Italia amenaza a las ONG que rechazan el código de conducta con excluirlas del sistema de rescates
Estaba en juego, decían, la capacidad de las ONG para poder seguir salvando vidas en el Mediterráneo central. El lunes, día elegido para la firma del código de conducta con el que Italia pretende “regir” estas operaciones de rescate, transcurrió entre reuniones maratonianas y comunicados a última hora. Algunas, como Save The Children o Proactiva Open Arms, optaron finalmente por adherirse al documento. Otras, entre ellas uno de los “buques insignia” del salvamento en las costas europeas, Médicos Sin Fronteras (MSF), decidieron no apoyarlo.
El texto, elaborado por el ministerio italiano del Interior para hacer frente al aumento de las llegadas de migrantes, impone una serie de normas que entrarán en vigor en 2018 para regular la labor de las ONG en la zona de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) del Canal de Sicilia, frente a las costas de Libia. Estos rescates, según recuerdan las organizaciones, ya se rigen por la legislación internacional en coordinación con la guardia costera italiana y suponen más de un tercio del total de operaciones de salvamento en la zona.
Las 15 ONG que salvan migrantes y refugiados en el Mediterráneo habían propuesto en varias reuniones una serie de enmiendas al documento inicial encaminadas, sobre todo, a clarificar algunos de los 13 puntos demandados por el Gobierno italiano, al considerar que eran “demasiado ambiguos”. El texto final, que incluía algunas modificaciones, no convenció a todas. Además de MSF, lo ha rehusado la ONG alemana Jugend Rettet y se han abstenido Sea-Watch, Sea-Eye y SOS Mediterranée.
Las consecuencias de no secundar el documento aún no están claras, aunque el Ministerio del Interior italiano ya ha advertido que estas ONG serán excluidas de la coordinación oficial de los operativos. “Después de haber rechazado la aceptación y firma, las organizaciones quedan fuera del sistema organizado de rescates marítimos, con todas las consecuencias concretas que pueden tener”, alertaron desde el Gobierno italiano, sin dar más detalles, un comunicado oficial lanzado tras la última reunión. Sin embargo, las organizaciones reiteran la obligación legal de auxiliar a personas en peligro en el mar, avisando a los operativos de rescates más cercanos, entre ellos el italiano.
Las advertencias de Italia han estado presentes desde el inicio de las negociaciones. Según advirtieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el borrador del código incluía “la amenaza de negarse a permitir” que los barcos de las ONG desembarcaran en los puertos italianos “si no firman el código o incumplen” alguno de sus compromisos. Una disposición que no figura en la versión definitiva firmada este lunes a la que ha tenido acceso este medio.
“Creemos que la decisión de no firmar el código no tendrá consecuencias directas en nuestra labor. Tenemos que ser prudentes y continuar respetando las leyes internacionales, como hemos hecho hasta ahora”, recalca en una conversación con eldiario.es David Noguera, presidente de MSF en España, quien ha reiterado “la disposición de la ONG para sentarse y sumar esfuerzos en una mejor coordinación”. La organización humanitaria ya ha adelantado su intención de seguir adelante con sus operaciones de salvamento con las que ha rescatado a más de 16.000 personas.
La prohibición de transbordos a buques mayores
Varios son los motivos por los que MSF ha decidido descolgarse del código de conducta, puntos que también habían sido cuestionados y enmendados por otras organizaciones. En primer lugar, la prohibición general, contemplada en el documento, de transferir los migrantes rescatados a otros buques mayores para que sean llevados a los puertos italianos, algo que se solía hacer “bajo la coordinación” del centro de rescates italiano para aprovechar mejor la capacidad de los embarcaciones de mayores dimensiones.
A juicio de la organización, esta restricción puede provocar que las zonas de mayor riesgo queden desatendidas y “puedan perderse más vidas”, al obligar a los barcos a navegar de vuelta a Italia durante “48 horas”, lo que no permite que estén disponibles y “retrasa” los rescates, según MSF.
Además, añaden, “elementos de confusión innecesaria acerca de a quién contactar, que se introducen en el código, podrían reducir las operaciones cuando los minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte”, comentan en un comunicado. “Estamos convencidos de que va a haber una mayor descoordinación entre las operaciones y una menor presencia de barcos, lo que puede causar más muertes”, alerta Noguera.
Esta cláusula también ha sido cuestionada por Proactiva Open Arms, que finalmente decidió apoyar el texto de Italia. “Dicen que solo podemos transferir a las personas por causa grave o inminente peligro, tras una orden del centro de control de rescates italiano, como estamos haciendo ahora”, puntualiza Gerard Canals, coordinador de operaciones de la ONG española.
“El código es muy similar a lo que estaba sucediendo. Nos habría gustado que cambiaran algunas cosas, pero visto desde la buena fe, el documento se puede firmar. Es muy amplio, pero intentamos verlo desde el lado positivo. Italia está recibiendo muchas llegadas y se han visto en la necesidad”, opina Canals en una entrevista con este medio.
“No viendo la necesidad imperativa de este documento, lo hemos entendido como la voluntad del Gobierno italiano de crear un marco claro de relación con las ONG”, expresa Proactiva en una carta dirigida al ministerio italiano. “El código no genera un marco legal nuevo, es una declaración de buenas intenciones. El marco legal ya nos da la norma que nos rige”, insiste el coordinador de la ONG de rescate. Con sus embarcaciones Astral y Golfo Azurro, Proactiva Open Arms ha rescatado a más de 20.000 personas.
