieron en el país casi 58.000 personas, una cifra cuatro veces más alta que en el año 2015 en plena crisis europea de los refugiados. Más de un tercio de los inmigrantes provienen de Ucrania, pero también de forma significativa de Sri Lanka, India, Filipinas y Bangladesh. En cuanto a los refugiados, según el índice de Eurostat, el país recibió en el año 2023 4.450 solicitudes de asilo, lo que representa alrededor de 1 refugiado por cada mil habitantes en el país con 5.5 millones de ciudadanos.