Interior se libra de la acusación de la Fiscalía por devolver niños marroquíes desde Ceuta tras echar a la delegada

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, los dos altos cargos que bendijeron e impulsaron la devolución a Marruecos de 55 menores migrantes solos en agosto del año pasado a espaldas de lo previsto en la Ley de Extranjería y la Convención de Derechos del Niño, entre otras normas, no aparecen en las conclusiones del escrito con el que la Fiscalía ha pedido abrir juicio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada contra la hasta noviembre delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la todavía vicepresidenta primera del Ejecutivo de la ciudad, Mabel Deu (PP).

Pese a la insistencia de las defensas de ambas, sobre todo de la segunda, y una de las acusaciones populares en implicar penalmente a ambos altos cargos, el Ministerio Público limita su acción a quienes la jueza de instrucción ha considerado autora material y cooperadora necesaria, respectivamente, del supuesto delito. 

Por su comisión reclama 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de “cargos electivos” o “funciones de gobierno” tanto de ámbito estatal como autonómico o local, así como a “la pérdida de los honores asociados a la condición de delegada del Gobierno y vicepresidenta de la Ciudad Autónoma”, así como al ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Según las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, la clave para no extender ninguna exigencia de responsabilidades a Marlaska y Pérez (o a otros altos cargos del Gobierno central que desde los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia o Presidencia coordinaron con Marruecos la forma de expulsar a los niños) está en que ni tenían competencias directas ni capacidad para exigir obediencia debida. También aluden a la coletilla con la que el secretario de Estado “rogó” el inicio de las deportaciones.

“En Madrid pueden ser malos, pero no tontos”, resume gráficamente una de esas fuentes jurídicas sobre la misiva sin firma ni membrete con la que la Secretaría de Estado de Seguridad dio carta blanca a las devoluciones ejecutadas entre el 13 y el 16 de agosto de 2021: pedía ejecutar “el retorno de los menores al Reino de Marruecos respetando en todo momento sus intereses y derechos”.

En el propio gabinete de Mateos se interpreta la literalidad de la instrucción como una “orden imposible”: no era compatible cumplir de inmediato con todos los requerimientos de la legislación nacional e internacional, por lo que las dos administraciones optaron por materializar las deportaciones por la vía rápida.

Según la Fiscalía, la exdelegada y la vicepresidenta de Ceuta (con o sin la complicidad de Madrid que sus defensas y la Red Española de Inmigración ven obvia e ineludible) buscaron amparo en un Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 que nunca se había implementado para “eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes que iban a incurrir”.

Advertencias por escrito

Ninguna de ellas atendió los reparos de la jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, ni de los responsables de la Fundación SAMU. La primera alertó por escrito y verbalmente ante las autoridades marroquíes de que el camino elegido “sin tramitar procedimiento alguno” resultaba “contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”. Los segundos, de que se estaba obviando “la posible situación de vulnerabilidad de los mismos, así como por no preservarse de aquel modo el superior interés de los menores”.

Mateos y Deu siempre han apelado a la situación de “emergencia” que vivía Ceuta en el verano de 2021 con más de 1.000 menores marroquíes no acompañados desamparados bajo la tutela de la Ciudad en alojamientos de emergencia como razón suficiente para considerar que no podrían estar peor en sus casas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha sancionado por la vía de lo contencioso administrativo que conjuraron “una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados”.

Según la sentencia recurrida ante el Supremo, “el carácter súbito y masivo e ilegal de la entrada en Ceuta en la primavera del pasado año de miles de ciudadanos del Reino de Marruecos en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.

Para la Fiscalía lo que hicieron las dos encausadas fue “practicar la repatriación [en principio de 145 niños; después de 15 cada 24 horas durante 4 días por exigencia de Rabat] sin determinar si alguno de los menores se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen ni si con ello el interés del menor podía verse comprometido”.

Los abogados de la vicepresidenta de Ceuta, que lleva 20 años en el Ejecutivo regional y ha anunciado antes de ser vetada por el PP que no volverá a presentarse en las autonómicas de mayo, han recurrido su encausamiento a la Audiencia Provincial de Cádiz argumentando que interpretó la misiva de Interior como “un mandato expreso y acabado” que limitaba su misión a “facilitar y posibilitar la ejecución de lo ya decidido”. 

Desde su punto de vista y tras intentar sin éxito citar al ministro y al secretario de Estado al menos como testigos, el hecho de que tanto Marlaska como Pérez sean “magistrados de profesión” le hizo dar por hecho que lo que iban a hacer estaba “amparado en Derecho”.

Mateos, cesada el 31 de octubre pocos días antes de cumplir los 73 años, ha solicitado que su declaración de octubre ante la jueza instructora no sea tenida en cuenta por los efectos del tratamiento oncológico que está recibiendo. En ella volvió a señalar a Interior como instigador del proceso activado, pero también dijo que ni ordenó cómo hacerlo ni supo de su concreción.

La Red Española de Inmigración, una de las acusaciones populares personadas, entiende que ambas actuaron “conociendo la oposición al menos del Ministerio de Derechos Sociales y la predisposición del de Interior, no constando siquiera que se consultara al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente” para recibir a niños migrantes solos de su nacionalidad desde Ceuta, voluntad que jamás había demostrado antes ni ha vuelto a exhibir después.