La efectividad de los Centros de Internamiento para Extranjeros, que acumulan numerosas denuncias de vulneraciones de derechos humanos, ha caído aún más en 2016. Aunque el Ejecutivo defiende que el objetivo de la privación de libertad en estos centros de migrantes en situación irregular es la expulsión, el 70% de quienes pasaron por ellos no fueron deportados. Estuvieron encerrados para nada.
En un momento en el que el Gobierno planea la creación de tres nuevos CIE en España y la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado acaba de bloquear el cierre “urgente” del centro de Algeciras solicitado por el resto de fuerzas políticas, la publicación del Informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNT) da un nuevo golpe a la defensa de la necesidad de los centros de internamiento para extranjeros.
Según recoge el MNP, perteneciente al Defensor del Pueblo, el 29% de las personas encerradas en los CIE fue deportado el año pasado. De las 7.597 personas internadas en estos centros, 2.205 regresaron a la fuerza a sus países de origen. Se trata del único informe oficial que recoge datos de la Dirección General de Policía sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros y los operativos de deportación.
Las cifras específicas de cada uno de los siete CIE que existen en España reflejan la escasa operatividad de todos ellos: el índice de expulsión no supera el 60% en ninguno de estos y el número de deportados permanece por debajo de la mitad de internados en la mayoría de estos lugares.
Si bien el índice de expulsión ha bajado durante 2016, la cifra de internamientos se ha incrementado un 9% con respecto al año anterior. No obstante, las órdenes judiciales para proceder al encierro de migrantes irregulares han descendido en los últimos cinco años. Con respecto a 2011, han bajado un 33,6%, según los datos presentados por la Defensora del Pueblo.
Los CIE que menos expulsiones registran en comparación con el número de internamientos son los localizados en lugares estratégicos para privar de libertad a aquellas personas que alcanzan agotadas las costas españolas de forma irregular: Las Palmas, Tenerife y Algeciras. El centro del municipio gaditano es el que, con diferencia, más migrantes ha encerrado en su interior durante el año pasado (3.101) y, sin embargo, tan solo el 15% de estos ha sido deportado. Es aquí donde el Ejecutivo piensa crear uno de los tres nuevos CIE anunciados, aunque por el momento no ha aportado más detalles sobre sus planes.
Desde Barcelona, solo un 21,3% de quienes han pasado por el centro de Zona Franca ha sido expulsado. Durante todo el 2016, el CIE de Aluche (Madrid) ha encerrado a 1.526 personas. De ellas, 704 personas han sido repatriadas a sus países de origen, un 46,1%. El número de migrantes deportados supera la mitad de quienes han sido privados de libertad únicamente en los centros de Murcia (57,9%) y Valencia (59,1%).
Algunas de las circunstancias en las que viven los internos que preocupaban a la Defensora del Pueblo se han solucionado, apuntan, pero muchas de las recomendaciones esbozadas por la institución para mejorar las condiciones de los CIE no han sido aplicadas.
El MNP destaca la falta de asistencia médica durante las 24 horas del día en algunos de los centros visitados, la no realización de analíticas a los migrantes cuando son internados con el objetivo detectar posibles enfermedades infectocontagiosas o las deficiencias en el registro de los medios antidisturbios empleados en el interior de los CIE.
179 operativos de repatriación en 2016
A lo largo del 2016, el Ejecutivo español ha participado en 179 operativos de repatriación a través de los que se han devuelto a sus países de origen a 2.626 personas. Durante el 2016, el Ministerio del Interior ha organizado seis macrovuelos de deportación de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), ha colaborado en ocho vuelos de Frontex organizados por otros Estados miembro y ha gestionado la deportación de 217 personas en siete vuelos internacionales. En total, 517 migrantes han sido repatriados a través de esta vía.
La mayoría de deportados han sido trasladados a sus países a través de las fronteras de Ceuta y Melilla (aquellos procedentes de Marruecos) y en barco (868 personas argelinas).
Los escasos “incidentes” en los vuelos, según la Policía
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recoge los “incidentes” registrados durante los operativos de repatriación en base a los partes realizados por la Dirección General de Policía. En ellos, mencionan el uso de la fuerza y grilletes con el objetivo de reducir e inmovilizar a quienes presentan una actitud “violenta y poco colaboradora” durante el operativo de repatriación.
En los casos en los que la Policía reconoce emplear la fuerza o inmovilizar a los deportados, defiende que los agentes la utilizan de forma “mínima e indispensable” para “minimizar el riesgo”. También añaden algunos “forcejeos” entre la Policía y las personas deportadas. En uno de ellos, apuntan, resultaron heridos el repatriado y el agente. En otro caso, dicen, únicamente el agente.
Los únicos heridos citados en los incidentes incluidos en la Defensoría del Pueblo fueron, según los datos policiales, trasladados a centros hospitalarios, sin destacar lesiones graves.
El relato de los diez incidentes ocurridos, según los datos policiales, en los 174 operativos de repatriación desarrollados en 2016 choca con algunos de los testimonios recogidos por ONG, en los que los migrantes hablan de violencia policial, el uso de sedaciones forzosas e inmovilización a personas que no muestran resistencia.
Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos secretos por lo que, desde la Policía Nacional, suelen negarse a dar información a la prensa alegando motivos de seguridad.
El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.
¿Cómo vigilar el respeto de los DDHH en los vuelos?
El único control en España sobre lo que ocurre en el interior de las operaciones de repatriación lo ejerce el MNP, a través de la supervisión esporádica de estos. En los casos de los vuelos de deportación de Frontex, la Defensora del Pueblo debe avisar con antelación de la realización de la visita. En 2016, vigiló tres de los 174 operativos de retorno efectuados.
Como solución a aumentar el monitoreo sobre el respeto de los derechos humanos de las personas deportadas, el MNP ha efectuado una recomendación a la Dirección General de la Policía para que en los vuelos de repatriación “se realizara siempre un reconocimiento médico de forma expresa y previa a todo ciudadano extranjero que fuera a ser expulsado”. Con ello se busca “confirmar que no existe inconveniente desde el punto de vista médico para materializar la expulsión”.
Este parte médico también ayudaría a vigilar el empleo de la fuerza por parte de la policía y comprobar la versión policial en relación a la existencia de heridos. Aunque la Comisaría General de Extranjería y Fronteras respondió a la Defensora del Pueblo que “está estudiando la viabilidad de poner en marcha esta medida”, en las inspecciones sobre los operativos de repatriación, detalla el informe, “solo se constató que tenían ese informe las personas que necesitaban tomar algún tipo de medicamento”.
Con el fin de controlar el uso de medios antidisturbios, el MNP también ha pedido a la Policía Nacional la habilitación de un “libro de registro” de todos los medios de contención empleados en los vuelos de deportación. Por el momento la Defensora no ha recibido respuesta. Otra de las propuestas para dar más transparencia a los vuelos consistente en el establecimiento de un mecanismo de reclamación para que los migrantes que vean sus derechos vulnerados puedan realizar una reclamación en el mismo operativo policial.
Según relata la Defensora en su informe, los agentes deberían entregarle una copia de su queja y recibir información de “las vías existentes para presentar una reclamación en su país de destino a través de las Embajadas de España”. La Dirección General de la Policía lo ha rechazado.