El Gobierno no frenará las devoluciones en caliente hasta que Estrasburgo confirme su ilegalidad

El Gobierno no retirará el recurso que interpuso el Ejecutivo del PP contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente y aguardará al fallo definitivo, previsto para septiembre, antes de tomar una decisión sobre estas prácticas.

“Esperemos a esa resolución”, ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista con Efe en la que subraya que estas cuestiones jurídicas “no son blanco o negro, sino que son mucho más complejas de lo que parece”.

Fue en octubre pasado cuando el Tribunal de Estrasburgo consideró que España había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolver a Marruecos a dos inmigrantes que habían superado de manera irregular la valla de Melilla sin haberles identificado, por lo que debía indemnizarles con 5.000 euros. Ahora, la Gran Sala de 17 jueces de la Corte europea debe resolver el recurso del Gobierno del PP que fue admitido a trámite en enero y que, afirma el ministro, “no se ha retirado”. Porque la política migratoria, insiste, es una cuestión de toda la Unión Europea y, por ello, España debe actuar de común acuerdo con ella.

Grande-Marlaska niega tajantemente que estemos ante una nueva crisis de cayucos ni que haya un colapso por el incremento del número de llegadas de inmigrantes a nuestras costas en los siete primeros meses del año, en los que ya se han superado las contabilizadas en todo 2017 con casi 23.000. Y es que este aumento era “absolutamente previsible” ante los cierres de las rutas del Mediterráneo oriental y central de los últimos tiempos. “Es lo que se llama el efecto globo, cuando el aire no sale por un sitio, sale por otro”, explica.

Por eso opina que “no hay que alarmar a la gente porque no estamos en ninguna circunstancia caótica. Lo que pasa es que el Gobierno anterior no lo previó o por lo menos no dio muestras de haberlo previsto adoptando las medidas precisas y necesarias”. De ahí que recrimine determinadas “conductas y actitudes” que ahora ven como preocupante lo que antes no parecía serlo, pese a que en 2017 el número de llegadas se había disparado un 170 % respecto a 2016.

El responsable de Interior considera que la migración es una cuestión de Estado y por eso le “preocupa” que los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, hayan hecho de ella una “batalla electoral” en lugar de tratar de aportar una solución. No obstante, no teme que sus declaraciones puedan fomentar un discurso xenófobo entre la sociedad española como ha ocurrido en otros estados europeos porque el nuestro es “un país de gente muy solidaria”. “Miedo no tengo, no va en mi agenda, pero no me parece razonable ni leal con el Gobierno ese comportamiento”, zanja.

La que sí valora es la actitud de Marruecos, “un socio fiable desde hace muchos años” y de quien espera que ese sentimiento sea recíproco. Marruecos, un país que Pedro Sánchez visitará “en breve”, es “un socio importante y relevante desde siempre para España”, argumenta.

Su apuesta en materia migratoria pasa por el trabajo con los países de tránsito y también por un “control serio y seguro” de los flujos respetando los derechos fundamentales, y en ello los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) siguen siendo “algo necesario y un requisito” legal que además está sometido a la autoridad judicial. Cuestión distinta es, prosigue Grande-Marlaska, que las condiciones y la situación en la que se encuentran sean “mejorables”; su departamento está en la actualidad en un “trámite muy avanzado” de estudio para lograrlo. “Llevamos un mes y medio, pero en breve me puedo comprometer a que habrá resultados en este sentido”, apunta.

También tiene claro que quiere medios “no cruentos pero igual de eficaces” a las concertinas para garantizar la seguridad en las vallas fronterizas; en este aspecto dispone ya de “estudios bastante desarrollados” al respecto y se terminará eligiendo la opción “más razonable en todos los ámbitos”, ya sea de tiempo para su modificación como de presupuesto. Serán medios “fundamentalmente tecnológicos” de detección de “grupos de personas que pueden estar acercándose”, a los que se sumarán la propia valla y la dotación de personal.

Desde su departamento se trabaja además para la mejora de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para adaptarla a las más de 50.000 solicitudes que calcula recibir este año y a la que el Ejecutivo ha reservado más de 300 plazas públicas. “Es algo relevante e importante que se resuelvan en el tiempo oportuno para que la persona conozca su derecho a la protección internacional”, concluye.