38.000 migrantes han sido devueltos y encerrados en centros de detención libios con apoyo de la UE desde 2017
La Unión Europea ha expresado su condena “más enérgica” al ataque al centro de detención de Tajura, en el este de Trípoli, que se ha cobrado la vida de 53 migrantes. Sin embargo, desde 2017, año en el que se selló el acuerdo con el país vecino para frenar la inmigración, más de 38.000 personas han sido interceptadas y devueltas a sus costas por los agentes libios que patrullan las aguas del Mediterráneo con el apoyo financiero y técnico de la UE, según datos facilitados a eldiario.es por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Tras volver a suelo libio, son detenidas en instalaciones como las que fueron bombardeadas este martes.
En Tajura acabaron recluidos, el 12 de mayo, 108 migrantes que trataban de llegar a las costas europeas. Fueron interceptados por las autoridades libias, desembarcados, trasladados y encerrados en el centro. Poco importó que esas mismas instalaciones se hubieran visto afectadas por un ataque cercano solo cinco días antes. También se desoyeron los llamamientos que pedían evacuar a los migrantes detenidos en zonas próximas a objetivos militares, como era su caso. Cuando el recinto fue bombardeado, más de 600 personas, entre ellas niños, seguían recluidas en él.
La tragedia ha desatado la condena de la comunidad internacional y se elevan las voces que apuntan a un posible “crimen de guerra”, ya que se conocían sus coordenadas y se sabía que albergaba a civiles. Muchos ojos se están fijando en la UE y sus políticas de apoyo a Libia para que controle el flujo migratorio a través del incremento de las operaciones de las autoridades del país vecino en aguas fronterizas.
A su llegada a tierra tras sobrevivir al Mediterráneo, en lo que muchas organizaciones especializadas califican de “práctica automática”, son detenidas por las autoridades en centros con condiciones infrahumanas, como el de Tajura. Actualmente, las políticas del país criminalizan la inmigración irregular. En lo que va de año, según la ONU, más de 3.000 migrantes interceptados en aguas fronterizas han sido devueltos al país vecino, sumido en la violencia después de que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los distintos grupos armados sobre Muamar el Gadafi.
Estas personas son retornadas pese a que Libia no es considerado un puerto seguro para desembarcar a los rescatados ni por Naciones Unidas, ni por las organizaciones que salvan vidas en el mar. Mientras, el Gobierno español ha defendido en alguna ocasión que el país norteafricano es un lugar seguro para llevar a supervivientes de naufragios. “Lo que se tiene que hacer es ir a un puerto cercano, al puerto seguro más próximo”, dijo el presidente Pedro Sánchez en noviembre para defender la devolución a Libia de 12 migrantes socorridos por el pesquero de Santa Pola 'Nuestra Madre Loreto'.
En la actualidad, se calcula que unos 3.800 migrantes permanecen retenidos en instalaciones similares a la de Tajura en Trípoli y sus alrededores, muy cerca de los combates. “Como demuestra este horrible incidente, todas las personas que se encuentran en estos centros corren un riesgo inminente, ya que son retenidas en contra de su voluntad y no disponen de medios para buscar un lugar seguro”, ha explicado estos días la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). En todo el país, la cifra de detenidos en centros oficiales se eleva a alrededor de 6.000, la mayoría procedentes de otras partes de África.
Además de los riesgos vinculados al conflicto armado, que se ha recrudecido en los últimos tres meses, los migrantes encerrados enfrentan condiciones muy duras, documentadas por numerosas ONG y organismos. Los centros que se extienden por el país se caracterizan por un grave hacinamiento y un acceso insuficiente a la atención sanitaria, la comida o el agua potable, así como por denuncias de palizas, trabajo esclavo, torturas o violaciones.
Hace solo un mes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenaba los “horrendos abusos” que sufren los migrantes confinados en estos recintos, a quienes muchas veces se les pierde el rastro por la venta a mafias, que también se dedican a la explotación sexual. En el centro de Zintan, cerca de Trípoli, 22 personas han muerto de tuberculosis y otras enfermedades en los últimos meses. Los testimonios de quienes sobreviven a la travesía por el Mediterráneo son unánimes al describir el “infierno” de su paso por suelo libio.
En el caso de las instalaciones bombardeadas esta semana, se sabe que los migrantes encerrados recibían solo una comida al día, según explica OCHA. Entre víctimas había quienes previsto volver a sus países en los próximos días tras registrarse en lo que la OIM denomina el programa de “retorno voluntario”, de acuerdo con el organismo. Había gente de Somalia, Eritrea o Sudán del Sur, según ha informado El País, que días antes del ataque visitó el centro. Los detenidos vivían atemorizados por los combates y denunciaban malos tratos por parte de las autoridades. Este miércoles, según la OIM, aproximadamente 250 migrantes, muchos de ellos niños, permanecían en el centro de detención tras el ataque.
