Una mujer llega a las costas andaluzas en patera pensando en que pronto se reencontrará con su hijo, que alcanzó Melilla un mes antes junto a su tía. Cuando pisa suelo español, después de ver morir a dos de sus compañeras de viaje, es encerrada en un CIE hasta que es derivada a un centro de acogida. Oumo dice que tiene un hijo que la espera, que está con su hermana en la ciudad autónoma. Quiere hablar con él, pero las autoridades melillenses no la escuchan. Muestra documentos que lo acreditan, pero desde la Consejería de Bienestar Social no la creen. Se somete a una prueba de ADN con la ayuda de varias organizaciones. Tampoco confían.
Desconfianza tras desconfianza, trámite tras trámite, han transcurrido cinco meses desde que Oumo, de origen costamarfileño, no ve a su hijo de cuatro años, como han denunciado este jueves las ONG Women's Link y la Merced Migraciones. El niño continúa en un centro de menores de Melilla, a donde llegó con su tía, de la que también fue separada. A ella tampoco le permiten visitar a su sobrino a pesar de haber probado ese vínculo familiar.
Aunque con sus particularidades, no es un caso aislado. El año pasado, en la misma ciudad autónoma, Hizia, una mujer de origen argelino, fue separada de su hijo durante poco menos de un mes. Ambos llegaron juntos a Melilla a través del paso fronterizo de Beni Enzar. Para lograrlo, la madre mostró un pasaporte falso, por lo que, al pisar suelo español, las autoridades melillenses activaron el dispositivo ante un posible “riesgo de utilización de menores”.
El niño pasó a disposición de los servicios de protección de menores hasta “demostrar el vínculo” entra ambos, se cortaron las comunicaciones hasta que dos pruebas de ADN resultaron positivas. Entre tanto, pasaron 24 días en los que, prácticamente, madre e hijo no pudieron verse ni hablarse, a pesar de residir en la misma ciudad.
Son las secuelas de la aplicación “sobreactuada” de las medidas de prevención de la trata de seres humanos y contra la utilización de menores, incluidas en el Protocolo Marco de Menores No Acompañados, explica Gema Fernández, letrada de Women's Link. Este mecanismo se puso en marcha para proteger a los menores que eran usados por las redes de trata de seres humanos para que las mujeres que los acompañaban -mujeres víctimas de la red y extorsionadas por esta- pudiesen permanecer en España, obligándolas a hacerse pasar por sus madres.
“Ante esa nueva realidad en la que llegaban esos niños utilizados por las redes de trata, el Estado quiere velar por sus derechos, para que no estén en riesgo. Entonces, crearon este mecanismo para llevar a cabo la identificación de esos menores. A la hora de aplicarlo, han tomado una actitud en la que cualquier persona es sospechosa”, describe Fernández.
Qué dice el protocolo
El protocolo establece la forma de actuar de las autoridades cuando las fuerzas de seguridad localicen, tras entrar en el país de forma irregular, a un menor acompañado de una persona adulta que afirme ser su madre o su padre pero “no lo acredite de manera indubitada mediante documentación o por otro medio”.
No obstante, aunque sí exista un vínculo real entre ambos, la inexistencia de un papel que lo acredite no es una situación excepcional ya que, durante las rutas migratorias, es común la destrucción de la documentación para dificultar una posible deportación en el país de destino.
Según el Protocolo, en este caso, el adulto será entrevistado “por personal cualificado del Cuerpo policial” y, posteriormente, se solicitará que, voluntariamente, se someta a una prueba de ADN para comprobar. El test se realizará, dice el protocolo, “en el plazo más breve posible, salvo causa justificada”.
La separación del menor y la persona que lo acompaña aparece referida como medida extrema, en caso de “situación de riesgo inminente” para el niño o la niña, que pasaría a los servicios de protección del menor hasta que se demuestre el vínculo existente entre ambos.
“Si de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia, se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, la entidad pública de protección de menores acordará la separación del menor del adulto y su acogida provisional mientras se practican las oportunas diligencias de investigación, que justifiquen la reagrupación del menor con dicho adulto”, establece el protocolo.
La separación, una “medida excesiva”
Desde Women's Link y Save The Children consideran que la separación y el internamiento del menor en un centro de acogida se está empleando de forma “excesiva” y sin atender a la relación entre la madre y el hijo que, en ocasiones, puede observarse a simple vista.
“Evidentemente, hay que proteger a los niños y niñas si no hay documentación que acredita que la relación materno-filial y, para ello, hay que ordenar unas pruebas de ADN. El problema es que se está efectuando la separación de forma automática para valorar el vínculo el apego y las pruebas, que deberían ser rápidas, son muy lentas”, considera Catalina Perazzo, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children.
