“Estamos hundidos. Lo estamos pasando mal sin trabajo desde hace seis meses… Tenemos casas, niños, padres…”, clama uno de los portavoces de los alrededor de 8.500 trabajadores transfronterizos marroquíes que siguen sin poder acceder a Ceuta (3.500) y a Melilla (5.000) para ocupar sus empleos desde que Marruecos cerró las fronteras el 13 de marzo por la COVID-19.
Estos miles de personas que cruzaban diariamente las fronteras con Ceuta y Melilla para trabajar se muestran desesperados después de seis meses sin recibir ninguna ayuda económica de las administraciones. “Las empresas españolas han presentado ERTE y han metido a los trabajadores transfronterizos, pero los que son residentes en Melilla o el resto de España sí cobran y nosotros, los fronterizos, no. Tenemos los mismos deberes, pero derechos distintos”, explica a elDiario.es Mustapha M.
Este ciudadano de Nador vive en Beni Ensar y cada día cruza a Melilla para trabajar. Es empleado con un contrato indefinido en una empresa española de transportes desde hace 15 años. Sin embargo, lleva seis meses sin acudir a su puesto de trabajo por el cierre de la frontera y sin recibir prestaciones ni de España ni de Marruecos. “No estamos cobrando nada, aunque la empresa nos tiene metidos en el ERTE. Mi vida personal es un desastre. Tengo cuatro hijos, mi mujer consume más medicamentos que alimentos, soy la única gota que gotea en toda la casa y estoy parado”, lamenta Mustapha.
Dentro del sector de trabajadores transfronterizos, las mujeres empleadas del hogar son las más desfavorecidas “en algunos casos con un contrato de dos horas, trabajan hasta ocho horas, y reciben un sueldo de miseria. Imagínate cuántos años tiene que trabajar esta señora para que llegue al mínimo de cotización para poder llegar a la jubilación”, pregunta Mustapha.
Además temen ser sustituidas en sus puestos después de tantos meses de ausencia. “Mi señora no va a esperar toda la vida. Ella me ayuda desde Melilla. Si ella no me manda dinero me voy a morir de hambre. Es como una familia para mí”, afirma a elDiario.es Fátima Khatta, representante del sector doméstico en la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT).
Es cierto que “el 5% de los empresarios ayuda a los trabajadores, pero van a dejarlo a hacer porque ya son seis meses”, advierte Marouan Chakib, secretario regional de UMT en Tetuán.
Al otro lado de la frontera, en Melilla, los trabajadores transfronterizos tampoco lo están pasando bien. Desde allí, Moha, separado por la frontera de sus dos hijas pequeñas y su esposa, denuncia que “los empresarios se están aprovechando de la situación”.
Este confitero de 34 años trabaja en Melilla desde 2004, y actualmente está haciendo los turnos de sus otros dos compañeros pasteleros marroquíes que no han podido entrar a la ciudad española. “No descanso ningún día. Como estás atrapado te dan más horas; pero trabajo dos y me pagan una”, sentencia.
“Tres artículos de la ley de extranjería vulneran los derechos de los trabajadores”
Con la COVID-19 y el cierre de las fronteras queda en evidencia una situación de discriminación laboral. Los trabajadores transfronterizos no solo no cobran los ERTEs desde que cerraron las fronteras y se quedaron sin empleo, sino que no tienen derecho a ayudas por desempleo ni a la devolución del 24% de impuestos que pagan de sus nóminas.
“Tres artículos de la ley de extranjería de 2011 (182, 183 y 184) vulneran los derechos de los trabajadores y la ley de derecho internacional, y no se les puede aplicar ningún convenio a estos trabajadores”, según explica Abderramán El Fahsi, secretario general de UGT-FICA Melilla.
El artículo 184 establece que la validez de la autorización para que un ciudadano marroquí trabaje en las ciudades autónomas está sujeta al empresario con el límite de tres meses al año. De tal manera que los empleados no están encuadrados en ninguna actividad en concreto y por lo tanto no se les puede aplicar los convenios colectivos correspondientes.
Ateniéndose el artículo 183, para la obtención de la autorización de trabajo, los requisitos son los mismos que para un visado de residencia y trabajo. Tanto los empleados extranjeros con permiso de trabajo y residencia como los trabajadores transfronterizos tienen las mismas obligaciones y pagan sus impuestos, pero estos últimos no tienen derecho a estar registrados en las oficinas del INEM. Se quedan sin el derecho al desempleo y son excluidos del sistema de jubilación de la Seguridad Social, al no tener los quince años cotizados.
Para El Fahsi, “la ley de extranjería debería ser igual en Valencia, que en Tarragona, que en cualquier comunidad autónoma de España. Si un extranjero aporta un contrato y un certificado de un oficio de difícil cobertura tiene que dársele el derecho de residir. No sabes cómo defender al trabajador transfronterizo porque no lo pueden encuadrar en ningún convenio, es excepcional”.
La Agencia Tributaria no establece la definición de residente o no residente, sino que sigue los criterios que establezca Extranjería. Sin embargo, el ministerio de Hacienda explica a elDiario.es que “los trabajadores transfronterizos tributan como no residentes. Es decir, no se les aplica el IRPF porque no son residentes, sino el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Esto conlleva tributar por las reglas de ese impuesto, lo que supone tributar conforme a una escala fija por cada tipo de renta. En este caso renta del trabajo al 24%”.
La desesperación lleva a intentar alcanzar España de manera irregular
Ante la discriminación de la ley española, que no les permite recibir prestaciones de desempleo a pesar de cotizar, el colectivo de transfronterizos ha pedido ayuda al gobierno central marroquí en algunas ocasiones, pero aseguran que “Marruecos sabe poco de nosotros. Nos hemos encontrado con anteriores ministros de Asuntos Exteriores, pero el problema hay que resolverlo en España porque Marruecos dice que no reconoce Ceuta y Melilla”, explica Mustapha.
En España, la confederación de empresarios de Melilla CEME-CEOE ha mantenido varias reuniones con la Delegada del Gobierno de la ciudad sobre este tema, pero de momento no tienen ni respuestas ni soluciones desde el Gobierno de España.
“Somos consciente del problema económico y social que están viviendo los trabajadores en Marruecos. También es cierto que muchas empresas de Melilla están mandándoles dinero y han tenido que contratar a otros trabajadores para poder cubrir esos trabajos en las diferentes empresas, con el perjuicio económico que ocasiona estando de altas en las empresas y pagando los seguros sociales a dos trabajadores para un mismo puesto de trabajo”, confirma Enrique Alcoba, presidente de CEME-CEOE
Así mismo, el empresario solicita a Madrid y a Rabat que “como parece ser, que el cierre de la frontera se va alargar algún tiempo, confiamos que tanto España y Marruecos busquen una solución para todos estos trabajadores y empresas que no hay nada legislado sobre este tema”.
También, desde Tetuán, Chakib alza la voz para pedir “al gobierno de Pedro Sánchez que se les de una ayuda a los trabajos que está la cosa muy mal, llevamos seis meses sin trabajar; y que tengan los mismos derechos que cualquier trabajador extranjero en el resto de España”.
El futuro es tan incierto que ha llevado a algunos ciudadanos a intentar alcanzar España de manera irregular, nos explica uno de los transfronterizos desde Nador.
-Si la cosa sigue así no nos quedará otra que entrar ilegal a Melilla, ya que no tendríamos otra opción.
-¿Cómo?
-Nadando. Muchos de nuestros vecinos que están en Melilla han entrado por el agua.