Si 2011 fue el año de las protestas ciudadanas, 2013 bien podría terminar siendo el año de las leyes antiprotesta ciudadanas. La dirección autoritaria que han tomado en este ámbito países como España, Reino Unido y Canadá amenaza la democracia, según el diario The Guardian. Estas nuevas leyes, que criminalizan las iniciativas de protesta que se desmarcan de las oficiales, coinciden en el tiempo y en buena parte de su contenido con leyes similares en países abiertamente represivos, como Egipto o Bahréin.
Leyes que amenazan la democracia
Del mismo modo en que las movilizaciones en Oriente Medio y Norte de África sirvieron de inspiración a buena parte de la ciudadanía de países como España o Estados Unidos, las medidas de corte autoritario que limitan los movimientos ciudadanos también parecen replicarse entre Gobiernos de corte democrático y dictatorial. Salvando todas las distancias necesarias, es innegable que la tendencia a restringir los movimientos de la ciudadanía es global y apunta a un alarmante triunfo del autoritarismo en la relación entre gobernantes y gobernados.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana anunciado en noviembre por el Ministerio de Interior español, que recoge como “falta muy grave” los escraches y las concentraciones no comunicados, ha sido definido por el Consejo de Europa como “muy problemático”. Así lo ha manifestado el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, que duda de la “necesidad de las restricciones planteadas en una sociedad democrática”. Según Amnistía Internacional, la ley “ampliaría aún más los poderes discrecionales de la policía”.
Igualmente antidemocrática resulta la Ley 78 de la Asamblea Nacional de Quebec, que, acogiéndose al estado de emergencia, restringe el derecho de manifestación en entornos cercanos a las universidades. La ley ha sido condenada por la Asociación de Derechos Humanos de Quebec y calificada por la Asociación Canadiense de Profesores Universitarios como “un acto de represión masiva” y una violación fundamental de la libertad de asociación, reunión, y expresión“.
En Reino Unido, una nueva regulación del uso del espacio público también podría conllevar en la práctica la restricción de las protestas. La Ley Gubernamental Contra el Comportamiento AntiSocial, que ha sido presentada ante el Parlamento, permitiría a los ayuntamientos, en consulta con la policía, restringir “cualquier actividad perjudicial para la calidad de vida de los habitantes de la localidad”. Para grupos de derechos humanos como el Manifesto Club, “la ley es tan abierta e imprecisa que podría permitir a los ayuntamientos prohibir protestas, reuniones en los espacios públicos e incluso actividades juveniles como el skate.
Egipto, Bahréin, México: las últimas incorporaciones
Aunque el historial de violaciones de los derechos humanos de Bahréin es de sobra conocido, la monarquía de los al-Khalifa dio en julio de 2013 un paso más en la represión de la expresión ciudadana. Anticipándose a las movilizaciones organizadas para el 14 de agosto, el régimen implementó unas semanas antes cambios en la Ley de Protección frente a Actos de Terrorismo.
Entre las reformas están el aumento de los periodos de detención y la posibilidad de revocar la ciudadanía a cualquiera que se considere culpable “de incitar al terrorismo”. Además, proporcionan el marco legal para prohibir sentadas, marchas y reuniones en la capital, Manama. Ante estas restricciones, se ha manifestado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicó el 6 de agosto un llamamiento al Gobierno de Bahréin instándole a respetar el derecho de libertad de expresión y asociación.
Bajo este paraguas, se ha justificado en los últimos meses el recrudecimiento de la represión contra manifestantes y activistas. Una represión que va en aumento en el Gobierno de los al-Khalifa, conocido por la detención y tortura sistemática de disidentes como los reconocidos Abdulhadi al-Khawaja y Nabeel Rajab.
Tampoco sorprenden las medidas dirigidas a silenciar las expresiones de descontento en Egipto, donde el Gobierno del coronel Abdul Fatah al-Sisi, que accedió al poder mediante un golpe de estado en julio de 2013, se esfuerza en legitimarse reprimiendo cualquier forma de oposición. El 24 de noviembre, el presidente interino Adli Mansour ratificó un texto que obliga a los organizadores de cualquier manifestación a notificar el itinerario, duración y propósito de la protesta con 24 horas de antelación. En función de estos datos, el Ministerio de Interior decidirá si concede o deniega el permiso. Al-Sisi blinda así su Gobierno con nuevas restricciones de las expresiones de protesta, lo que para muchos activistas egipcios representa una nueva manifestación del autoritarismo contra el que tomaron las plazas y calles del país en enero de 2011.
Siguiendo la línea de los países anteriores, en México se aprobó en diciembre una ley que permitirá restringir las protestas en la capital del país. Según Amnistía Internacional (AI), la ley establece un marco legal que no garantiza el derecho a la protesta pacífica. Más de 70 organizaciones, incluida la propia AI, protestaron contra esta nueva regulación, asegurando que viola la Constitución mexicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En todos los países donde se han anunciado nuevas restricciones a la libertad de expresión y asociación, la reacción popular ha sido masiva, demostrando una vez más que la represión difícilmente podrá controlar las expresiones de descontento de la ciudadanía. Unas expresiones que probablemente irán en aumento cuanto mayores sean los intentos de silenciarlas.
Es obvio que las repercusiones de la desobediencia civil son muy distintas en países como España, México o Bahréin, y es importante incidir en ello, pero también es necesario plantearse qué mensaje envían leyes como la española de Seguridad Ciudadana o la Ley 78 de Quebec a Gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos.
El hecho de que países con un historial democrático como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido promuevan recortes en derechos y libertades fundamentales, sólo puede servir para dar alas a quienes nunca han mostrado respeto por esos mismos derechos y libertades. No parece lógico esperar que estos emprendan el camino contrario, mientras la libertad de expresión y asociación pierde terreno globalmente.