Qué se hace mal en materia de inmigración según el informe de la Defensora del Pueblo

El informe de la Defensora del Pueblo del año 2013 (PDF) recuerda los asuntos pendientes del Gobierno y las instituciones con los ciudadanos. Las quejas de los españoles y residentes en el país dirigidas a la defensora, Soledad Becerril, han abarcado numerosas temáticas. La inmigración, tras la tragedia en Ceuta del pasado 6 de febrero, ha sido uno de los asuntos sobre los que ha tenido que responder Becerril en la rueda de prensa, si bien ese tema concreto no ha sido incorporado a este informe por haberse cerrado antes de que se produjesen los hechos.

Pero las denuncias van más allá de la protección de fronteras. Las devoluciones 'en caliente', los CIE o las cuchillas en las vallas son algunas de las cuestiones que cuentan con espacio en el informe.

Ceuta y Melilla: los que huyen, bloqueados

Pasan los años, aumenta el número de bloqueados, pero esta denuncia no se soluciona. El Gobierno hace oídos sordos a la situación de discriminación a la que se enfrentan las personas que piden asilo en alguna de las ciudades autónomas españolas. “Los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla siguen sin poder acceder a la península hasta que su solicitud sea resuelta”. La Ley de Asilo española permite a estas personas la libre circulación por Europa, como cualquier ciudadano español.

Además, critica los enormes retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo en España: mientras la ley establece un plazo máximo de seis meses, la resolución de las peticiones suele demorarse cerca de dos años. Algo especialmente preocupante en Ceuta y Melilla, donde los potenciales refugiados son obligados a permanecer “encerrados” durante todo este tiempo en las ciudades autónomas. Muchos de ellos tienen familiares en la península o en otros países de Europa.

La defensora del Pueblo también se ha mostrado preocupada por “las bajas cifras de solicitudes de asilo, especialmente cuando se comparan las cifras españolas con [las de] países europeos de nuestro entorno, con una situación geográfica similar a la nuestra”.

Devoluciones 'en caliente'

El informe denuncia las devoluciones inmediatas de inmigrantes que llegan a España de forma irregular, ya sea por mar –a través de embarcaciones o rodeando a nado el espigón ceutí– o por tierra –mediante el salto de la valla–. “Han de adoptar cuantas medidas sean necesarias con el fin de garantizar que una solicitud de asilo pueda ser examinada debidamente [...], independientemente de que esta eventualidad se produzca fuera o dentro de las aguas territoriales españolas”, especifica la institución en referencia a las quejas de entregas ilegales producidas en el mar.

Según el informe, después de haber pedido explicaciones a las fuerzas de seguridad españolas, la Dirección General de la Guardia Civil justifica –y, por tanto, admite– las devoluciones en caliente (ilegales según la Ley de Extranjería) por estar supuestamente amparadas por “los convenios suscritos con Marruecos”.

En realidad, el único acuerdo público sobre el retorno de inmigrantes al país alauí no permite la entrega inmediata de personas, pues establece como requisito indispensable la identificación de estas personas en un plazo máximo de 10 días.

Por su parte, la Jefatura de la Policía Nacional asegura que sus agentes siempre actúan bajo lo estipulado por la legislación española. El Defensor del Pueblo también ha recomendado a Interior el cese de estas devoluciones, pero todavía no ha recibido respuesta.

Rechazos irregulares en frontera

El Defensor del Pueblo se ha visto obligado a intervenir de forma “urgente” en algunas denegaciones de entrada en puestos habilitados, sobre todo en aeropuertos. Según el informe, estos nunca deberían haberse producido.

El informe menciona a una mujer embarazada que aseguraba haber sido violada y presentaba, según “las entidades especializadas que le atendieron en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas, indicios de poder ser víctima de trata”. Aun así, esta persona fue obligada a regresar a su país.

“Esta Institución consideró que el rechazo en frontera no había sido correcto, y que no se habían valorado de manera adecuada las circunstancias personales de la interesada, y que su retorno se llevó a cabo sin valorar el riesgo que conllevaba”, sentencia el documento presentado este jueves en las Cámaras españolas.

Debido a casos como estos, la institución ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que se adopten las medidas necesarias para que exista un intercambio de información de calidad con el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR), “con el fin de conocer la situación actualizada de los países en conflicto, para poder así valorar de manera individualizada y actualizada el riesgo de expulsión o retorno del extranjero a su país de origen”, explica el informe. El Defensor del Pueblo aún no ha recibido respuesta a esta recomendación.

La falta de la formación necesaria para detectar casos de riesgo por parte del personal fronterizo ha sido denunciada durante años tanto por ACNUR como por otras organizaciones especializadas en el sistema de asilo, como CEAR o Accem.

El retorno de las cuchillas

El pasado mes de octubre, la Delegación del Gobierno de Melilla anunció el refuerzo de la valla de la ciudad autónoma con alambre de cuchillas extremadamente cortante. Este material había sido colocado en 2005 por el Gobierno socialista y retirado posteriormente de su zona superior (en la alambrada de Ceuta siempre ha permanecido), debido a los profundos cortes que provocaban a las personas que intentaban saltar el perímetro fronterizo.

