Mientras España piensa en cómo cambiar la actual Ley de Extranjería para poder expulsar a los inmigrantes sin tener que identificarlos, auxiliarlos o acogerlos, las Fuerzas Auxiliares marroquíes peinan sin descanso los campamentos de inmigrantes que se extienden por los bosques del monte Gurugú y las colinas que bordean los pueblos de Selouane y Afra, en la provincia de Nador.
El ministro de Interior español hizo referencia a la insistencia de los inmigrantes en permanecer en el monte más cercano a las fronteras de las dos ciudades autónomas españolas. “Ceuta y Melilla son destinos migratorios que las redes ofrecen a los inmigrantes. Alrededor de estas ciudades han formado campamentos improvisados de inmigrantes, pese a que las autoridades marroquíes los desmantelan de forma regular”.
No habló de la violencia empleada, no mencionó a los heridos, no citó los métodos utilizados para estos fines ni sus efectos.
La mayor parte de los más de 1.000 subsaharianos que han estado malviviendo allí durante los últimos meses permanecen escondidos por los alrededores, en cuevas y zonas más escarpadas, o han decidido marcharse por su propio pie hacia lugares más seguros dentro de la misma provincia, tales como Driouch o Tistoutine.
Algunos, como Amine, un joven camerunés, prefieren caminar durante cuatro días para refugiarse en los asentamientos de la ciudad de Oujda, junto a la frontera con Argelia, hasta que la presión policial disminuya: “Allí estaré más seguro y será más fácil encontrar compañeros y comida”.
Amine ha permanecido más de dos años en el monte y asegura haber entrado a Melilla en dos ocasiones y en ambas haber sido expulsado de nuevo a suelo marroquí por la Guardia Civil, a través de una pequeña puerta del sofisticado vallado fronterizo.
Seydou, un adolescente que dejó su Malí natal hace ya casi tres años, asegura que algunos miembros de las fuerzas marroquíes subieron hace semanas al monte para avisar a los subsaharianos de que, si no se iban de allí, iban a ser desalojados por la fuerza durante las batidas: “Es la primera vez que avisan. Normalmente vienen y arrasan con todo durante la noche. Nos persiguen, nos pegan y nos quitan los móviles, las mantas, la comida, todo. A veces disparan e incluso queman los campamentos”, cuenta este maliense que ha decidido permanecer en el bosque, pese al riesgo y las advertencias.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos a ambos lados de la frontera hispano marroquí denuncian la brutalidad con la que se realizan estas razias que por el momento han dejado varios heridos, uno de ellos de gravedad. Aturdido y desorientado, ingresaba en el Hospital Provincial Hassani de Nador un chico con una fractura de mandíbula y varios dientes arrancados de cuajo.
Además, los traslados a Rabat y a otras capitales importantes del sur y centro del reino alauí, lejos de la comarca oriental y de las fronteras con Ceuta y Melilla, podrían ya contarse por cientos, según diversas ONG.
Desde Human Rights Watch (HRW) en Marruecos, aseguran que, desde que a finales de 2013 el Gobierno anunciara una nueva política sobre inmigración y asilo, parecen haber cesado las expulsiones sumarias y salvajes a Argelia.
Ahora, los inmigrantes que son capturados en las redadas son trasladados a Rabat, en su mayoría, o a otras grandes ciudades cercanas, como Casablanca o Kenitra. Una vez allí, algunos son simplemente desprovistos de sus bienes y abandonados a su suerte, como escarmiento por intentar cruzar a España. Y otros, son identificados y se intenta regularizar su situación y permanencia en el país.
Como respuesta a las entradas en España
Las redadas en los asentamientos de subsaharianos en el norte de Marruecos son habituales; de hecho, en épocas de mayor presión migratoria suele haber hasta tres diarias. Pero las macrorredadas nocturnas realizadas de forma orquestada y por la fuerza suelen darse después de un toque de atención a Marruecos por parte de España o de la Unión Europea.
Durante el mes de julio de 2013, tras la visita del rey Juan Carlos I a Rabat, las incursiones contra inmigrantes en el Gurugú y alrededores dejaron cinco muertos, según cifras oficiales, más de 400 heridos y en torno al millar de deportados. Algunas organizaciones llegaron a calificarlo de “genocidio” o “caza al inmigrante”.
En esta ocasión, el uso desproporcionado de la fuerza llega tras los presuntos intentos de entrada de los pasados días 6 y 7 de febrero, en los que 1.400 inmigrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en Melilla, intentaron acceder a Melilla divididos en varios grupos de entre 200 y 600 personas. Y, sobre todo, tras la tentativa de acceder a Ceuta a nado que, en esas mismas fechas, les costó la vida al menos a 15 personas inocentes.
Mientras la representación gubernativa en Melilla denuncia una “intensa, incesante y extrema” presión migratoria sobre el perímetro fronterizo que separa la ciudad autónoma del estado magrebí, organizaciones como Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) denuncian la brutalidad con la que actúan las Fuerzas Auxiliares marroquíes, a las que califican como “los perros de presa de la Unión Europea”.
Para las ONG, las informaciones institucionales que se dan sobre los saltos y sobre el fenómeno migratorio en general, sólo sirven para criminalizar al migrante y para crear en la población un estado de alerta y confusión “innecesario e irreal”.