Los mensajes de Whatsapp sobre la devolución ilegal de menores de Ceuta señalan a Carmen Calvo y Marlaska: “Hemos de inventar un procedimiento”

Los whatsapps intercambiados entre distintos cargos del Gobierno y la exvicepresidenta de Ceuta, procesada por un posible delito de prevaricación por la devolución ilegal de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, apuntan a la implicación de la entonces Vicepresidencia de Carmen Calvo y del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska en la planificación del operativo de retorno. Dicho procedimiento incumplió la normativa establecida por la Ley de Extranjería, según los mensajes presentados al juzgado ceutí que investiga el caso adelantados por El Confidencial y a los que ha tenido acceso elDiario.es.

“Bastaría con una carta a Delegación del Gobierno. Marruecos ha dicho que tienen que volver y hemos de inventarnos el procedimiento. Si solicitáis la devolución ya podemos doblarle la mano a Fiscalía”, le dijo la entonces jefa de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, a la exvicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu, procesada por la devolución de menores. A mediados de julio de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió la salida de Calvo del Ejecutivo, al igual que la de la hasta entonces titular de Exteriores, Arancha González-Laya.

Desde el 19 de mayo de 2021, dos días después del inicio de la entrada irregular de más de 12.000 personas desde Marruecos durante la crisis diplomática hispano-marroquí, hasta el 11 de julio del mismo año, la entonces vicepresidenta ceutí mantuvo contacto constante con Valldecabres, exjefa de gabinete de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Ella era la responsable de la coordinación de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez durante la emergencia surgida en la ciudad autónoma.

Sus conversaciones evidencian la búsqueda por parte del Gobierno central de una fórmula para devolver a los menores llegados durante la crisis, a pesar de los requisitos impuestos en la legislación española, que exigen tener el visto bueno de la Fiscalía. La jefa de Gabinete de Calvo deja constancia de conocer las exigencias especiales establecidas para retornar a menores extranjeros no acompañados desde España, por lo que apuesta por “inventar un procedimiento”.

“Doblarle la mano a la Fiscalía”

“El problema es que los menores no pueden retornar como el resto. El procedimiento exige cautelas que en caso de adultos no se exige. El fiscal está poniendo problemas”, dijo Valldecabres en representación de la vicepresidencia del Gobierno, que ante las peticiones del Ejecutivo local de alcanzar una respuesta para los menores llegados a la ciudad, alojados en precarias condiciones ante la falta de espacios para ellos, descartaba el traslado de los chavales a la península. “No sé qué clase de plan especial podemos hacer para devolverlos a Marruecos y repartir a los recién llegados por la península no es una opción que contemplemos. Hay que intentar que vuelvan”, añade la exjefa de gabinete de Calvo. Más adelante, Valldecabres le indica a Deu una serie de pasos a seguir.

“Interior me insiste en que si hacéis [una] petición desde vuestra entidad para que los menores sean retornados, ellos se ponen a gestionarlo. En cambio el fiscal sigue con su tesis de registro en base a menores extranjeros no acompañados y escolarización”, continúa la entonces jefa de Gabinete de Calvo, quien destaca como un problema las exigencias de la Fiscalía creadas para proteger el interés superior del menor.

Deu, que como consejera de Presidencia del Gobierno de Ceuta tenía atribuida la competencia de protección de menores, pidió por escrito por primera vez el 24 de mayo a la Delegación, a cuya titular correspondía llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado, activar el Acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 2007 que no se había implementado nunca y exige “observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. Durante casi dos meses, Valldecabres insistió a Deu en que se lo reclamase negro sobre blanco a Interior. 

“Interior no puede decir a Marruecos que se lleven a unos niños sin título alguno para ello. No están bajo la tutela de la policía. Están bajo la vuestra y si le dices a Interior que autorizas su entrega a Marruecos, ellos pueden pedirlo”, insiste Valldecabres. “Bastaría con una carta a Delegación del Gobierno porque Marruecos ha dicho que tienen que volver y hemos de inventarnos el procedimiento. Si solicitáis la devolución ya podemos doblarle la mano a Fiscalía”. Desde la entonces vicepresidencia del Gobierno también pedían a Deu realizar “alguna criba” en el listado de menores a devolver: “¿Hay algo más que el nombre? Porque como te digo los mayores de 17, los solicitantes de protección... alguna criba necesitamos”.

