Alrededor de 200 migrantes han sido trasladados en las últimas semanas al mismo centro de detención libio que sufrió un ataque aéreo el pasado 2 de julio, según han confirmado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Médicos Sin Fronteras (MSF) a eldiario.es.
Tras el bombardeo que se cobró la vida de más de 50 personas encerradas en las instalaciones de Tajura, al este de Trípoli, se sucedieron las declaraciones de condena y de consternación a nivel internacional, también en el seno de la Unión Europea. A medida que se elevaban las voces que apuntaban a un posible “crimen de guerra”, otras recordaban que era una tragedia anunciada y evitable: la ONU había exigido evacuar a los detenidos en zonas próximas a objetivos militares, como era el caso de estas instalaciones, situadas junto a un depósito de armas.
Los llamamientos a acelerar las evacuaciones y a cerrar los centros de detención se repitieron tras el ataque, pero han servido de poco: decenas de personas vuelven a encontrarse, menos de un mes después, recluidas entre sus paredes. Los riesgos a los que están expuestas, insisten desde MSF, siguen siendo los mismos.
De acuerdo con la organización humanitaria, la mayoría de ellas se encuentran en el centro tras ser interceptados en el Mediterráneo por los agentes libios que reciben apoyo técnico y financiero de la Unión Europea. La OIM no ha podido confirmar a este medio la procedencia de los migrantes que permanecen detenidos en Tajura.
El 9 de julio, seis días después del ataque, el centro de Tajura fue vaciado. Al día siguiente, los equipos de MSF tuvieron conocimiento de que 90 personas localizadas en el mar por los guardacostas libios habían sido trasladadas a Tajura tras el desembarco. Pasadas dos semanas, ya eran 193 los migrantes encerrados en el centro de detención, entre ellas 10 mujeres, 6 niños y 4 pacientes con tuberculosis.
“De los recién detenidos o devueltos a Tajura desde que se vació el centro, casi la mitad han sido trasladados desde otros dos centros de detención cuya población está compuesta en gran medida por personas interceptadas y devueltas a Libia por los guardacostas”, asegura Sam Turner, coordinador de MSF para la respuesta en el Mediterráneo y en Libia, en declaraciones a este medio.
Este miércoles, otros 38 han sido llevadas a las mismas instalaciones tras ser interceptadas frente a la costa de Libia, según ha alertado Vincent Cochetel, enviado especial de Acnur para el Mediterráneo, y ha confirmado la OIM a este medio. “El centro de Tajura supone claramente un riesgo inmediato para la vida de las personas detenidas allí y no debe volver a abrirse”, advierte Turner.
Tras la condena mundial al ataque –atribuido a la fuerza del mariscal Jalifa Haftar–, el Gobierno de unidad libio, respaldado por la ONU, aseguró que estaba estudiando la posibilidad de cerrar todas las instalaciones de detención en el país. “Este anuncio duró poco y a pesar del reconocimiento, ya sea implícito o explícito, por parte de las autoridades libias, la comunidad internacional, incluidos los Gobiernos de la UE, de que el centro de detención de Tajura no es seguro, hemos sabido que estaba lleno de refugiados y migrantes”, denuncia el responsable de MSF.
En el momento del bombardeo sobre el centro de Tajura, había 600 personas en el interior del centro. En mayo, esas mismas instalaciones se habían visto afectadas por un ataque cercano, pero las autoridades libias continuaron recluyendo a migrantes dentro. Cerca de 70 personas resultaron heridas en el ataque. Los equipos de la organización humanitaria brindaron atención médica. Durante los dos días posteriores, los supervivientes seguían en el centro “extremadamente angustiados” y algunos de ellos durmieron al aire libre por miedo a otro ataque, relata MSF.
3.200 personas encerradas en zonas de conflicto
Acnur calcula que hay 5.100 personas en centros de detención libios. Unas 3.200 permanecen en instalaciones “ubicadas en zonas de conflicto”, según datos actualizados el pasado 19 de julio. “Muchos se encuentran en áreas militarizadas o cerca de complejos militares, lo que significa que hay una probabilidad aún mayor de que sean atacados o golpeados, matando o hiriendo gravemente a los refugiados y migrantes que se encuentran atrapados en su interior”, describe la organización.
