El lunes 22 de agosto las aguas del canal de la Mancha estaban especialmente tranquilas. Las condiciones meteorológicas favorecieron que se superase el récord histórico de llegadas al Reino Unido desde la costa francesa en un solo día: las autoridades británicas contabilizaron 1.295 migrantes, que atravesaron el mar en 27 embarcaciones improvisadas. Se trata de un medio de transporte apenas utilizado hace cuatro años (en 2018, solo 299 personas llegaron por mar), pero que se ha convertido en una de las principales vías de acceso a la isla.
Agosto y septiembre registraron varias jornadas en las que más de un millar de personas lograron recorrer los 30 kilómetros que separan los litorales de Francia e Inglaterra. El balance en lo que va de año es de más de 33.000 llegadas, según las cifras del ministerio de Defensa británico publicadas a principios de octubre. La cifra supera ya los 28.526 cruces registrados en 2021 y supone un notable aumento respecto a las 8.404 entradas contabilizadas en 2020.
Desde finales de los 90, la mayoría de migrantes en dirección al Reino Unido llegaban a través del Eurotúnel, ocultos en trenes o en la parte trasera de camiones. Sin embargo, en los últimos años, a petición de las autoridades británicas, se han reforzado los controles en este punto de acceso. Después de que unas 2.000 personas intentaron cruzar el túnel a pie en julio de 2015, las autoridades decidieron acelerar la construcción de vallas de alambre de espino y la instalación de cámaras de vigilancia.
Como resultado, el acceso a través del Eurotúnel es mucho más complicado y la vía marítima está ganando peso. De los 16.000 migrantes que alcanzaron suelo británico en 2019, solo el 10% de ellos lo hizo por mar. El año siguiente, casi la mitad llegó en barco. “La militarización del litoral norte provoca que se asuman más riesgos, incluso con salidas más tempranas en el año, a pesar de los vientos violentos y el mar frío y agitado”, explica Marguerite Combes, coordinadora de la ONG Utopia 56 en Calais. “Antes los barcos partían de Sangatte, a 37 km de la costa inglesa, pero ahora vemos que algunas salidas son casi desde la bahía del Somme, lo que supone más de 60 km de mar a cruzar en condiciones extremadamente peligrosas”, indica.
Según los registros de las ONG, al menos 355 personas han muerto en la frontera marítima entre Francia, Bélgica y el Reino Unido desde 1999. 31 de ellas fallecieron en un solo día, tras el naufragio del 24 de noviembre de 2021. “Todos estos migrantes han sufrido muertes violentas que están directamente relacionadas con la externalización de los controles migratorios británicos en suelo francés (atropellos al intentar cruzar, accidentes en los campamentos, naufragios, etc)”, explica Arnaud Banos, geógrafo y director de investigación en el laboratorio UMR IDEES y en el Instituto de Convergencias Migratorias de la Universidad de Le Havre en Normandía.
El investigador señala que, desde los años ochenta, los acuerdos firmados entre Francia y Reino Unido han hecho que la frontera británica se traslade de facto a suelo francés. “Esa externalización de la frontera se traduce en la prohibición de acceso a rutas de tránsito 'clásicas' y más seguras, y en la lucha de las autoridades francesas contra la presencia de migrantes irregulares en la costa”, apunta Banos.
El litoral, especialmente en la zona de Calais, ha aumentado el refuerzo de la seguridad para impedir que los inmigrantes puedan acceder a territorio británico. “Cuando se cierran ciertas vías, los dispositivos de seguridad no impiden el cruce, simplemente se tienen que abrir nuevos caminos, a menudo más largos y/o más peligrosos”, resume Camille Martel, también investigadora en el laboratorio UMR IDEES y la Universidad de Le Havre en Normandía. “Y esa estrategia de lucha contra la inmigración en tierra firme repercute en la capacidad de proteger la vida en el mar”, explica.
Políticas más duras
En Londres, el reciente cambio de Gobierno ha venido acompañado de un aumento en la retórica contra la inmigración irregular. La nueva ministra del Interior, Suella Braverman, afirmó esta semana en un discurso ante el congreso del partido conservador que le gustaría impedir que los migrantes que crucen el canal soliciten asilo en Reino Unido. Sus declaraciones fueron inmediatamente señaladas por las ONG como una violación de múltiples convenios internacionales. Desde 2018, las personas que cruzan el canal de la Mancha proceden principalmente de Irán, Irak, Eritrea, Siria y Afganistán, cinco países con un alto porcentaje de concesión de la protección internacional.
En el lado francés, una comisión parlamentaria presentó a finales del año pasado las conclusiones de una investigación de ocho meses, con audiencias y misiones sobre el terreno (incluida una visita a Calais). El documento supone una radiografía de los flujos migratorios en Francia. En el caso de la costa norte, los diputados daban la voz de alarma sobre “el alcance de las violaciones de los derechos de los migrantes” y el fracaso de la estrategia de “lucha contra los puntos de fijación”; desde la destrucción en 2016 del gran asentamiento provisional de inmigrantes que se había formado en Calais, la policía francesa. desmantela periódicamente los pequeños campamentos de inmigrantes que se forman en la región, para evitar una nueva concentración.
“Ni siquiera las condiciones de acogida más indignas y las condiciones de paso más peligrosas disuaden a la gente”, resume el texto que elaboraron los diputados. Además, señalan el elevado coste de este planteamiento, en términos de movilización de agentes de policía y de seguridad de las infraestructuras, y consideran que Reino Unido no asume suficiente carga. En su lugar la comisión recomendaba la creación de “pequeñas unidades de ayuda a lo largo de la costa” para ofrecer asistencia básica a las personas en tránsito.
Denuncias de las ONG
Aunque la relatora de la citada comisión era Sonia Krimi, entonces diputada del partido de Emmanuel Macron (perdió su escaño en las últimas legislativas), sus conclusiones y recomendaciones son totalmente opuestas a la actual acción del Gobierno, pilotada por el ministro del Interior, Gerald Darmanin, que representa el ala más conservadora del Gobierno. Por ejemplo, el informe defendía la creación de canales de migración legal para “hacer más fluidos los viajes y reducir la influencia de las mafias”, además de denunciar “el miedo irracional que transmite el debate público” y el tratamiento “cada vez más policia” de la cuestión. Darmanin, por su parte, defiende una aceleración de las expulsiones y de acortar el periodo de resolución de las solicitudes de asilo.
En Francia, Interior tiene competencia exclusiva en materia de inmigración desde 2007, lo que favorece ese tratamiento policial y complica la colaboración de otros ministerios, como Asuntos Exteriores, Trabajo y Sanidad. En muchas ocasiones, también hace más difícil el diálogo con las asociaciones, que tratan de asistir a los migrantes sobre el terreno. Este mes, 13 ONG denuncian las dificultades que las autoridades les plantean en sus distribuciones de comida y agua.
“Desde principios de 2022, en la región de Calais, la Policía ha intentado impedir más de 20 veces nuestras distribuciones, tanto física como verbalmente”, explican las asociaciones en un comunicado. “Eso no es todo: también han multado con más de 1.500 euros a nuestros vehículos y nuestros voluntarios han sido sometidos a cientos de controles de identidad en el desarrollo de sus actividades, simplemente por proporcionar alimentos y agua a personas necesitadas”, aseguran.