Valldecabres declina hacer declaraciones

El rey de Marruecos, Mohamed VI, había dictado “altísimas instrucciones” el 1 de junio para “resolver definitivamente la cuestión de los menores marroquíes no acompañados que se encuentran en situación irregular en algunos países europeos”, pero a la hora de la verdad en Ceuta las autoridades del Reino alauita no facilitaron ni la reagrupación en frontera con sus hijos de cinco familias que sí querían su regreso.

La conversación entre ambas se interrumpe tras los cambios de gobierno que supusieron el cese de Carmen Calvo como vicepresidenta y Arancha González-Laya como ministra de Exteriores. Las labores de coordinación entre el Ejecutivo central y el ceutí pasaron a manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El operativo de devolución empezó el 10 de agosto, un mes después del cese de Carmen Calvo, cuya jefa de Gabinete, ahora al frente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ha declinado hacer ningún tipo de declaración a elDiario.es sobre los hechos de hace dos años.

Como “continuación” de su escrito de mayo, Deu trasladó entonces a la Delegación el “listado global con las filiaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía a los menores extranjeros no acompañados que accedieron masivamente a nuestra ciudad entre los días 17 y 18 de mayo”.

“Reiteramos”, incidió Deu, “como se ha venido solicitando en otras ocasiones, la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, garantizando en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva o su entrega a un servicio de protección, si el interés superior del menor así lo requiere. Quedamos a su disposición para facilitarles cualquier otra información que precisen”.

El secretario general de la Delegación hizo llegar ambos escritos a Interior a las 13:48 horas. En apenas una hora, a las 14:45 horas, la Secretaría Particular del secretario de Estado de Seguridad respondió con un escrito sin firma ni registro “rogando” proceder a “efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos”, pero “respetando en todo momento sus intereses y derechos”.

Imputaciones judiciales

Según la jueza instructora, la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, “prescindiendo a sabiendas total y absolutamente del procedimiento establecido y aprovechando de la disponibilidad que, según la anterior comunicación, las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir a los menores, decidió repatriar por la vía de hecho a los que habían entrado en mayo y aún permanecían en Ceuta”. Por ello, se la considera autora material de un presunto delito de prevaricación y a Deu, cooperadora necesaria.

La jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, advirtió por escrito a Deu de que las repatriaciones debían ceñirse a lo establecido en la Ley de Extranjería y su Reglamento, algo que no se hizo. Al día siguiente, el 11 de agosto, a dos días del inicio efectivo de las expulsiones de 15 menores cada jornada, la frontera del Tarajal acogió un encuentro entre representantes de la Delegación, la Ciudad y autoridades marroquíes en la que la funcionaria “volvió a expresar enérgicamente su oposición comunicando la imposibilidad de continuar adelante con la repatriación sin tramitar procedimiento alguno y sin constatar si concurrían los presupuestos legales habilitantes y, por lo tanto, con flagrante infracción” de la normativa española.

El 12 de agosto la Secretaría de Estado de Seguridad insistió en dar luz verde con las mismas precauciones: “El retorno de los menores a Marruecos se realizará siempre buscando garantizar y respetar sus derechos e intereses y tras haber efectuado un análisis exhaustivo de sus circunstancias personales, asegurando que en ningún caso será devuelto a Marruecos ningún menor vulnerable o con circunstancias personales o familiares que lo desaconsejen”.

El plan de la Delegación y la ciudad pasaba por retornar en un solo día, el 13 de agosto, a 145 jóvenes, todos los acogidos en el polideportivo Santa Amelia, pero Marruecos solamente aceptó recibir a 15 al día, ritmo que se siguió cuatro jornadas, hasta que la Justicia paró cautelarmente el procedimiento. Cuatro de los efectivamente devueltos habían sido perfilados por las ONG que colaboraron en darles atención como “víctimas de abusos y amenazas en su país de origen”.

Hubieran podido ser muchos más, como también alertaron los responsables de la Fundación SAMU que atendía a los chicos, pues el listado de 145 retornables confeccionado recogía a más de una veintena con idéntica advertencia de vulnerabilidad, como carentes de redes de apoyo en Marruecos o por ser menores de 14 años, según el sumario.

