Un juzgado de Málaga ha enviado a los Centros de Internamiento de Tarifa y Algeciras a unos 40 de los 155 migrantes que llegaron a Málaga el pasado domingo por la noche. En su decisión no ha diferenciado entre solicitantes de asilo y quienes no lo son: todos han sido trasladados a los CIE gaditanos desoyendo la opinión de ACNUR, que en una recomendación dirigida al órgano jurisdiccional había advertido de que la decisión de internar a un solicitante de asilo “no iría en línea” con la Ley de Asilo y la Convención de Ginebra. La decisión respecto al resto, hasta los 155, se tomará este miércoles.
Al menos una veintena de los 40 casos ya tramitados han pedido la concesión del estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Serán puestos en libertad si, como ocurre en la mayoría de los casos, se admite a trámite su solicitud (un primer paso previo a su reconocimiento o no de su condición de refugiado). Sin embargo, tendrán que esperar encerrados la admisión o no trámite, que tardará menos de una semana: todos los que pasaron por el juzgado este martes, solicitantes de asilo o no, viajaban por la tarde a los CIE de Tarifa y Algeciras.
El juzgado de instrucción número 10 de Málaga ha aplicado indistintamente el artículo 58 de la Ley de Extranjería, que prevé el internamiento previo para los supuestos de expulsión de quienes “pretendan entrar irregularmente en el país”. Para todos ellos la jueza ha acordado el tiempo máximo de internamiento que permite la ley: sesenta días, que terminarán anticipadamente cuando exista una resolución sobre la admisión a trámite de la solicitud de asilo por el Ministerio del Interior, que dispone de cuatro días para dictarla.
En su decisión la jueza no ha tenido en cuenta la opinión formulada por ACNUR, que entiende que “mantener la privación de libertad y continuar trámites dirigidos a la expulsión de un solicitante de asilo no iría en línea” de la Ley de Asilo y del artículo 33.1 de la Convención de Ginebra. Para ACNUR, los demandantes de asilo en frontera (como quienes lo solicitan en el puerto o en comisaría) deben permanecer en “dependencias habilitadas al efecto” hasta que su solicitud sea admitida o no a trámite, sin que pueda tratarse “en ningún caso” un CIE por tratarse de establecimientos destinados “exclusivamente” a “garantizar la expulsión o devolución de una persona en situación irregular en virtud de expediente administrativo”.
No es la primera vez que la policía y los jueces interpretan que un CIE es un lugar adecuado para que el demandante de asilo espere un primer pronunciamiento. “No es normal, pero se hace con frecuencia”, explica Guillermo Jiménez, diputado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Málaga. “Muy a nuestro pesar la policía considera que un lugar ”habilitado“ puede ser un CIE”, lamenta José Luis Rodríguez Candela, abogado Málaga Acoge, que entiende que “si la ley quisiera esto, lo hubiera dicho”.
El aeropuerto de Málaga dispone de instalaciones “habilitadas” en las que, según Rodríguez Candela, deberían esperar los solicitantes de asilo mientras se admite o no a trámite su petición. En su lugar, esperarán en los CIE de Tarifa y Algeciras, saturados y en condiciones precarias según denunció el pasado enero la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Algeciras.
Este miércoles los juzgados decidirán si envían a centros de internamiento al resto de los 155 migrantes que llegaron al puerto de Málaga este domingo. Con los de Algeciras y Tarifa saturados, la Policía ha pedido su traslado a otros centros fuera de Andalucía.