Además de los riesgos vinculados al conflicto armado, que se ha recrudecido en los últimos tres meses con la ofensiva sobre Trípoli de Haftar, los migrantes encerrados enfrentan condiciones muy duras, documentadas por numerosas ONG y organismos. Algunos centros se caracterizan por un grave hacinamiento y un acceso insuficiente a la atención sanitaria, la comida o el agua potable. También se han registrado denuncias de palizas, trabajo esclavo, torturas o violaciones.
“Una cosa que tenemos que dejar muy clara es que estos centros de detención no son campos. No son refugios humanitarios. No son lugares seguros. No hay un lugar seguro para las personas que están atrapadas, que están encerradas. Están detenidos en estos centros de manera muy parecida a una prisión”, sostiene el coordinador.
En lo que va de año, según la Agencia de la ONU, 3.959 migrantes han sido interceptados en aguas fronterizas y llevados de vuelta al país vecino por las patrulleras libias, que han incrementado sus operaciones en el Mediterráneo a medida que los guardacostas italianos han ido cediendo la coordinación de las labores de rescate. A su llegada a tierra tras sobrevivir al Mediterráneo, en lo que muchas organizaciones especializadas califican de “práctica automática”, son detenidos por las autoridades en centros como el de Tajura. Actualmente, las políticas del país criminalizan la inmigración irregular.
Naciones Unidas ha reclamado en reiteradas ocasiones que se cierren los centros, así como que se ponga fin al arresto de quienes acaban de jugarse la vida en el Mediterráneo central. Tras el ataque, varios comisarios europeos afirmaron que el sistema de detención de migrantes en Libia “debe terminar”. Lo mismo ha defendido este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, que afirma que Libia “debe poner fin al encierro de la población [migrante] y permitir, en cooperación con Acnur y las organizaciones internacionales, que esas personas en tránsito sean puestas en seguridad”.
Sin embargo, la UE continúa defendiendo su política migratoria basada en el apoyo a las autoridades libias, que ha ido reforzando paulatinamente en los últimos años a pesar del aluvión de criticas recibidas. En febrero de 2017, en La Valeta, los Estados miembros aprobaban una serie de medidas para sellar la ruta del Mediterráneo central con Italia a la cabeza, que firmó un acuerdo con Libia. Desde comienzos de ese año, más de 38.000 personas han sido interceptadas y trasladadas de nuevo a suelo libio por los cuestionados guardacostas del país vecino, según datos facilitados por la OIM.
Después del bombardeo de Tajura, Bruselas volvió a salir en defensa de su colaboración con Libia recalcando que forma a los guardacostas “para que lleven a cabo tareas en total respeto con los derechos humanos”. En el marco de la Operación Sofía, la UE dota de formación, equipos y entrenamiento a estos agentes. Según datos del Consejo Europeo, han participado en este programa 400 guardacostas. Por otro lado, desde 2014, la UE ha destinado 286 millones de euros para “proyectos relacionados con la migración en Libia, la mayoría de ellos a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, de acuerdo con datos de la Comisión actualizados en noviembre del año pasado.
Evacuaciones a cuentagotas
Tanto la ONU como la ONG humanitaria han enfatizado que una de las soluciones a la situación que enfrenta la población migrante en Libia pasa por la evacuación “inmediata y urgente” de todas las personas fuera del país. “En lugar de evacuaciones, MSF ha sido testigo del traslado de refugiados y migrantes de un centro de detención a otro tras ser interceptados en el mar por los guardacostas libios apoyados por la UE”, sostiene la organización
Las cuentas no salen, reiteran. “Desde que estalló el conflicto el 4 de abril, aproximadamente 674 refugiados y migrantes atrapados en centros de detención han sido evacuados o reasentados fuera de Libia. Al mismo tiempo, más de 2.909 personas han sido interceptadas y devueltas por la fuerza a Libia. Esto significa que hay cuatro veces más personas que entran que las que están siendo evacuadas”, afirma la ONG.
Casi un mes después de la tragedia de Tajura, la petición sigue siendo la misma. “Todas las personas atrapadas en los centros de detención libios deben ser evacuadas de Libia y puestas a salvo, ahora”, sentencia Turner. De lo contrario, como advirtió Cochetel, “pueden ocurrir más tragedias”.