Muchos de los detenidos acabaron en el centro de Tayura tras haber sido frenados en su intento de llegar a Italia cruzando el Mediterráneo, según publica el periódico español. Algunos supervivientes al ataque han explicado a The Associated Press que habían sido reclutados por una milicia para trabajar en un taller de armas adyacente al centro de detención. Uno de ellos ha asegurado que llevaba casi dos años detenido allí tras ser interceptado por los agentes libios en el mar. Según su testimonio publicado por la agencia de noticias, durante los últimos ocho meses había trabajado limpiando las armas de la milicia sin remuneración a cambio.
Tras la condena mundial al ataque, el Gobierno de unidad libio, reconocido por la ONU, ha indicado que está estudiando la posibilidad de cerrar todos las instalaciones de detención en el país.
La UE defiende su apoyo a los guardacostas libios
A pesar del largo historial de denuncias que acumulan los agentes y de los constantes llamamientos de Naciones Unidas, que ha reclamado varias veces cerrar los centros, así como para poner fin a la detención de quienes acaban de jugarse la vida en el Mediterráneo central, la UE ha continuado defendiendo su política migratoria basada en el apoyo a las autoridades libias, que ha ido reforzando paulatinamente en los últimos años a pesar del aluvión de criticas recibidas. En febrero de 2017, en La Valeta, los Estados miembros aprobaban una serie de medidas para sellar la ruta del Mediterráneo central con Italia a la cabeza, que firmó un acuerdo con Libia.
Este jueves, varios comisarios europeos han expresado su condena al ataque, que califican de “inaceptable” y han afirmado que el sistema de detención de migrantes en Libia “debe terminar”. “La inmigración se tiene que gestionar en pleno cumplimiento de los estándares internacionales, incluido lo relativo a los derechos humanos”. Sin embargo, Bruselas ha vuelto a salir en defensa de su colaboración con Libia recalcando que “es plenamente consciente de la situación” de los migrantes en el país y que forma a los guardacostas “para que lleven a cabo tareas en total respeto con los derechos humanos”.
En el marco de la Operación Sofía, la UE dota de formación, equipos y entrenamiento a los cuestionados guardacostas libios. Este marzo, los Gobiernos de los países miembros decidieron decidieron dejar la misión sin naves militares, pero mantenía el apoyo a los agentes del país vecino. Según datos del Consejo Europeo, han participado en este programa 400 guardacostas. Por otro lado, desde 2014, la UE ha destinado 286 millones de euros para “proyectos relacionados con la migración en Libia, la mayoría de ellos a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, de acuerdo con datos de la Comisión actualizados en noviembre del año pasado.
Con el apoyo de la UE, desde la firma del acuerdo, Libia ha incrementado sus operaciones en el Mediterráneo, mientras las autoridades italianas, encargadas durante años de las labores de rescate, han ido cediendo la coordinación de estas operaciones a los agentes libios. En ocasiones, estos agentes no responden a las llamadas de quienes piden auxilio y la falta de coordinación con los barcos de las ONG disponibles para prestar ayuda ha sido denunciada en numerosas ocasiones.
Estas organizaciones han visto, paralelamente, su labor cada vez más obstaculizada, con el cierre de puertos italianos como su máxima expresión. El resultado: en la segunda mitad de 2018, el 85% de los migrantes localizados en aguas del país vecino fueron desembarcadas de nuevo en Libia, a pesar de los abusos que enfrentan, según ha documentado la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Las organizaciones que tratan de mantener sus misiones de salvamento en el Mediterráneo se niegan a devolver a los náufragos a Libia en contra de las indicaciones de las autoridades del país vecino y del ministro del Interior ultraderechista Matteo Salvini. Para sostener su mano dura contra la inmigración, Salvini ha defendido en varias ocasiones abiertamente que Libia es un puerto seguro para desembarcar a los rescatados.
Este argumento ha sido enarbolado en alguna ocasión también por el Gobierno español, que en noviembre hizo el amago de devolver a los migrantes auxiliados por 'Nuestra Madre Loreto', alegando que era un lugar cercano y seguro. Dos meses después, el ministro de Fomento achacaba el bloqueo del Open Arms, entre otras razones, a la negativa de la organización a la posibilidad de retornar a los supervivientes al país norteafricano.
La consideración de Libia como puerto seguro ha sido contestada también en los tribunales. La última ha sido la magistrada que dejó en libertad a Carola Rackete, la capitana de Sea Watch, que respaldó su decisión de atracar sin permiso en Lampedusa porque Libia no es un puerto seguro, recordando que el cumplimiento del deber de socorro de los náufragos no solo cubre la fase de subirlos a bordo, sino también la de llevarlas a un lugar donde no corran peligro.
El ataque perpetrado contra el centro de Tajura es, para Naciones Unidas y ONG especializadas, una constatación más, un “recordatorio repugnante”, a de lo que llevan tiempo advirtiendo. “El sufrimiento de los migrantes en Libia se ha vuelto intolerable. Debe quedarnos claro a todos que Libia no es un puerto seguro y que miles de vidas siguen en riesgo inminente”, ha reiterado la OIM. Lo mismo que repiten muchos migrantes cada vez que son rescatados en la inmensidad del Mediterráneo: “Libia no”.
