Durante los últimos días, el Ejecutivo central y la Generalitat Valenciana insistían en que las 629 personas rescatadas por el Aquarius cuentan con permiso para llegar a España y, por tanto, recibirían un trato “excepcional” por “razones humanitarias”, diferente al activado cuando llega una patera a las costas españolas, que incluye el riesgo de su encierro en un CIE y su consiguiente expulsión. El ministro de Interior, sin embargo, ha descartado un protocolo “diferente” y ha asegurado que, si no piden asilo, serán tratados como los demás, por lo que podrán ser deportados.
“No vamos a tratar distinto a quienes vienen en el Aquarius y a quienes llegan en patera a España a través de Marruecos. El tratamiento es el mismo”, ha afirmado Fernando Grande-Marlaska en una entrevista con Onda Cero. Según ha explicado, “si no piden asilo, se estudiará su situación y, en su caso, se aplicará al expediente de expulsión que proceda”, ha afirmado. “Se va aplicar la Ley”.
El tratamiento en asuntos de Extranjería será “idéntico” al aplicado por el Ministerio del Interior ante las llegadas irregulares a España. La vicepresidenta del Gobierno ha mantenido la misma línea que Grande-Marlaska al explicar el dispositivo previsto ante la llegada de este sábado de los rescatados por el Aquarius. Las autoridades competentes identificarán a quienes quieran solicitar asilo y estudiarán cada caso, para localizar perfiles vulnerables. Una vez revisados los perfiles, se aplicará lo “establecido por le Ley”, ha afirmado Calvo.
Algunos de ellos podrán acabar en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), según ha confirmado Calvo: “Unos serán enviados a 'centros de extranjeros' y otros a centros de atención humanitaria y servicios sociales, dependiendo de sus circunstancias”.
El titular de Interior ha explicado que el Gobierno tomó la decisión de recibir al Aquarius por una “responsabilidad ética” porque entiende que “las fronteras son de Europa y estamos haciendo un ejercicio de solidaridad”. Sin embargo, añade, “no estamos tratando de manera diferente a quienes llegarán a Valencia y a aquellas otras que vienen en patera. El tratamiento es igual en uno u otro caso”.
“Habrá que analizar cómo llegan, después de haber estado en alta mar durante tantos días en esas situaciones de estrés. Todos los estreses son importantes, pero quizá estos vengan en condiciones psicológicas de mayor gravedad”, ha matizado el ministro. “Pero el trato es idéntico”.
Las explicaciones oficiales sobre el dispositivo preparado en Valencia rompe con la información que se había dado hasta ahora desde la Generalitat Valenciana, la Delegación del Gobierno en Valencia, el Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio del Interior, que insistían en un dispositivo de acogida “excepcional” por las “razones humanitarias” derivadas de la situación por la que habían tenido que pasar los rescatados del Aquarius, tras el cierre del puerto italiano.
“Los que vienen en patera no van al CIE”
En su entrevista en Onda Cero, Grande-Marlaska ha negado que las personas que alcanzan las costas españolas de forma irregular sean internadas en centros de detención para migrantes. “Los que vienen en patera tampoco van a los CIE sino que son dirigidos a centros de ONG que colaboran con la Secretaría de Estado de Migraciones”, ha asegurado el titular de Interior.
Su afirmación no se corresponde con la realidad, según demuestran los datos oficiales y las denuncia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. Los CIE situados en zonas fronterizas encerraron a la mayoría de personas internadas durante el año 2016 (el último del que se disponen datos desglosados) en estos centros. Según las ONG, aunque su finalidad es la expulsión, estas dependencias policiales se están utilizando como centros de primera recepción.
En función de la disponibilidad de plazas y la vulnerabilidad de los casos, no todas las personas que llegan en patera son encerradas de forma inmediata en los CIE y, algunas de ellas pasan a la red de acogida del programa de atención humanitaria del Ministerio de Trabajo y Migraciones, al que se refería Grande-Marlaska.
La “arbitrariedad” a la hora de decidir qué personas recién llegadas a las costas españolas son enviadas a los CIE y cuáles pasan al sistema de acogida para migrantes en situación irregular ha sido denunciada recientemente por la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Para solucionar este problema, la representante en España de Acnur ha exigido recientemente la creación de un “plan interministerial e integral” que organice una respuesta “rápida y protocolarizada” para acabar con la “descoordinación” que reina actualmente en la recepción de quienes llegan a las costas españolas en inestables embarcaciones.
“Se da una situación en el que no hay sistema. Quienes llegan son enviados al CIE, otras no. A veces se habilitan lugares para encerrarlos no adecuados o son derivados a la red de acogida”, advertía Francesca Friz-Prguda hace poco más de un mes.
Las ONG especializadas en migración también llevan años alertando de la necesidad de recibir a las personas rescatadas en contextos de travesías migratorias traumáticas como víctimas de tragedias múltiples, atendiendo sus requerimientos psicológicos y humanitarios por encima de las cuestiones de “seguridad”, evitando así estancias prolongadas en calabozos de comisarías -donde pueden permanecer un máximo de 72 horas- tras su llegada a puertos.