El pasado 30 de agosto, la suerte del pescador tunecino Chamseddine Bourassine, un héroe en su país por haber salvado la vida de miles de personas que se jugaron su futuro en el Mediterráneo, dio un giro de 180 grados. Esa noche, la Policía italiana lo arrestó junto a cinco de sus compañeros, a los que se les acusa de querer introducir “ilegalmente” a 14 migrantes en el país a los que asistieron en el mar. Durante un día entero, los marineros tunecinos se habían servido de su pesquero para remolcar hacia Italia una pequeña embarcación en riesgo que marchaba a la deriva con estas 14 personas a bordo.
Horas después de que un avión del operativo de vigilancia europeo Frontex los avistara, un buque militar italiano interceptó ambas embarcaciones cuando se encontraban a pocas millas de Lampedusa. Los migrantes fueron trasladados a un centro de identificación de la isla, mientras que los seis pescadores fueron conducidos a una prisión en la ciudad siciliana de Agrigento, donde se encuentran actualmente. