Inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y prisioneros han sido víctimas de crímenes contra la humanidad al menos durante los últimos cinco años en Libia, según las conclusiones de una misión investigadora creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha presentado este lunes el resultado de su trabajo.
“Nuestras investigaciones han establecido que todas las partes del conflicto (libio), incluidos terceros Estados, combatientes extranjeros y mercenarios, han violado el derecho internacional humanitario, en particular los principios de proporcionalidad y de distinción entre civiles y beligerantes”, ha revelado el presidente del grupo, el marroquí Mohamed Aujar, en una conferencia de prensa.
Los migrantes han sido un grupo particularmente expuesto a ataques generalizados y organizados, no solo por grupos armados, sino por el propio Estado, que alienta tales abusos, según muestra la investigación.
La misión ha trabajado en el último año recopilando evidencias sobre los abusos cometidos en Libia a partir de 2016, conforme al mandato que recibió de la ONU, aunque el conflicto de Libia, su fragmentación territorial entre distintos grupos armados y la pugna de distintas facciones por el poder se remontan a la caída y muerte del dictador Muamar Gadafi en 2011.
El periodo sobre el que ha investigado la misión corresponde al aumento de la presencia e influencia de grupos yihadistas en Libia, incluido el ISIS.
Condiciones “insoportables”
Según el informe, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilos han sido víctimas de “una letanía de abusos” ya sea durante su travesía por mar y su devolución forzada a Libia, o durante su encierro en prisiones o cuando han estado en manos de traficantes de personas.
Cuando están en prisión, los inmigrantes y otros civiles son víctimas de torturas frecuentes y no se les permiten las visitas de familiares, subraya.
“La detención arbitraria en prisiones secretas y en condiciones insoportables es utilizada de forma habitual por el Estado y las milicias contra todo aquel que es visto como una amenaza a sus intereses”, ha indicado la fiscal y académica jamaiquina, Tracy Robinson, miembro de la misión.
“La violencia en las prisiones libias es cometida a una escala tan grande y con tal nivel de organización que también pueden considerarse potencialmente como crímenes contra la humanidad”, recoge el informe. Asimismo, da cuenta del sufrimiento de los civiles como consecuencia de los combates en el país desde 2016 y, más recientemente, durante las hostilidades en la capital, Trípoli, entre 2019 y 2020.
En esos episodios armados docenas de familias perecieron en ataques aéreos contra zonas residenciales, hubo destrucción de infraestructuras medicas y las minas antipersonas que dejaron los mercenarios causaron herida y amputaciones a numerosos civiles, detalla.
Según la misión investigadora otras violaciones de los derechos humanos fueron el reclutamiento de niños para participar en el conflicto, así como la desaparición forzada y el asesinato de prominentes mujeres activistas.
La misión ha indicado que ha identificado a personas y grupos (tanto de Libia como de otros países) que pueden tener responsabilidad en los crímenes ocurridos desde 2016, pero que esta lista se mantendrá confidencial hasta que considere necesario publicarla o compartirla con otros mecanismos que puedan hacer justicia.
Está previsto que los integrantes de la misión presenten el próximo día 7 su informe al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra y que tendrá que decidir si prolonga o no el mandato del grupo un año más para que continúe documentando las violaciones que ocurren en el inacabado conflicto de Libia.