Interior ha firmado con la Conferencia Episcopal un acuerdo para “garantizar la asistencia religiosa” en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El ministro, Jorge Fernández Díaz, y el presidente de la confesión religiosa, Ricardo Pérez, han suscrito este jueves el convenio de colaboración para dotar a esos centros de “asistencia” católica.
El ministerio, que ha informado de este convenio en una nota de prensa, asegura que será la Iglesia la que se encargue de los gastos derivados de su actividad en los centros. No obstante, será la dirección de cada CIE la que facilite “el lugar adecuado para la celebración de los actos de culto y demás actividades propias de la asistencia religiosa”, según ha informado la Conferencia Episcopal en un comunicado.
El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz asegura que en “fechas próximas” llegará a acuerdos similares con otras confesiones. No obstante, no aclara con cuáles.
Interior justifica el acuerdo en la aprobación del nuevo reglamento de los CIE, que establece que la dirección de los centros “garantizará y respetará la libertad religiosa de los extranjeros internados, facilitando los medios para su práctica”. Ese mismo artículo sostiene que se respetarán “la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permita la seguridad y las actividades del centro y los derechos fundamentales de los restantes extranjeros internados”.
El acuerdo prevé que se celebren misas los domingos, así como en días de festividad cristiana y “potestativamente” cualquier otro día. Incluye también “la visita a los internos, recepción en su despacho por parte del responsable encargado de la atención pastoral y respuesta a los que deseen hacer alguna consulta o plantear sus dudas o problemas religiosos”, según la Conferencia Episcopal.
Mientras que este acuerdo supone el establecimiento de parámetros y criterios claros respecto al tratamiento religioso que recibirán los inmigrantes que se encuentran encerrados en los CIE, el reglamento en el que se ha basado este convenio no desarrolla otras necesidades, como la información sobre los vuelos en los que serán deportados los internos o sobre la asistencia sanitaria. Tampoco detalla las los horarios y el tiempo establecidos para las visitas, así como para las llamadas telefónicas que dependerán de la voluntad del director de cada centro, un policía.
Lejos de detallar el tiempo mínimo de asistencia médica disponible en cada CIE, ésta será diferente en cada centro. La Policía será quien decida si la celebración de “acuerdos, convenios o contratos con otros ministerios administraciones públicas y entidades públicas y privadas”, según establece el reglamento. Por el momento no se ha desarrollado ninguno de esta índole.
Otra de las críticas que recibió el reglamento de los CIE por parte de las organizaciones humanitarias fue el rechazo a incluir lo estipulado por los Juzgados de control -cuya finalidad es trasladar al Ministerio de Interior resoluciones de obligado cumplimiento sobre la vulneración de derechos en los centros-.