El juez italiano encargado del caso de Proactiva Open Arms reconoce que el centro de Roma que coordina las operaciones de salvamento en el Mediterráneo cede el control de los rescates a Libia aunque los guardacostas libios se encuentren más lejos de embarcaciones en apuros que otros buques, como los de las ONG. Es lo que ocurrió en los dos rescates efectuados por la organización catalana, por los que está siendo investigada acusada de “favorecer la inmigración ilegal”, según el auto en el que el magistrado de Ragusa ha ordenado liberación de su barco.
En el documento, al que ha tenido acceso este medio, el juez Giovanni Giampiccolo elabora una reconstrucción cronológica de lo sucedido. Según recoge, a las 4:35 del 15 de marzo, la unidad operativa italiana instó a la ONG española a asistir a una embarcación que había sido avistada un cuarto de hora antes por un helicóptero militar de la operación Sophia, que busca perseguir a las redes de tráfico de personas en el Mediterráneo.
Tras el aviso, la ONG Proactiva Open Arms puso rumbo hacia el lugar donde se encontraba la embarcación en apuros. A las 6:44 otro barco militar italiano informó al centro de coordinación de que había comprobado que la guardia costera libia también se dirigía a ese punto. Roma confirmó que la nave de Proactiva se encontraba más cerca, pero tras una llamada a las autoridades libias, pidió a la ONG que desistiera.
“Roma comunicó que el buque de Open Arms estaba a 10 millas náuticas de la embarcación de los migrantes”, describe el auto. Sin embargo, poco después, desde la capital italiana informaron a la ONG de que “la guardia costera libia había asumido la coordinación del salvamento” pese a que tardaría “cerca de una hora en llegar”, según se incluye en el auto. El juez también indica que el centro de coordinación “había reclamado expresamente a la ONG permanecer fuera de la vista de los migrantes”.
Minutos más tarde el centro de coordinación italiano recibió un segundo aviso de otra embarcación en problemas, a la que envió a los voluntarios españoles. En una hora y media la ONG concluyó el rescate de 117 personas, mientras que acto seguido comunicó que había avistado a otras personas en el mar.
Se trataba de la primera embarcación, de la que las autoridades libias ya se habían hecho cargo. Sin embargo, algunos migrantes habían caído al mar, de modo que los equipos de rescate de Proactiva actuaron para poder rescatarlos.
Incidente con los guardacostas libios
Ahí comenzó la disputa con las autoridades libias, que mandaron un fax a sus colegas italianos para que le pidieran a la ONG que cesara en su empeño y transfiriera a los migrantes que había rescatado a una embarcación del país africano. La central operativa de Roma siguió las órdenes de Trípoli, pero Proactiva hizo caso omiso y continuó su camino con los migrantes hacia un puerto seguro.
El contenido del auto judicial confirma por tanto la denuncia de los miembros de la ONG. “Por primera vez nos han avisado de que la guardia costera libia tomaba la coordinación de las operaciones”, reveló el coordinador de Proactiva Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, en una comparecencia organizada en el Senado italiano. Una circunstancia que “no cambió” su modus operandi, añadió Gatti.
Hasta este momento, la Guardia Costera de Roma había manejado siempre la coordinación de los rescates. Libia ha aumentado su grado de implicación desde el pasado verano –cuando firmó un acuerdo con el Gobierno italiano que incluye apoyo económico, técnico y logístico–, pero no había precedentes de que los italianos cedieran de este modo el control.
“Ha sido una operación diferente a todas las demás. Se han incorporado nuevos métodos que no conocíamos y es muy difícil saber cómo actuar si no te explican las nuevas reglas que hay en juego”, añadió Óscar Camps, en la citada rueda de prensa en el Senado.
La necesidad de desembarcar en “un lugar seguro”
Como también indica el juez en su auto, pocas semanas antes acababa de entrar en vigor la operación Themis, que sustituye a la operación Tritón. Un nuevo marco legal que “deja la decisión del desembarco al país que ha coordinado el rescate en concreto”, según explicó entonces Izabella Cooper, portavoz de la agencia europea Frontex.
La dificultad en este caso radica en saber cuál fue la autoridad que realmente lo gestionó. Porque si bien empezó en manos italianas, estos trataron de que fueran los libios quienes se hicieran con el mando.
El juez estima que la ONG incumplió la orden de obedecer a las autoridades libias y tampoco se puso en contacto con Malta para poder desembarcar allí. Sin embargo, reconoce que ocurrió en un momento de máxima urgencia y que las “operaciones de rescate no se limitan a la recuperación en el mar, sino que deben concluirse con el desembarco en un lugar seguro”.
Para el abogado de Proactiva en Italia, Alessandro Gamberini, “lo importante es que se reconoce que no se puede obligar a un equipo de salvamento a transferir migrantes a un lugar que no es seguro, como es actualmente Libia”. En declaraciones a eldiario.es, Gamberini recuerda que la investigación sigue su curso, pero la liberación del barco “es un paso muy importante”.
El juez también incluye en su escrito las grabaciones en posesión de Proactiva, en las que los guardacostas libios reclaman el traspaso de los migrantes –218 en total–, mientras “parece que dicen I kill you (te mato)”, según el auto. Mientras, Malta ni se implica en las operaciones ni considera que sus puertos sean un “lugar seguro”, alegando que no hay espacio en su territorio para acoger migrantes.
Distintas organizaciones han condenado la actuación de los guardacostas libios en el mar y las condiciones de los centros a los que trasladan después a los migrantes. En un reciente informe, Aministía Internacional acusó a los gobiernos europeos de ser “cómplices, a sabiendas, en la tortura y los abusos cometidos contra decenas de miles de personas refugiadas y migrantes detenidas en condiciones atroces en Libia”.