Lázaro y su familia viven con miedo. “Mi madre se está muriendo poco a poco porque no sabemos cómo está, no sabemos la insulina que necesita, no sabemos nada. Solo que cada vez está peor”, explica con impotencia. Lourdes, sufre diabetes, hipertensión, osteoporosis y unos dolores que aumentan cada día. No está segura de que su medicación sea la adecuada pero parece que de momento un médico tampoco va a solucionar su preocupación. Aunque reside de forma legal en España, le han negado el acceso a la sanidad pública, y casi no le ofrecen posibilidades para asegurarse en la privada: tiene 71 años, tres enfermedades y muy baja rentabilidad para un sistema de pago.
Lázaro es cubano, llegó a España como refugiado y, por tanto, tiene permiso de residencia. Sus padres, Lourdes e Hilario, llegaron reagrupados en febrero de este año. Ambos han solicitado la tarjeta sanitaria en oficinas de la Seguridad Social en cuatro ocasiones, y en cada una de ellas se les ha rechazado, según denuncian desde Médicos del Mundo. La razón: la reforma sanitaria del Gobierno no solo excluye a inmigrantes en situación irregular, también rechaza a personas que han obtenido un permiso de residencia no laboral después del 24 de abril de 2012.
Estas características apuntan a los padres de inmigrantes que han llegado por reagrupación familiar como principales víctimas de esta forma de exclusión casi invisible. Dada su edad, no solo no pueden trabajar, sino que verán muy difícil encontrar un seguro médico privado a un precio asequible. “Se trata de una de las formas de exclusión más agresivas, les dejan en la estacada”, señala Verónica García, activista del colectivo Yo Sí, Sanidad Universal.
En ningún momento fueron informados de que no iban a tener cobertura sanitaria cuando solicitaron la reagrupación familiar. “Nunca nos avisaron de nada. Aunque verdaderamente no tenía opción de dejarles en Cuba. Allí estaban solos y mi madre necesitaba que la cuidásemos; lo que no sabía es que no iba a poder hacerlo en España”, lamenta Lázaro.
Su rostro no está envejecido pero refleja cansancio y mucho dolor. Lourdes intenta ser amable, pero está agotada. Tiene 71 años y padece diabetes, osteoporosis, dolores intensos de huesos e hipertensión arterial. Necesita a diario insulina, metformina, calmantes y relajantes musculares, entre otros. Un gran botiquín que eleva el coste mensual a más de 100 euros, un precio excesivo para una casa de seis habitantes con un ingreso fijo de 460 euros al mes. No tiene medidor de glucosa, necesario para controlar las subidas y bajadas de azúcar en sangre, por lo que el suministro de insulina se lo hace ella misma sin saber la cantidad exacta que debe inyectarse.
La primera vez que acudieron a urgencias fue atendida, aunque todo gracias a una pequeña mentira fruto de la desesperación de su hijo. “Tuve que decir que se me había olvidado la tarjeta sanitaria en casa, y funcionó. Le inyectaron insulina y le hicieron unos análisis”, reconoce. La segunda vez que los dolores obligaron a Lourdes a acudir al hospital no fue posible recibir asistencia: les derivaron a una clínica privada cuyo coste es de 65 euros por consulta, al que se suman otros 400 para su seguimiento, junto con el precio de los análisis y las pruebas... “El único dinero que entra en casa es el salario de mi hijo, que no llega a los 500 euros”, dice Lourdes. “¿Qué vamos a hacer entonces?”
Sus hijos se pusieron en marcha, no iban a permitir que su madre fuese ignorada de tal forma. Estaban dispuestos a pagar otro seguro médico privado; ya encontrarían la forma de financiarlo. No obstante, los precios eran inalcanzables. “La oferta que me hicieron es casi hiriente. Dicen que con 71 años no pueden asegurarla pero lo harían a cambio de incluir a cuatro personas más menores de 35 años por 600 euros”.
“Estamos viviendo de la solidaridad, si no..., no sé cómo llegaríamos”, lamenta Lázaro. La familia de su mujer y algunos conocidos están siendo un gran sustento para ellos. Cuando algunos amigos viajan a Cuba, les traen las medicinas que en España no pueden comprar. Allí son más baratas. La situación está derivando en la automedicación de Lourdes. “Empecé a tomar unas pastillas que me regaló una amiga, pero no sé si me van bien”, llega a reconocer. No nota mejoría con ninguna de la medicación que toma. “El otro día leí en un prospecto que, si tomo una medicina y no noto nada, tendría que visitar a mi médico... ¿A qué médico?”, se pregunta.
Cada día, cuenta su familia, Lourdes está un poco peor que el anterior. “No me encuentro bien, siempre estoy malita. Tengo muchos dolores, desde la cabeza hasta los dedos de los pies... Estoy muy malita todos los días”, lamenta. Está preocupada. Los que la quieren aseguran que la batalla por encontrar un médico de cabecera le está pasando una factura mayor de la que ya le cobran sus enfermedades. “Está bastante deprimida”, dice Hilario, mientras su mujer se limpia de nuevo los ojos con un pañuelo que no separa de sus manos.
“¿Cómo se va a sentir hacia esta indiferencia? Se siente desamparada”, salta Lázaro, inundado en rabia. Con palabras más calmadas, casi sin fuerzas, Lourdes responde. “Se me quitan las ganas de vivir...”. De nuevo arrastra rápidamente su mano hacia sus ojos, pero un pañuelo no es suficiente para cubrir todo su rostro. Rompe a llorar. Sufre al sentirse como una víctima. Ella es fuerte, siempre lo fue, dicen los tres familiares que la rodean. “Con lo que era ella..., siempre activa, siempre feliz, y dando comida a todo aquel que lo necesitaba... No paraba quieta”, se apresura a decir uno de sus hijos para intentar arrancar la sonrisa de su madre. Y los dientes se asoman, aunque de forma tímida, como si reír también doliese.
“Nadie puede imaginar cómo es ver a tu madre morir en vida y no poder hacer nada. Que a nadie le importe. Uno siente impotencia. Solo queremos que un médico le haga un seguimiento. ¿Es eso tan caro para el Estado?”, dice Lázaro mientras su madre le mira y sus ojos vuelven a humedecerse.