Un líder que emprende una guerra total contra las pandillas. Una población que siente alivio por la reducción de la violencia y aplaude la mano dura. Y en el centro, más de 75.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, casos de malos tratos, torturas, desapariciones y muertes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará este domingo una más que previsible reelección sorteando la prohibición constitucional y cimentando su popularidad en el régimen de excepción que está vigente en el país desde marzo de 2022, con el que ha propinado un golpe rotundo a las maras sacrificando derechos a cambio de seguridad.
Miguel Montenegro encabeza la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, una de las organizaciones que han puesto la lupa sobre los abusos cometidos bajo la polémica medida que ha suspendido las garantías constitucionales. “Bukele sabe perfectamente que no tiene rival en la oposición”, dice en una entrevista con elDiario.es. “Pero no podrá sostener el régimen de excepción”, prosigue el activista, que ha visitado España en varias ocasiones, la última el pasado octubre con el apoyo de los Comités Óscar Romero del Estado español.
Montenegro, con décadas de activismo a sus espaldas tras sufrir en carne propia los horrores de la guerra civil de El Salvador –su familia fue perseguida por los escuadrones de la muerte, entre otras fuerzas, y varios parientes fueron capturados, torturados y asesinados–, alerta de que la victoria de Bukele puede “profundizar” el autoritarismo, con el “riesgo total de terminar con la democracia”.
El Salvador lleva casi dos años bajo un régimen de excepción al que las autoridades atribuyen la caída de homicidios. ¿Cuál ha sido la cara B?
Sin duda, hay muchas comunidades que se sienten liberadas de la acción de las pandillas porque el sometimiento durante años fue muy obvio, con secuestros, amenazas, extorsiones y desapariciones. Pero, al suspender las garantías constitucionales, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Siempre hemos manifestado que la seguridad es un deber del Gobierno y un derecho del pueblo, pero no como se ha aplicado a través del régimen de excepción.
¿Por qué?
Han capturado masivamente a personas, sobre todo en barrios y colonias que son criminalizados como barrios pobres, donde las pandillas actuaban. Han hecho cercos militares capturando a personas a mansalva, fueran responsables o no, por ser sospechosas. Hemos visto a jóvenes que han sido despojados de su ropa para determinar si tenían un tatuaje, ya fuera alusivo a las pandillas o no. Eran sospechosos por eso.
El Gobierno creó un número telefónico para que la población denunciara y mucha gente se valió de eso para rencillas personales, por ejemplo, lo que llevó a que fueran capturadas personas que tenían sus panaderías o tiendas en los barrios. Muchos habitantes dicen que estuvieron sometidos al acoso de las pandillas y ahora también están sometidos a otro acoso por parte del Gobierno. Están entre la espada y la pared. Se han violentado sus derechos.
Al igual que en el conflicto armado se cometieron crímenes de lesa humanidad, hoy estamos volviendo a esos crímenes de lesa humanidad. El Gobierno no reconoce esta situación, pero los tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, dicen que la tortura puede ser un crimen de lesa humanidad y eso está sucediendo en las diferentes cárceles, sobre todo por parte de los agentes de seguridad. Se están utilizando golpizas. Personas que han salido en libertad narran cómo han sido sometidas a torturas, maltrato y a falta de atención médica: hay gente que ha estado en circunstancias de salud muy deplorables y muchas personas han fallecido sin atención urgente.
Muchas comunidades se sienten liberadas de la acción de las pandillas porque el sometimiento durante años fue muy obvio, con secuestros, amenazas, extorsiones y desapariciones
Muchas familias han denunciado desapariciones. Dicen que se llevaron a sus parientes y no dan información sobre dónde están o en qué circunstancias se encuentran. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –encargada de hacer recomendaciones al Gobierno, que fue señalada de nepotismo hace tiempo– avala en sus informes el régimen de excepción y no da cuenta de las violaciones que se han estado cometiendo.
¿Hay algún caso que recuerde especialmente?
Hemos documentado varios. Hay casos de personas que han pasado más de tres o cuatro meses en el penal y se ha comprobado que son inocentes. Han sido sometidas a maltrato y a torturas. Nosotros tenemos personas en Ahuachapán, en la zona occidental, que han narrado cómo les ha sucedido a sus familiares. Nos han contado también las golpizas y torturas. Por ejemplo, los sacan desde la mañana hasta la tarde, y están todo el día bajo el sol. Ese es un tipo de maltrato y tortura. Los golpean, les echan gases lacrimógenos… se dan varios hechos.
Mucha gente tiene temor. Ya ha habido casos de personas liberadas a las que han vuelto a capturar nuevamente. Tanto los familiares como estas personas que han salido no han tenido una reparación moral ni económica, pese a que se comprobó que son inocentes, y han salido con miedo. Hay muchísimos casos que muestran el maltrato, la tortura y las condiciones infrahumanas que sufren estas personas.
La represión ha traído todos estos atropellos, pero la población que sufría la violencia de las pandillas ha sentido un cambio. ¿Qué piensa de esta tensión?
