B. B., un ciudadano eritreo de 29 años que no da su nombre por cuestiones de seguridad, fue rescatado en el mar el pasado 15 de agosto por el barco militar italiano 'Diciotti'. “A bordo, las condiciones eran terribles. Era imposible no estar al sol, porque había sólo una carpa. La sombra no llegaba para todos y cuando llovía nos mojábamos”, cuenta en un informe elaborado por Oxfam y la ONG siciliana Borderline. Ambas organizaciones confirman que sus denuncias han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Era el momento en el que el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, había elevado al máximo la tensión, con su decisión de cerrar los puertos. En aquel momento había estipulado que las ONG tendrían prohibido atracar en su país, mientras que las embarcaciones nacionales sí podrían hacerlo.
El 'Diciotti' es un buque de la Guardia Costera italiana, por lo que no debería haber tenido problemas para hacerlo. Pero cuando se aproximó a Catania, Salvini dio la orden de frenar el desembarco.
Junto a B.B. viajaban otras 176 personas. “Había sólo dos baños. Dos días después de llegar a Catania nos dieron ropa y nos dijeron que teníamos que ducharnos. Había un marinero con una manguera que nos regaba durante un minuto a diez personas a la vez, todos desnudos con un plástico detrás”, prosigue. Ya habían sido transferidas en helicóptero 13 personas en situación límite al hospital de Lampedusa, pero en el barco quedaban decenas de menores, al menos 30 de ellos no acompañados.
La cuestión dividió al Gobierno: el ministro de Transportes, Danilo Toninelli, del Movimiento 5 Estrellas (M5E) y de quien depende la gestión de los puertos, era partidario del desembarco; pero Matteo Salvini, titular de Interior y responsable por tanto de la seguridad, se negaba. Argumentó que era necesario identificar primero a los migrantes para comprobar que no hubiera criminales a bordo y después alegó que podrían traer riesgos sanitarios.
El fiscal de la ciudad de Agrigento, Luigi Patronaggio, subió a la cubierta durante su estancia en puerto, y aseguró que la retención era “ilícita”. Salvini trataba de ganar tiempo mientras intentaba forzar al resto de países europeos para que los migrantes fueron repartidos y finalmente, once días después de ser rescatados en el mar, autorizó el desembarco.
Denuncia ante Estrasburgo
Estos hechos han provocado que varios de los migrantes que sufrieron estas penurias estén acudiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como confirman desde la ONG Borderline.
“Después de hablar con ellos y de que nos contaran el comportamiento inhumano y degradante que recibieron, les asesoramos para que puedan denunciar esta situación”, declara la abogada Paola Ottaviano. Asegura que, según la Constitución italiana, “estaríamos a un caso de privación de libertad” y que la ley obligaba a proceder con el desembarco de forma inmediata.
Ella se está encargando desde Sicilia, mientras que su colega Filippo Finocchiaro hace lo propio desde Roma, donde todavía algunos de esos migrantes -que fueron repartidos por toda Italia- se alojan.
El letrado señala que no hay un número preciso de migrantes que estén siguiendo este procedimiento, porque algunas demandas se están tramitando de modo individual y otras a nivel colectivo. Y, en cualquier caso, todavía no han sido depositadas ante la corte de Estrasburgo.
Una vez que sean presentadas, el Tribunal de Derechos Humanos decidirá si son válidas y, en ese caso, estudiará los casos. Los abogados evitan especular con los posibles escenarios, “porque estamos en una fase muy temprana”, aunque señalan que los recursos no están centrados en el ministro del Interior sino en todo el Gobierno italiano.
No es la única denuncia: Salvini, investigado en Italia
No es una cuestión de detalle, porque es precisamente el argumento que utiliza Salvini para intentar salir indemne de este episodio. Las próximas denuncias ante la Justicia europea no son las únicas a las que deberá hacer frente el ministro del Interior italiano. En su país también está siendo investigado por este asunto. Lo acusan por “secuestro agravado de personas y menores”, de modo que podría enfrentarse a 15 años de prisión.
Después de que la Fiscalía de Catania -ocupada por un magistrado conocido por sus investigaciones contra las ONG que operan en el Mediterráneo- archivara la causa, el Tribunal de Ministros de esa ciudad -un órgano que investiga delitos cometidos por miembros del Gobierno-, pidió autorización al Senado para juzgar a Salvini. Como senador podría acogerse a la inmunidad parlamentaria, aunque la decisión la debe tomar un comité interno formado por senadores de todas las fuerzas políticas.
Su partido, la Liga, y el M5E, sus socios de Gobierno, tienen mayoría en esta junta. Pero las divisiones internas entre ambos y la tradicional crítica del 5 Estrellas a los privilegios de los parlamentarios podrían provocar que sus senadores votaran a favor de mandar a Salvini al banquillo. Sería una decisión soñada por algunos de sus líderes, partidarios de desvincularse del líder ultraderechista, pero amenazaría claramente la supervivencia del Gobierno.
La postura en estos momentos parece inclinarse a permitir que Salvini se enfrente ante la Justicia, pero con un informe del Gobierno bajo el brazo en el que se defiende que la negativa al desembarco no fue una decisión del ministro sino de todo el gabinete. Aunque el M5E trató de desvincularse en aquel momento. Ahora, sin embargo, apelan a Fuenteovejuna para no comprometer el futuro del Ejecutivo, al tiempo que intentan evitar una defensa de la 'casta'.
Tampoco terminan aquí los desencuentros entre las instituciones y la política migratoria italiana. Hace unos días, la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, mandó una carta a Roma mostrando su “preocupación” por el desmantelamiento de los centros de acogida en este país.
Se trata de una advertencia, ya que un comunicado de este tipo no tiene ningún efecto legal, pero el Tribunal de Derechos Humanos de la UE depende del Consejo de Europa y en caso de que se presente alguna demanda contra Italia por este motivo, el mensaje de Mijatovic podría condicionar las decisiones de la corte.
A finales de enero, el Gobierno italiano decidió desmantelar un centro para la acogida de refugiados, ubicado en la localidad del Castelnuovo del Porto, en las inmediaciones de Roma. Lejos de dar marcha atrás, esta semana Salvini ha continuado con su promesa de clausurar estas estructuras para ahorrar dinero al Estado, con el desalojo del mayor centro de este tipo en todo el país.
Se trata del CARA (centro de acogida para solicitantes de asilo, por sus siglas en italiano) de Mineo, en Sicilia, del que han salido ya más de medio centenar de migrantes. Como ocurrió con Castelnuovo, no se conoce el destino de estas personas, aunque varias decenas ya han huido antes de ser transferidos en autobuses.