La vida de María Felicita López está en constante riesgo. Como mujer indígena y defensora de la tierra y de los derechos humanos en Honduras, uno de los lugares más peligrosos del mundo para el activismo ambiental, se enfrenta a las amenazas y ataques de empresas extractivas e hidroeléctricas y de las fuerzas de seguridad del país, además de ser objeto de campañas de difamación que desacreditan su trabajo. Tiene 35 años y lleva más de una década defendiendo el territorio y los recursos naturales del pueblo lenca, el grupo étnico al que pertenece, y no piensa dejar de hacerlo a pesar de las dificultades.
“Mientras tenga salud y mis ancestros me guarden, seguiré luchando por los derechos humanos, por los de las mujeres y las nuevas generaciones, por la justicia y dignidad del pueblo lenca”, dice en conversación con elDiario.es durante su visita en España tras participar en una charla organizada por las ONG Entreculturas y Alboan.
Su situación, al igual que la del resto de ambientalistas en el país centroamericano, se agravó a partir del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, cuando se profundizó el modelo extractivista con la aprobación de numerosas concesiones hidroeléctricas, mineras y madereras, explica López, integrante de la Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de La Paz en Honduras (Acilpazh). “En el país hay cerca de 550 proyectos de extractivismo que han sido otorgados en territorios indígenas y campesinos sin una consulta previa e informada, violentando así nuestros títulos ancestrales y la autonomía de las comunidades indígenas”, señala la activista, pese a que Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho de estos pueblos a decidir sus propias prioridades en cuanto al proceso de desarrollo. “Es un poder enorme el que ejerce el Estado y los Gobiernos”, lamenta.
En los últimos años los ambientalistas en Honduras han sido víctimas de la criminalización —que a menudo incluye coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal de tierras—, de la persecución, desaparición y desplazamiento forzado, además de asesinatos. Y en ese sentido, asegura López, las mujeres son quienes se llevan la peor parte, ya que normalmente son ellas quienes tienen roles de liderazgo en la organización y defensoría de los derechos ambientales y colectivos.
“Exponemos nuestras vidas y las de nuestras familias. Somos las que estamos más en riesgo, las encargadas de usar el agua que en muchas ocasiones contaminan, las que estamos en el hogar y las que nos enfrentamos al poder que ejerce el cuerpo represivo de la policía y al sicariato empresarial que opera dentro de nuestro territorio”, sostiene. Las mujeres, además, también se enfrentan a la revictimización cuando buscan protección y acceso a la justicia.
Una violencia constante
En realidad la vida de López ha estado llena de obstáculos desde que era pequeña. Creció en la comunidad indígena de San Isidro del Volcán, al suroeste del país, donde las condiciones de pobreza y precariedad la obligaron a marcharse con tan solo 12 años a Tegucigalpa para trabajar como empleada doméstica. En la capital sufrió “violencia y discriminación”, aunque al mismo tiempo, relata, tuvo “oportunidad de estudiar en una escuela nocturna” en la que aprendió a leer y escribir. Después de unos años, volvió a su pueblo, donde se convirtió en madre de cuatro hijos. También ahí, en su propia casa, sufrió violencia de género por parte de su pareja.
Desde que comenzó su lucha como ambientalista, ha temido muchas veces por su vida y, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en 2016 por las continuas amenazas que recibía, los riesgos, asegura, “no han disminuido”. Y así lo confirman los datos de la ONG Global Witness, que cifra en 117 los asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente cometidos entre 2012 y 2021 en Honduras.
Uno de los crímenes que conmocionó a este país acostumbrado a la violencia fue el de la líder indígena lenca y activista feminista Berta Cáceres, que fue asesinada a balazos en marzo de 2016 por su intensa lucha contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, a pesar de que la CIDH había obligado al Estado a otorgarle protección policial. Desde entonces ocho personas han sido condenadas por el crimen, pero su familia y la organización a la que pertenecía la destacada ambientalista aún siguen reclamando que los autores intelectuales y todas las personas involucradas sean enjuiciadas y castigadas.
“No es justo que se sigan cometiendo estos crímenes y que los actores intelectuales sigan quedando en la impunidad”, dice López, que asegura que Berta Cáceres se ha convertido en “una semilla de lucha, resistencia y rebeldía para seguir luchando por el territorio, la dignidad y la justicia del pueblo lenca”. “Su espíritu sigue vivo y, si sus asesinos pensaron que matándola iban a terminar con la lucha del pueblo lenca, se equivocaron, porque seguimos organizados, fortaleciendo nuestras comunidades y manteniendo la bandera de lucha por nuestro territorio”.
Nuevo Gobierno y pocos cambios
En marzo de 2022, Xiomara Castro, del partido de izquierdas Libertad y Refundación, asumió la presidencia de Honduras poniendo fin a los ocho años de Gobierno conservador de Juan Orlando Hernández, señalado por fiscales estadounidenses por su presunta vinculación con el narcotráfico. “Recibo un país en bancarrota después de doce años de dictadura”, dijo en su primer discurso a la nación en referencia al Ejecutivo de Hernández y al del también conservador Porfirio Lobo, que se convirtió en presidente en 2010 tras el golpe de Estado a Zelaya —marido de Castro—.
Castro no se equivocaba, pues heredó un país donde la pobreza afecta al 70% de su población, con unos altos índices de corrupción y crimen organizado, y una institucionalidad debilitada, además de registrar la mayor tasa de feminicidios de América Latina. En ese mismo discurso, la presidenta dijo que no fallaría a las mujeres y también prometió justicia para Berta Cáceres y otros líderes ambientalistas asesinados y, sin embargo, un año después, la situación de violencia que enfrentan tanto las mujeres como los activistas sigue siendo alarmante.
López se muestra decepcionada con los escasos avances que ha habido en ese sentido y asegura que los resultados con este nuevo Gobierno “no han sido los esperados, porque ni los asesinatos, ni la persecución ni la criminalización han cesado” contra los ambientalistas. Aún así, la activista confía en que Castro, la primera mujer en asumir las riendas del país, pueda llevar a cabo cambios profundos en los próximos tres años: “Sabemos que para la presidenta no va a ser fácil desmontar el narcogobierno del que veníamos, ni los altos índices de corrupción y de impunidad, pero tenemos una esperanza de cambio”, insiste.
“A pesar de que tenemos un sistema judicial débil, una Corte Suprema de Justicia que ha estado confabulada con los interese privados de las empresas y pese a que la Fiscalía Especial de Etnias que hay en Honduras no tiene los recursos económicos necesarios ni equipo de investigación para dar respuesta a nuestras denuncias, vamos a seguir defendiendo el territorio y a seguir luchando por la igualdad de género”, concluye López.