La población estaba cansada de tanta situación de inseguridad. Los gobiernos anteriores venían con planes de combatir las pandillas, y al final negociaron con ellas. Este Gobierno ha ocultado esa información, aunque los medios de comunicación han investigado sus negociaciones con las pandillas. La población ha tenido un respiro de la inseguridad que se vivía en sus comunidades. Y tiene sentido. Las organizaciones de derechos humanos estamos de acuerdo con que se combata la inseguridad, pero también con que se den oportunidades, porque hay que recordar que hablamos de gente de escasos recursos económicos. La desigualdad económica es un gran problema, lleva a delinquir a muchas personas. No hay oportunidades.
Es una situación complicada, porque, por un lado, la población más sometida por las pandillas ha tenido un respiro, pero ahora otra gente dice que también se siente insegura por la actitud agresiva de las fuerzas armadas y la Policía. El Gobierno de Bukele dio luz verde para que ambas actuaran con toda libertad. En algunos casos, elementos de las fuerzas armadas y la Policía han amenazado a las comunidades, les han saqueado sus bienes. En otro caso, han violado a una niña de 13 años. Esto nos preocupa.
Al igual que en el conflicto armado se cometieron crímenes de lesa humanidad, hoy estamos volviendo a esos crímenes
El régimen de excepción no va a ser sostenible. Grupos de la ONU han señalado ya su cese, porque está ocasionando graves violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho recomendaciones. Debe acabar de una vez por todas lo más pronto posible. Hay datos que apuntan a que la aprobación de la población ha ido bajando: ve que es necesario, pero que tampoco se puede prolongar. El Gobierno ha explorado algunas formas para ver qué hace este año, pero ha habido un rumbo electoral. Como le da calificación, Bukele ha querido mantenerlo hasta las elecciones. ¿Y después? ¿Va a seguir con el régimen de excepción, va a buscar otras medidas para mantener su nivel de popularidad o va a perder aceptación? Buscará la manera, pero no sabemos cómo.
De hecho, Bukele ha basado su campaña para las elecciones presidenciales en promocionar ese polémico régimen de excepción y parece que no tiene rival.
Los principales productos que vende Bukele siguen siendo la inseguridad y el combate a las pandillas, sin que importe la captura de muchas personas inocentes. Es su principal elemento de campaña electoral y lo catapultará este domingo.
Las circunstancias en las que ha vivido el pueblo salvadoreño, sumergido en la inseguridad, la violencia, la mentira y las falsas expectativas de los partidos políticos y los gobiernos de cambio, significan mucho para la población, que sigue creyendo en estas nuevas promesas. Sin embargo, el pueblo salvadoreño se está dando cuenta poco a poco de que cada día nos sumergimos más en la pobreza. Bukele no podrá sostener el régimen de excepción y con el tiempo se esclarecerán los procesos de negociación con los líderes de pandillas, lo que podría ocasionarle un problema.
Bukele sabe perfectamente que no tiene rival en la oposición, y su victoria es clara. Es consciente de que va a ganar las elecciones y todas las encuestas perfilan que será reelegido. Tristemente, los demás partidos no tienen un peso para poder competir con él y validan las elecciones al presentar candidatos, a pesar de que el presidente ha violado la Constitución al buscar nuevamente la reelección. Ganará y la oposición va a validar su triunfo. Los partidos de la oposición corren el riesgo de profundizar su crisis y decaimiento este 4 de febrero.
Bukele se presentó a las elecciones de 2019 como un líder transformador que venía a romper con los partidos que venían alternándose en el poder. ¿Cómo analiza su evolución? ¿Hablaría de una deriva autoritaria?
Sí. En El Salvador la hubo durante muchos años. Los acuerdos de paz permitieron dar un paso hacia adelante, construir democracia, pero la estamos perdiendo cada día más. No digo que hayamos perdido la democracia totalmente, es como decir que se pierde la esperanza. Con la llegada de Bukele muchos creímos que las cosas podían mejorar. Para algunos sí ha mejorado, pero la democracia se ha visto afectada gravemente.
Desde el inicio, Bukele demostró un populismo total. Se sacó de la manga la política del bitcoin, a la que destinó 150 millones de dólares, y ha sido una de sus medidas más fracasadas. La aprobación del régimen de excepción, que justifica por las más de 80 muertes que se produjeron en dos días, ha tenido aceptación y, como no quiere perder diputados, ha mantenido su actitud, promocionándose con las redes sociales. Él mismo lo dijo: “Voy a gobernar con Twitter”.
Los partidos de la oposición corren el riesgo de profundizar su crisis
Destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general y desintegrar la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), junto a otros hechos, son actitudes totalmente autoritarias de un Gobierno que no refleja una posición democrática.
Pese a que la Constitución no permite la reelección, se ha presentado como candidato y futuro ganador de las elecciones porque, según dice, el pueblo se lo pide. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde.
