Los migrantes de Calais, ante las reformas migratorias de Francia y Reino Unido: “Estamos aquí y no nos va a parar”

Una veintena de personas tiritan bajo el dorado de las mantas isotérmicas. Esperan confusas en un arcén de la ciudad de Calais, en el extremo norte de Francia. El motor de la patera en la que trataban de cruzar el Canal de la Mancha, frontera natural entre Europa y Reino Unido, estalló a pocos metros de la orilla y el agua empezó a entrar en la precaria embarcación, en la que también viajaban dos niños pequeños. 

La lluvia cae sobre el semblante serio de Omid Azizi, ingeniero iraní de 33 años, pero rompe el silencio del grupo de migrantes con una carcajada: “¡Mándale un selfie a Sunak y dile que a la próxima llegamos! ¡Que estamos aquí y no nos va a parar!”. 

Lo pronuncian con diferentes acentos pero, en los campamentos informales de Calais, muchos conocen el nombre del primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, y su política de “parar los barcos” de migrantes que llegan a Gran Bretaña. Tras dos años de aumento destacable del flujo por esta ruta, 2022 cerró con el récord de 45.000 llegadas de personas a las costas de Gran Bretaña.

Berket apenas lleva unos días en esta casa abandonada a las afueras de Calais, su refugio contra el frío y el viento hasta la siguiente madrugada en calma, cuando salen las pateras. Esta guarida improvisada está situada a las afueras de Calais, muy cerca de la que fue conocida como la Jungla, el asentamiento informal que en 2015 llegó a albergar a cerca de 10.000 personas. 

A día de hoy, esta frontera esconde a cerca de un millar de migrantes en campamentos que emergen en varios puntos de la ciudad como racimos de tiendas de campaña. Las cifras exactas son difíciles de conocer, según advierten las organizaciones en el terreno, debido a las políticas de hostigamiento y dispersión de la Policía, que evacúa, requisa tiendas y desplaza estos lugares cada dos días con el objetivo de evitar una nueva Jungla. 

A media hora de Calais, Dunkerque esconde en su bosque una ciudad donde la vida discurre en paralelo. Entre árboles talados que sirven para levantar cabañas y calentar hogueras, el campamento de Grande Synthe es punto de paso de migrantes y solicitantes de asilo de Siria, Pakistán, Afganistán, Sudán, Irán… 

“Me han rechazado el asilo dos veces y tengo una orden de deportación”, explica en un inglés precario Hazrat Ali, que huyó de la violencia de los talibanes en una zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán. Las manos gruesas y el rostro surcado de arrugas le hacen aparentar muchos más que sus 29 años. “No me importaría quedarme en Francia, pero aquí no podré conseguir los papeles”, dice con una mirada esquiva. 

Protestas

También en Dunkerque, pero en la plaza principal de la ciudad, este fin de semana medio centenar de personas se concentraba en apoyo a los migrantes y en contra de la nueva propuesta migratoria del Gobierno francés. Las movilizaciones han tenido lugar en varias ciudades del país. 

“Propongo un reto: que todas las personas sin papeles paren por un día aquí en Dunkerque. Nos sorprendería el importante rol que cumplen y que son muchas más de las que pensamos, muchas son nuestras vecinas”, señalaba durante la protesta Sabine Donnait, copresidenta de la Liga de los Derechos del Hombre, una asociación jurídica de relevancia en Francia que hace campaña en contra de la propuesta migratoria del Gobierno. 

La posible reforma

Bautizada en un primer momento como ‘Ley Darmanin’ por el apellido del actual ministro del Interior, Gérald Darmanin, la llamada “Ley para controlar la inmigración y mejorar la integración” se articula en dos ejes principales. Por un lado, se pone como objetivo acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular o aquellos con permiso de residencia que hayan cometido algún delito, aspecto que se ha interpretado como un gesto hacia la derecha de Macron, desde Los Republicanos hasta el Frente Nacional. 

