Será difícil que la Justicia con mayúsculas, la de ver a sus torturadores sentados en el banquillo de los acusados, le llegue a la guerrilla rebelde del Mau Mau en Kenya, pero sí es factible que obtengan al menos indemnizaciones y una disculpa pública por parte de Gran Bretaña. En los años 50, los británicos reprimieron a sangre y fuego a los Mau Mau. Durante décadas, Londres negó los hechos, pero recientemente los documentos sobre las torturas sistemáticas han salido a la luz. Ahora, un juez ha dado luz verde a la demanda de los represaliados.
Los hechos ocurrieron a finales de los 50 y, a día de hoy, no sólo no han sigo juzgados sino que hasta el momento las autoridades británicas se habían negado a reconocer su existencia. La revuelta de los Mau Mau surgió en el seno de la tribu kikuyu, la más numerosa de Kenia, después de que miles de personas de esta etnia fueran trasladadas a la fuerza a otras zonas siendo sus tierras entregadas a los colonos blancos. Nacieron primero con la intención de protestar contra las expropiaciones y con el tiempo evolucionaron hacia las posiciones independentistas. Los Mau Mau fueron declarados asociación ilegal en 1950 por las autoridades británicas, y pronto se convirtieron en un grupo muy radical, llegando en ocasiones a cometer actos de extrema crueldad. Las autoridades impusieron entonces el Estado de emergencia, rebajando al límite los ya de por sí pocos derechos civiles de los africanos, y comenzando una violenta represión que, en muchos casos, afectó a personas que poco o nada tenían que ver con la guerrilla.
La brutalidad está en el centro de la demanda presentada este año por cuatro kenianos de entre 70 y 80 años que sufrieron la represión británica en sus carnes: Paulo Nzili, Ndiku Mutua, Wambugu Wa Nyingiy y Jane Muthori Mara. Según sus declaraciones, Nzili y Mutua fueron castrados por pertenecer al movimiento, aunque, afirman, sólo ayudaban con el suministro de comida; Wa Nyingi estuvo encerrado en varios campos de internamiento y recibió innumerables palizas sin que se le formulara acusación alguna; y Muthori Mara fue detenida con 17 años y brutalmente torturada, además de ser violada.
La respuesta de Gran Bretaña ante esta demanda fue la de siempre: negar los hechos y justificarse en la falta de pruebas. Pero en esta ocasión, la jugada se torció para Londres gracias al tesón de Edward Inglett, un funcionario británico perteneciente a la sección africana del Foreign Office. El hombre recibió una solicitud para entregar los documentos relativos al Gobierno colonial en Kenya y empezó a rastrear por los archivos, encontrándose con que varios departamentos le insinuaron que dejara de buscar. Esto le motivo más si cabe y terminó logrando un permiso para entrar en Hanslope Park, sede del servicio de comunicaciones de la Inteligencia británica y hasta hace unos meses un lugar desconocido para el mundo. Allí encontró nada menos que 1.500 documentos, muchos de ellos comprometedores, sobre la actuación británica en Kenya. Todo indica que las 300 cajas de documentos descubiertas ahora fueron sacadas de Kenia en 1963 y llevadas en secreto a Londres pocos días antes de la declaración de independencia por el país africano.
La importancia de los documentos
¿Pero qué recogen exactamente estos documentos y qué puede suponer para la reclamación de los Mau-Mau? Estos documentos podrían servir para demostrar el uso sistemático, no puntual, de torturas y violaciones de Derechos Humanos realizadas indiscriminadamente contra los miembros de la guerrilla Mau-Mau pero también contra población civil. El objetivo de los demandantes es, por lo tanto, demostrar que sus casos no fueron aislados, sino que formaban parte de un sistema de torturas aplicado por la policía y otros miembros de los servicios de seguridad con pleno conocimiento de la Administración Colonial.
Gracias a estos documentos, el Tribunal Superior de Londres ha autorizado a los cuatro ancianos a demandar al gobierno británico, asegurando que “se trata de casos discutibles dese el punto de vista legal”, en palabras del juez Richard Mc. Combie, que dio la luz verde a la demanda. Los ancianos reclaman al gobierno británico que pida perdón y que constituya un fondo de ayuda a los supervivientes de la represión. Pero de momento, Londres ha respondido que ha pasado ya mucho tiempo y que su responsabilidad habría terminado cuando Kenia accedió a su independencia.
Precedente para otras ex colonias
La importancia de este caso radica, además, en que podría sentar precedente para las reclamaciones de otros kenianos que también sufrieron la represión y, sobre todo, para otros países colonizados en los que el Imperio Británico pudo cometer el mismo tipo de actuaciones.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, el número de personas torturadas, mutiladas o ejecutadas por oficiales británicos durante la represión de la revuelta puede ascender a más de 90.00 personas. Más lejos todavía va la profesora de Harvard Caroline Elkins, autora del libro “El Gulag británico”-Premio Pulitzer 2006-, quien estima en 100.000 el número de muertes. “La sanidad en los campos era inexistente, y las epidemias acabaron con muchos de los detenidos. Las recomendaciones de los médicos eran ignoradas. La lista de atrocidades cometidas por las autoridades es de todo tipo. Era habitual la violación y la introducción de botellas rotas y cuchillos en hombres y mujeres. También hubo numerosos casos de castración, apaleamientos, aislamiento, quemaduras en los vivos, latigazos, tortura mediante ahogamientos y trabajos forzados”, escribe la norteamericana en su libro.
Otros historiadores critican sus cálculos y rebajan el número de víctimas a 20.000, pero más allá de las cifras, lo que queda claro, y así lo demuestran los documentos ahora hallados, es que esta situación fue denunciada por varias personas y que el mismo Sir Evelyn Baring, último gobernador de Kenya antes de la independencia, no sólo tenía conocimiento de la situación sino que informaba periódicamente a sus superiores, lo que prueba también que los responsables en Londres eran conscientes de la situación en la colonia.
De momento, la batalla legal no ha hecho más que comenzar y puede que algunas de las víctimas mueran antes del fallo del juez, pero para ellos es ya una victoria, puesto que nunca pensaron poder llegar hasta la mismísima Justicia británica.