Aunque aún no ha recibido respuesta, el Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior la retirada del alambre de cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla. Denuncia que “la necesidad de establecer métodos de contención eficaces, frente a quienes pretenden acceder de manera irregular al territorio nacional, no debe en ningún caso pasar por alto la obligación de utilizar métodos que sean respetuosos con los derechos humanos y con el ordenamiento jurídico español”.

La institución se apoya en la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 26 de julio de 2013, que solicita a los Estados “impedir la vulneración de los derechos humanos de los migrantes en las fronteras”.

Trata de seres humanos

El informe admite que ha habido avances en la lucha contra la trata de seres humanos, pero desliza algunas de las tareas pendientes. Según dice, se ha mejorado la “toma de conciencia” de las autoridades competentes respecto a la situación de los menores que llegan a las costas españolas de forma irregular, “al intentar acceder junto a sus presuntos progenitores u otros familiares”. Es decir, poco a poco son más conscientes de la posibilidad de que estos menores pudieran ser víctimas de tráfico de personas.

Uno de los problemas más destacados aún no resuelto es el bajo número de víctimas que logran ser identificadas. Una de las soluciones propuestas es la incorporación de las ONG en el proceso de identificación de los potenciales afectados.

“La participación de estas organizaciones constituye un elemento básico para garantizar un enfoque del procedimiento centrado en los derechos y necesidades de las víctimas de trata de seres humanos”, se señala en el informe. A pesar de que, según el Defensor del Pueblo, su participación podría atajar las dificultades surgidas en este proceso, que en la actualidad corresponde únicamente a la policía y la Guardia Civil, por el momento esta recomendación no ha sido aceptada.

Otra de las recomendaciones que no prosperan hace referencia a las complicaciones con las que se encuentran las víctimas de trata a la hora de pedir asilo, debido a la dificultad de estas personas “para acreditar la existencia de un fundado temor de persecución o la pertenencia a determinado grupo social”. Después de años de denuncia –aunque no aparece reflejado en este informe–, en 2013 se concedió el estatus de refugiada en España a una víctima de trata por primera vez. Las organizaciones especializadas temen que se trate de un caso aislado.

Los CIE, a la espera de reglamento

Los Centros de Internamiento para Extranjeros todavía no tienen una normativa que los regule, aunque después de que el segundo borrador del reglamento haya pasado el examen del Consejo General del Poder Judicial, parece que su aprobación se acerca.

El Defensor del Pueblo, recuerda en el informe que los CIE “no tienen carácter penitenciario” y que, por tanto, las condiciones de vida de los inmigrantes en estos centros deben asegurar una serie de garantías que, además de incluirse en la futura normativa, deberían estar ya aplicadas en todos los CIE: asistencia social, comprobaciones de la situación personal y familiar del interno, intensificar los controles realizados con las empresas que prestan asistencia sanitaria; garantizar la comunicación de los internos con el exterior, la posibilidad de que dispongan de sus teléfonos móviles, y notificarles con antelación suficiente la fecha de expulsión y las circunstancias en las que vaya a efectuarse.

Aunque el informe asegura que la Dirección General de la Policía –organismo responsable de los CIE, pese a no ser centros penitenciarios– ha “aceptado la mayoría de las recomendaciones”, la información proporcionada por determinadas ONG y por los juzgados de control –encargados del seguimiento de los CIE– indican que, en la práctica, estos apartados no se respetan de forma general, sino que dependen de las decisiones tomadas por cada centro –consecuencia directa de la inexistencia de reglamento–. En lo referido a la asistencia social, se demora hasta la aprobación de dicha normativa.

El informe desliza sus preocupaciones en torno a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla (en ellos, los internos pueden entrar y salir) a causa de su constante “sobreocupación”, que “desafortunadamente no puede ser calificada de puntual”.

¿Qué solución propone? El Defensor del Pueblo ha instado a las autoridades competentes a “agilizar los programas de acogida humanitaria a la península”. En este sentido, recomienda que “se revisen los criterios establecidos para la elección de los residentes que puedan beneficiarse de ella”, basándose en la situación de “especial vulnerabilidad” de determinadas personas.

Menor, extranjero, sin familia

Llega una persona joven, supuestamente menor pero, como no lleva documentación, se debe iniciar un proceso para averiguar si es o no mayor de edad y, en consecuencia, si debe o no debe ser tutelado por el Gobierno. Aquí aparece otra normativa pendiente: el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados. Según el informe, “su inexistencia continúa provocando deficiencias de coordinación” en los procedimientos de determinación de la edad.

¿Por qué? Según el Defensor del Pueblo, los informes médicos y radiológicos realizados con este fin “no se ajustan a las recomendaciones efectuadas por los expertos forenses”. En este ámbito, la institución cita una serie de irregularidades: “la ausencia de una horquilla de edades entre las que deben hallarse los examinados, pruebas médicas insuficientes y la falta de intervención forense”.

A pesar de que estos procesos de determinación de la edad sólo deben iniciarse sobre las personas de las que no pueda demostrarse con seguridad su minoría de edad, continúan llegando quejas al Defensor del Pueblo: según denuncian, en ocasiones se somete a este procedimiento a personas que sí cuentan con la documentación que acredita su minoría de edad.