Si se profundiza en esta forma de gobierno, hay un riesgo total de terminar con la democracia. Ojalá no se llegue a dar, sería muy lamentable que el pueblo salvadoreño viviera de nuevo lo que vivimos durante el conflicto armado.
¿Qué esperan (y les preocupa) del día después de las elecciones?
Sinceramente no esperamos ningún cambio que pueda favorecer la democracia, sino más bien que se valide su política actual y su arraigo, pasando por controlar totalmente todas las instituciones del Estado, lo que llevaría a ignorar las recomendaciones de instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a intimidar a los medios de comunicación que cuestionan su Gobierno y a las organizaciones sociales o a ignorar a las víctimas del conflicto armado, que piden una ley de justicia transicional.
No se han rendido cuentas por la corrupción y la crisis económica va a afectar gravemente al pueblo. Preocupa la falta de empleo y la canasta básica elevada. Aquí la población no ve mejoría y puede haber una reacción que va a ocasionar problemas muy serios a Bukele. Ojalá reaccione y pueda acomodar un nuevo sistema que le permita no caer en un enjuiciamiento. Pero él se ha enfermado de ego, se autodenomina cool.
¿Cómo está siendo su labor como sociedad civil y denunciar los abusos en este contexto?
La mayoría de las organizaciones somos conscientes de que debemos seguir haciendo un papel de verificación del desempeño de este Gobierno, porque la población está más inmersa en sus preocupaciones del día a día. Nosotros hemos solicitado una reunión con Bukele y también con algunas dependencias de su Gobierno, pero se nos ha negado esa posibilidad. Seguimos haciendo ese esfuerzo como sociedad civil, pero él no quiere escuchar. Ojalá esto pueda cambiar en un momento.
¿Temen que el alivio que siente la población sea algo temporal si no se abordan las causas estructurales de la violencia?
Sí. El Gobierno de Bukele solo ha cortado el árbol, crecerá nuevamente porque no se ha combatido el problema realmente de raíz. A través de negociaciones, ha protegido a los líderes de las pandillas. Se ha combatido a sus bases. Por otro lado, los familiares de las pandillas siguen viviendo en los barrios y las colonias. ¿Qué oportunidades les da este Gobierno? Debería lanzar programas de atención psicosocial, buscar maneras de salir de esa miseria. Hasta el momento, no lo está haciendo.
Si se profundiza en esta forma de gobierno, hay un riesgo total de terminar con la democracia
Hay que buscar una política de erradicación del problema de raíz: educación, formación, oportunidades de trabajo, desarrollo comunitario y también dar oportunidades en los centros penales. No se trata de criminalizar totalmente y hundir a todas estas personas, porque eso lleva a un resentimiento. Se ha comprobado que más de 7.000 personas son inocentes y han sufrido la criminalización por parte del Estado. Los centros penales deben ser centros de readaptación, con programas psicosociales.
¿Qué efecto ha tenido la represión de las pandillas en los flujos migratorios de personas que marchan hacia el norte, principalmente EEUU?
Antes, la gente salía por la inseguridad, pero también por la falta de trabajo y oportunidades. Pero ahora mucha gente está saliendo también del país por el propio régimen de excepción, porque muchos creen que van a ser detenidos, sobre todo jóvenes que están huyendo del país. Antes era la inseguridad por las pandillas y hoy la inseguridad por parte del Estado. La pobreza y esta política de Bukele hacen que muchos salvadoreños emigren sobre todo hacia EEUU sin que les importen las condiciones o los riesgos.
Alertaba de la posibilidad de que El Salvador vuelva a vivir lo que vivió durante la guerra en la década de los 80, de la que usted fue víctima. ¿A qué se refiere?
En los 12 años de conflicto armado se cometieron graves violaciones a los derechos humanos porque no había democracia. Pero en 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se instaló una Comisión de la Verdad que recomendó cuestiones de justicia, verdad y reparación moral para no repetir los hechos que se vivieron. Vimos un nuevo amanecer de democracia, y eso consistía en el fortalecimiento del sistema de justicia para combatir la impunidad y la corrupción en nuestro país, de la Procuraduría y el nacimiento de una nueva Policía Nacional Civil respetuosa con los derechos humanos. El gran problema es que no hubo reparación y no se fortaleció este sistema de justicia.
Esa situación se está volviendo a repetir nuevamente y puede ser peor, o mejorar. Nosotros esperamos que mejore y que este Gobierno recapacite, porque a partir de 2020, empezó a demostrar una actitud antidemocrática, propia de un gobierno dictatorial: ha tomado totalmente el control de todas las instituciones, no hay un contrapeso que contrarreste su política, la Policía tiene una actitud represiva y las calles están militarizadas en todo el país.
Una señora me dijo: “Yo viví la guerra y ahora la guerra nos está volviendo a golpear. Se llevaron a mi hijo y a mi esposo, los han maltratado. En vez de mejorar, estamos empeorando”. El no haber fortalecido un sistema de justicia que combata la impunidad y la corrupción ha dado luz verde para que un Gobierno populista como el de Bukele llegue a tener todo el control.