Los tres juzgados de Madrid que se encargan de supervisar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la región se han dirigido por escrito al Ministerio del Interior y a la Comisaría de Extranjería para alertar de la situación que se vive estos días en las las salas de protección internacional de dos terminales de Barajas. Allí, según la denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se hacinan 250 personas, entre ellos varios menores de edad y familias “cuya intimidad está siendo vulnerada”. Los jueces, afirman, han visitado la sala y han comprobado que hay gente durmiendo en colchones en el suelo “sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad”.
A las salas de asilo de los aeropuertos españoles llegan aquellas personas que, una vez aterrizadas, manifiestan en el control fronterizo su necesidad de pedir protección internacional. Este procedimiento -aplicado en los aeropuertos, puertos o puestos fronterizos- es diferente al activado en territorio nacional: se trata de uno acelerado, en el que las autoridades deben responder en un plazo de escasos días si admiten o no esa petición.
Una vez presentada la demanda de asilo, los solicitantes esperan la respuesta en estas salas de plazas limitadas, de donde no pueden salir. Si la resolución es positiva, estas personas podrán entrar en territorio nacional con un permiso de residencia temporal como solicitantes de asilo. Si es negativa, serán retornados a su país de origen.
Los magistrados de los tres juzgados de la Plaza de Castilla que tienen competencia de control sobre los CIE han visitado estas salas de las terminales primera y cuarta de Barajas después de recibir una denuncia de CEAR y han constatado que, efectivamente, allí hay familias con menores de edad que llevan días hacinadas a la espera de una respuesta. Desde el pasado verano, afirman, se ha producido un “aumento exponencial” de migrantes que solicitan asilo en este aeropuerto, lo que unido a los “retrasos” en la tramitación de las peticiones se ha traducido en una “sobreocupación” de estas salas.
El resultado es el hacinamiento de 250 personas en estas salas, “durmiendo en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad”. Hay en total 19 menores de edad y, explican los magistrados, sus derechos básicos no están siendo protegidos.
La Terminal 1, con 72 plazas (entre solicitantes de asilo e inadmitidos) habilitadas, actualmente alberga a 169 personas, según las cifras aportadas por la Jefatura Superior de Policía a los juzgados. En la sala de la T4 se encuentran a alojados 75 ciudadanos que piden refugio, de los que dos de ellos son menores de edad acompañados de sus familiares, a pesar de tener plazas para 44 demandantes de protección y 50 inadmitidos.
El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) pidió este martes al Ministerio del Interior la adopción de medidas urgentes para evitar el colapso de las salas de solicitudes de asilo en las terminales T1 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según alertaron, las salas se encuentran “desbordadas ante el aumento exponencial de la llegada de ciudadanos, principalmente con pasaporte keniata”. Según publicó El País en agosto, un informe interno de la agencia europea de fronteras reveló que casi 400 ciudadanos con pasaporte de Kenia han llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas para pedir asilo -cifras hasta el mes de agosto-. Sin embargo, todo apuntaba a que estas personas no eran kenianos sino somalíes, una nacionalidad que a pesar de contar con un alto porcentaje de solicitud de asilo, sus ciudadanos tienen muy complicado viajar con su pasaporte.
En lo que va de año, España ha registrado 152.250 solicitudes de asilo, de los cuales la mayoría proceden de Venezuela, Colombia y Perú. De ellas, 2.816 se han formalizado en puestos fronterizos, la mayoría en aeropuertos, según los datos provisionales de Interior hasta finales de noviembre. La Jefatura Superior de Policía ha explicado a los juzgados encargados de la supervisión de las salas de Barajas que se ha producido un incremento “exponencial” de las peticiones de protección en frontera. Sus datos apuntan que, en el periodo de agosto a noviembre de 2023 se han registrado 1.357 solicitudes en contraposición de los 767 demandas presentadas en 2022 en el mismo periodo de tiempo.
Quejas del Defensor del Pueblo
En los últimos años, el Defensor del Pueblo ha recibido diversas quejas sobre las condiciones de las salas de asilo, así como las de inadmitidos. En junio de este año, Ángel Gabilondo llamó la atención sobre la deficiente climatización de los espacios, donde las personas encerradas se quejaban del frío en las instalaciones, así como las dificultades para comunicarse con el exterior a través de los teléfonos con los que cuentan estas habitaciones.
El Defensor recordó que estas instalaciones “deben contar con una climatización propia considerando que las circunstancias de estas personas son diferentes a las del resto de personas que se encuentran en el aeropuerto, al tener que permanecer largo tiempo en dependencias policiales”.
Gabilondo no consideró suficiente el sistema existente actualmente en las salas de asilo para garantizar la comunicación con el exterior de las personas retenidas en el aeropuerto “dado que no resulta posible efectuar llamadas al exterior y no se permite el uso de los dispositivos móviles, salvo a la llegada”. Este sistema “puede afectar al derecho de defensa de estas personas al no poder contactar con sus abogados cuando lo necesiten y puede afectar a su salud mental ante la imposibilidad de contactar con amigos o familiares”, denunció en junio el Defensor.