A las 8:18 de la mañana del día 16 de junio de 2017, el guardacostas libio Massoud Abdalsamad recibió una llamada de larga distancia de un oficial de la guardia costera italiana. Le informaba de que habían detectado 10 botes con migrantes en peligro, la mayoría se encontraba en aguas territoriales libias.
“Tenemos el día libre. Aquí es festivo. Pero puedo intentar ayudar”, respondió Abdalsamad. “Quizás podamos llegar mañana”. Más tarde, ese mismo día, afirmó que sus hombres habían salvado a muchos de los migrantes de los que advertía la llamada. Según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones, cuando terminó ese fin de semana, 126 personas habían muerto.
En febrero de ese mismo año, Europa había cedido la responsabilidad de supervisión de los rescates en el Mediterráneo a Libia, como parte de un acuerdo bilateral entre el país africano e Italia que tenía como objetivo reducir el flujo migratorio que atraviesa ese mar.
La conversación, grabada por la Fiscalía de Sicilia que investiga a ONG con misiones de rescate en el mar —a las que se acusa de complicidad en tráfico de personas—, evidencia la indiferencia de los responsables del lado libio ante la difícil situación de los migrantes y el derecho internacional.
Esta es solo una de las revelaciones que se deprenden de las transcripciones de las escuchas a los teléfonos de los guardacostas libios, contenidas en un archivo filtrado de 30.000 páginas redactadas por fiscales italianos a las que The Guardian ha tenido acceso.
Esta investigación se publica como parte de una alianza entre The Guardian, el canal público italiano Rai News y el periódico Domani. Las grabaciones parecen mostrar que las autoridades italianas sabían que su contraparte libia no quería o no podía hacerse cargo de las embarcaciones de migrantes, incluso cuando Italia había iniciado investigaciones sobre el papel de los barcos de rescate de ONG, que impedían a organizaciones salvar vidas en el mar por la vía privada.
55 llamadas sin respuesta a Libia
Entre el 22 y el 27 de marzo de 2017, cientos de personas que habían zarpado de Sabratha, en Libia, pidieron ayuda al centro de coordinación del rescate marítimo italiano. La transcripción de llamadas muestra que las autoridades italianas trataron de contactar con Abdalsamad y al menos con dos oficiales más en varias ocasiones, pero a menudo el “resultado fue negativo”.
Finalmente, los italianos perdieron el contacto con los botes. El 29 de marzo de ese mismo año, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirmó la muerte de 146 personas, entre las que se encontraban niños y mujeres embarazadas.
El 24 de mayo de 2017, empezó a entrar agua en dos embarcaciones que habían zarpado de Libia con cientos de personas a bordo. Una volcó. Sus pasajeros llamaron a la guardia costera italiana que, a su vez, llamó a Abdalsamad 55 veces sin que este respondiera. Según Acnur, murieron 33 personas.
Un informe confidencial: “El patrón de la guardia costera libia no es aceptable”
The Guardian ha tenido acceso a un informe de acceso restringido elaborado en 2018 por la Operación Sofía, la misión europea que combate la migración irregular, en el que los funcionarios escribieron: “El patrón que sigue la guardia costera libia para ofrecer información aún no es aceptable” y que “la falta de respuestas por parte del mando conjunto sigue siendo un problema”.
El documento señalaba también “una situación crítica” en cuanto a los medios de los que disponía (sistemas de comunicación limitados, suministro de energía, teléfonos y computadoras personales) y decía que la situación “estaba condicionada por la presencia insuficiente de personal con conocimientos de inglés”.
Durante años, las autoridades libias han sido acusadas de interceptar barcos y llevarlos de regreso a la costa libia, donde se detiene y encierra a los migrantes en lugares en los que, según organizaciones internacionales, sufren torturas y abusos.
Las ONG: “Libia apena responden”
Riccardo Gatti, jefe de la misión de la ONG española Proactiva Open Arms, dice que era “casi siempre imposible” contactar con los libios y que los números de teléfono a menudo no funcionan o no existen.
Francesco Creazzo, portavoz del barco de rescate SOS Méditerranée sostiene que las autoridades libias “en la práctica casi no responden, sea el día de la semana que sea”.
“El retraso a la hora de comunicarse en el mar y la ausencia de capacidad de coordinación por parte del centro conjunto de rescate libio pone a las personas en aún más peligro, tiene un coste humano inaceptable”, dice también Ellen van der Velden, encargada de las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras.
“La clave, en todo caso, está en que la Unión Europea prioriza la vigilancia fronteriza sobre la búsqueda y rescate y ha puesto la responsabilidad de la coordinación de gran parte de las actividades en el mar en la contraparte libia”.
En otro documento elaborado por la Fiscalía italiana, los investigadores describen a Abdalsamad como “no cooperativo” y añaden que en el incidente del 16 de junio denegó “al barco de una ONG autorización de entrada en aguas libias para rescatar dos embarcaciones que navegaban a la deriva”.
Abdalsamad: “Las comunicaciones no siempre funcionan bien”
Ese mismo día, más tarde, Abdalsamad, informó a Roma de que la guardia costera libia había interceptado cinco botes y rescatado a cientos de personas pero la Fiscalía no ha elaborado ningún documento que corrobore esa afirmación.
Contactado por The Guardian, Abdalsamad dice que no podía responder a ninguna pregunta sobre lo sucedido en 2017 porque “sería muy difícil encontrar los registros de aquellos hechos”. Sí reconoció, en cambio, que “las comunicaciones con sus contrapartes italianas no siempre funcionan bien” y que había problemas “en las telecomunicaciones en Libia que a menudo provocan interrupciones”.
“Debe comprender que Libia ha sufrido una guerra”, agrega.
No hay cargos contra ningún funcionario libio
Los jueces sicilianos que grabaron sus comunicaciones durante meses como parte de la investigación a las ONG, no han presentado cargos contra ningún funcionario libio.
La semana pasada el Ministerio de Justicia de Italia anunció que ha enviado inspectores a Trapani, en Sicilia, para “desarrollar con urgencia las investigaciones preliminares que sean necesarias” en el marco de la causa de la Fiscalía, después de que se hiciera público que también se grabaron conversaciones con fuentes confidenciales de al menos 15 periodistas que cubrían el caso de las ONG y algunos abogados especializados en derechos humanos
Maurizio Agnello, fiscal a cargo del caso en Trapani, emitió un comunicado en el que afirma “creer que lo más oportuno y responsable es que no participe en ninguna conversación más sobre este tema”.