“Hemos visto que se han llegado a separar a bebés lactantes. Eso no debería de pasar. Si se declara al niño en situación de riesgo, se deberían de poner los medios para que los niños estén protegidos sin separarlos de la familia: si hay una mínima posibilidad deque de verdad exista este vínculo, no debería de separarse”, añade Perazzo.
En el caso de Hizia, la mujer argelina que fue separada de su hijo en Melilla durante un mes, las autoridades del Servicio de Protección de menores llegaron a ser testigos de los sollozos del menor tras un encuentro fortuito, cuando se lo llevaban de nuevo al centro de acogida. Los gritos de “mamá” y sus abrazos no fueron suficientes para demostrar el vínculo y permitir cualquier contacto con el menor. Tampoco una primera prueba de ADN, pues le forzaron a realizar un segundo test.
Para Cristobal Fábregas, fiscal delegado de Extranjería en Jaén, asegura en declaraciones a eldiario.es que el trámite de la prueba de ADN ha de hacerse “con prontitud” y, en cualquier caso, apunta, “es irregular cortar las comunicaciones mientras se espera por los resultados porque no se está pensando en el bien supremo del menor”.
“Una cosa es que sigas un protocolo determinado y otra que eches arena a los cojinetes. Primero no se toma ninguna acción cuando la madre se pone en contacto con el Servicio de Protección de Menores, la Fiscalia de Menores de Melilla no ha movido un dedo y no se ha solicitado la prueba de ADN sino que ella misma, con la ayuda de dos ONG, se ha sometido a la prueba resultando positiva... Sin embargo, Melilla la ha rechazado y ha pedido hacerla en su laboratorio, cuando los criterios están estandarizado... ”, lamenta el fiscal.
Violeta Assiego, abogada e investigadora sobre la situación vulnerable de la infancia en España, destaca la importancia de recordar la “falta de protección” de los menores migrantes en la ciudad de Melilla. “El Gobierno de la ciudad tiene un problema para entender que todos los menores independientemente del color de su piel tienen unos derechos que han de ser respetados”, señala.
Tanto en el caso de Oumo como en el de Hizia, sostiene Assiego, “se aplica la rigurosa ley a madres que llegan con sus hijos sin hacer caso a los resultados de unas pruebas biológicas, forzando los requisitos y retorciéndolos hasta vaciarlos de sentido”. Según considera, la Consejería de Bienestar Social de Melilla “acaba negando la evidencia de ver a un menor y llamar 'mamá' a su madre, provocando que un niño sufra por esa ausencia injustificada”.
La letrada de Women's Link recuerda que, “cuando se solicita una prueba de ADN ante una posibilidad de que salga negativa, las autoridades tienen que entender que la eventualidad de la separación esta privando al menor de su derecho a la vida familiar”. Cuando se realiza de forma sistemática y con tal lentitud, indica, “al final, por proteger el derecho de los niños se violan los derechos de los padres, de las madres y de los propios niños”.
Los efectos que puede causar en el menor una separación repentina, después de vivir un proceso migratorio, explican desde Save The Children, pueden resultar “traumáticos”. “La relación entre la madre y el hijo es algo fundamental para su desarrollo evolutivo. Han venido de un trayecto migratorio que va a impactar en el niño y esa separación va a tener un impacto negativo seguro. En él y en la relación con su madre”, apunta Perazzo.
“Pueden sentir sensación de abandono y, en un futuro, representarse en daños psíquicos importantes”, describe la responsable de Política de Infancia de la ONG, que recuerda la respuesta cuando le preguntaban cómo estaba su niño poco después de reencontrarse con él: “Bueno, bien, aunque le veo un poco triste”.
Mientras el Servicio de Protección de Menores de Melilla no aporta una respuesta a Oumo, continúa imaginando el día en el que vuelve a reencontrarse con su niño. Sin casi poder dormir ni comer, piensa en cómo se encontrará su hijo en un lugar que no conoce y hasta se culpa por haberse subido en una patera para intentar ofrecerle mejores oportunidades, describe la investigadora Helena Maleno en este artículo.
“Cuando llegué a España, hice todo lo que pude para hablar con mi hijo pero la gente de Melilla se negó a que hablase con él. Me he hecho las pruebas de ADN, he hecho todo lo posible, pero no entiendo nada...”, reconoce la mujer costamarfileña, que no puede comprender la razón de que incluso se le niegue felicitar a su hijo el día de su cumpleaños. “Esto me tiene muy mal”.