Por el otro lado, incluye una medida leída como un guiño hacia sectores más progresistas, ya que la propuesta establece nuevas fórmulas de estancia temporal o regularización en Francia, con la condición de que los migrantes trabajen en los llamados “empleos en tensión”, es decir, sectores con necesidad de mano de obra.

La ley, sin embargo, se ha encontrado con el rechazo frontal de todas las opciones políticas del Parlamento. La izquierda la tacha de represiva, y la derecha considera insalvable la apertura de nuevas vías de regularización

“No saben todo lo que hemos dejado atrás y todo lo que hemos invertido para que ahora este señor, hijo además de migrantes, nos diga que no podemos. No hay nada que nos detenga”, sostiene la voz firme de Berket, de 25 años. Es el único etíope sentado alrededor de la hoguera que calienta a casi una decena de jóvenes eritreos quienes, después de cruzar dos continentes, han llegado a esta última frontera con la esperanza de empezar de cero en Reino Unido.

Ante la negativa, y tras la cólera social que ha incendiado la opinión pública por la aprobación de la reforma de las pensiones sin consenso a través del artículo 49.3 de la Constitución, el presidente ha rectificado su estrategia. En vez de lanzar el proyecto de ley, el Gobierno francés reformará la normativa migratoria a través de decretos, con lo que busca sacar adelante algunas de las partes de la ley, presentadas como propuestas desglosadas.

Críticas a la reforma

“Creemos que (el Gobierno) va a pasar circulares y decretos para modificar la norma actual sin tener que utilizar un 49.3”, continúa Donnait. La Liga de los Derechos del Hombre se opone principalmente a una de las medidas aparentemente más progresistas: “Los visados que ofrecen una regularización no son realmente una oportunidad de quedarse en Francia: dependen de lo que el estado considere en cada momento ‘trabajos en tensión’ y de la voluntad del empleador para renovar otro año”. 

Chloé Peyronnet es jurista especializada en políticas migratorias de la Unión Europea por la Universidad Paris-Panthéon-Assas y ofrece un análisis similar: “Los migrantes son útiles en tanto conforman una mano de obra flexible para trabajos precarios que los franceses no están dispuestos a hacer y mientras se les impide desarrollar una vida privada”. 

Otro de los aspectos que no convence a los sectores más progresistas tiene que ver con la concesión de estos permisos de residencia con un nivel mínimo de francés, “y no solo a la asistencia a la formación” o sin prever “ninguna excepción relacionada con la edad, el estado de salud, la discapacidad o la particular vulnerabilidad económica”, ha sostenido la Defensora de los Derechos, Claire Hédon, en un dictamen que recogido por el diario Libération.

Aumento de las expulsiones

La segunda parte de esta ley está vinculada con el endurecimiento de las políticas de expulsión, reduciendo las instancias de apelación de 12 a 4 y abriendo la puerta a que los expedientes no tengan que viajar necesariamente a París, sino que puedan ser evaluados en otros puntos. El atasco burocrático que esta norma pretende frenar tiene que ver, según explica Peyronnet, con los “procedimientos legales que el mismo Gobierno ha creado, obligando a que los migrantes reclamen documentos que se les tendrían que haber sido entregados a tiempo”. 

Francia ha incrementado en un 15% las expulsiones de su territorio en el último año, aunque todavía no alcanza cifras anteriores a la pandemia. El proyecto de reforma, la número 30 en 40 años, está vinculado sobre todo a quienes hayan cometido un delito. “Necesito esta ley para expulsar a 4.000 inmigrantes delincuentes”, se expresó el ministro Darmanin en la cadena de televisión CNews. 

Organizaciones humanitarias como Utopia 56, que conocen la realidad palpable de la migración, advierten de las consecuencias de los discursos que relacionan migración y delincuencia, estrategias de deshumanización que terminan por crear abismos entre la experiencia de los migrantes y las propuestas normativas debatidas en los órganos de Gobierno. Realidades cada vez más divididas en Francia.