La comunicación a la Fiscalía de Menores de que se iban a materializar las expulsiones no llegó hasta las 14:10 horas, apenas dos y media antes de que la Policía Nacional certificase la entrega de 15 niños a las autoridades del país vecino. El Ministerio Público pide para Mateos (cesada en octubre y ya jubilada) y Deu (que en septiembre volverá a dar clases en un instituto local) 12 años de inhabilitación para cargos electos o de designación y la pérdida de “los honores asociados” a las responsabilidades públicas que desempeñaron.

El resto de mensajes

La exvicepresidenta del Gobierno de Ceuta también ha aportado al Juzgado las conversaciones que mantuvo a mediados de 2021 vía Whatsapp con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; los por aquel entonces secretarios de Estado de Derechos Sociales y Migraciones, Ignacio Álvarez y Jesús Perea; y la directora general de Infancia, Violeta Assiego.

En la documentación aportada Deu no llega en ningún momento a abordar con ellos, salvo con Álvarez, la forma en la que se expulsó a 55 niños marroquíes no acompañados al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería. Deu solamente contactó directamente con Belarra durante la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando en apenas 72 horas entraron y se quedaron en Ceuta más de mil menores marroquíes solos. La ministra le transmitió su convicción de que era necesario que el resto de comunidades autónomas se corresponsabilizasen “de la acogida de niños y niñas” y se puso “a su disposición”. En una carta del 20 de mayo a la que ha tenido acceso este medio, Belarra reiteró al ministro del Interior su “total disposición” para “trabajar en garantizar” que el retorno de los menores fuera “seguro y acorde a los compromisos adquiridos” por España en derechos de la infancia. 

Con su secretario de Estado, Ignacio Álvarez, la también exconsejera de Presidencia, que no entró en las listas del PP de Ceuta para las últimas elecciones municipales, sí trató la fórmula elegida para la devolución de menores que la tiene a un paso del banquillo. “Pensábamos […] que se procedería a activar un protocolo específico para tratar de mejorar la situación por la que se está atravesando en Ceuta y que bajo mi modesto punto de vista pudiese causar graves secuelas en los menores y algunas situaciones que pudiesen ser dramáticas”, alegó la política ceutí.

“Numerosas organizaciones de infancia nos han trasladado en las últimas horas su preocupación por cómo se está produciendo la operación de reagrupación familiar de los menores marroquíes. Según las indicaciones que nos hacen llegar, podría estar vulnerándose la legalidad en algunas cuestiones muy relevantes. Nosotros, por no estar en terreno, carecemos de información detallada al respecto. Por eso anoche trasladamos esta preocupación al Ministerio del Interior, que son quienes dirigen la operación, para que la tengan en cuenta. No hemos recibido contestación”, le contestó Álvarez el 11 de agosto.

Tres días después, cuando la Justicia paralizó la operación, Deu le transmitió que “todos” estaban “preocupados y ocupados en que el interés superior del menor es lo verdaderamente importante”. “Los menores susceptibles de vulneración permanecen en otros recursos y se encuentran perfectamente identificados”, añadió la exvicepresidenta.

Los mensajes con Assiego solamente llegaron hasta el 11 de agosto, cuando comenzaron las expulsiones de menores, pero la conversación se limita a gestiones relacionadas con la acogida de menores. Con el exsecretario de Estado de Migraciones, los whatsapp se extendieron hasta finales de agosto. “Tengo la esperanza de que los cambios en el gobierno ayuden a mejorar la situación y reconducir con Marruecos”, le transmitió Jesús Perea tras la salida de Carmen Calvo y González Laya del Ejecutivo central.

“Sí, lo sé! Perfect, y yo también!”, le contestó Deu, que en su estrategia de defensa judicial ha esgrimido que interpretó como “un mandato expreso y acabado” la misiva sin firma en la que la Secretaría de Estado de Seguridad le “rogó” proceder a efectuar retornos de niños. A su juicio su papel se limitó a “facilitar y posibilitar la ejecución de lo ya decidido”, aunque Interior le instó a hacerlo con la coletilla de “respetar” los intereses y derechos de los menores.

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