Presencia de “policías armados” a bordo
Otra de las cláusulas controvertidas que alega MSF es la obligación de llevar a bordo de las naves a un policía judicial italiano, con vistas a “realizar investigaciones relacionadas con el tráfico de migrantes o la trata de seres humanos”. El código no especifica si el oficial puede o no ir armado, algo que las ONG habían pedido.
“Es inaceptable, porque somos una organización humanitaria y en ninguno de nuestros proyectos aceptamos, estrictamente, a personal armado. Por seguridad de nuestros trabajadores y nuestros pacientes”, critica Noguera. “Nuestro mandato es salvar vidas. Otras agendas son legítimas, pero no se pueden mezclar la actividad de rescate y la política de seguridad. Cuando nos mezclamos con el Gobierno, podemos dejar de ser organizaciones no gubernamentales”, prosigue.
La posible presencia de oficiales armados era la “línea roja” para Save The Children, tal y como comentó en una conversación con este medio previa a la reunión Catalina Perazzo, responsable de políticas de infancia de la rama española de Save The Children. Perazzo, que considera que el texto debe ser “una oportunidad para seguir salvando vidas”, apunta que su organización decidió finalmente apoyar el documento con un anexo en el que mencionaban esta cláusula y se negaban a autorizar la entrada a agentes armados.
“Firmamos con la condición de que no haya policía armada”, precisa la responsable de Save The Children. “Estaremos pendientes de que las actividades se puedan seguir desarrollando con normalidad”, afirma. Su buque, Vos Hestia ha salvado a 7.000 personas, de las cuales más de 1.300 eran niños.
Esta posibilidad también hacía temer a los responsables de Proactiva. “Se nos comentó de un modo informal que iban intentar ajustarse a la normativa interna de las organizaciones, aunque esto no está sobre el papel. No tenemos nada que esconder, ya suben agentes a nuestros barcos. Después de los médicos, son los segundos en entrar”, asevera Canals.
El respaldo de la Unión Europea y Libia
Más de 94.800 personas han llegado a Italia desde Libia a través de la ruta del Mediterráneo central en lo que va de 2017, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Ante el “número creciente de llegadas” de migrantes y refugiados, el Gobierno italiano acordó con el de Francia y el de Alemania, en una reunión de emergencia a principios de julio, poner en marcha este código de conducta.
El texto cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y recoge algunas de las exigencias de la guardia costera libia, como la prohibición explícita de no entrar en aguas territoriales del país africano. “Por nuestro impulso humanitario, si se producen naufragios en aguas territoriales libias iríamos a rescatar a las personas, pero no lo hacemos porque respetamos el marco legal”, argumenta Noguera.
Los guardacostas libios, según informó The Guardian, lleva meses asegurando que la presencia de ONG en las inmediaciones de las aguas territoriales libias “favorece que los migrantes se arriesguen a comenzar su peligroso viaje hacia Italia”. Unas acusaciones a las que también se han sumado desde Frontex o el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido. De hecho, el código de conducta prohíbe señalizar con luces a otras embarcaciones para no “facilitar el contacto con traficantes”. “Ellos creen que sucede, pero no. Y la guardia costera es la primera que sabe que no sucede”, insiste Canals.
Las ONG reiteran que su labor en el mar se debe a “la falta de respuesta” de los países europeos ante las muertes en el Mediterráneo. Desde comienzos de año, según la OIM, 2.385 personas han muerto en su intento de llegar a Europa. Precisamente este martes se han recuperado los cadáveres de ocho personas en cuatro lanchas neumáticas que navegaban a la deriva tras partir de Libia en dirección a Italia.
“Este código no nos puede distraer de lo importante. No podemos perder la foto grande: esta es una emergencia que se ha cobrado más de 12.000 vidas. La ruta más mortífera es el mar en el que nos bañamos cada verano. Y se debe, sobre todo, a que la UE es incapaz de montar una operación de rescate y de ofrecer vías alternativas a estas personas”, comenta el responsable de MSF. La ONG también ha reconocido los “laudables esfuerzos” de Italia para “salvar vidas en el mar ante una respuesta insuficiente de otros Estados miembros” de la UE.
El código de conducta se ha discutido en paralelo a la propuesta del Gobierno italiano de enviar barcos y aviones a aguas libias para apoyar a la guardia costera en “contrarrestar el tráfico de inmigrantes” y “gestionar el flujo migratorio” hacia el país europeo. Esta misión naval surge a petición de las autoridades libias y será debatida y votada este miércoles en la Cámara de Diputados. “No se puede presentar como un enorme envío de grandes flotas o de escuadrillas aéreas”, sentenció el primer ministro Paolo Gentiloni en su comparecencia ante los medios tras presentar el decreto aprobado por el consejo de ministros.
No obstante, Amnistía Internacional (AI) ha criticado lo que considera un “despliegue de buques de guerra” al entender que se trata de un “intento vergonzoso de eludir su deber de rescatar a las personas refugiadas y migrantes en el mar y de ofrecer protección a quienes la necesitan”. La ONG recuerda los “abusos terribles” que sufren migrantes y refugiados en Libia, documentados por diversas organizaciones. Al mismo tiempo, AI ha expresado su temor de que “se autorice a personal militar italiano a usar la fuerza contra contrabandistas y traficantes de personas”. A su juicio, esto “podría provocar” que personas refugiadas y migrantes “queden atrapadas en el fuego cruzado”.
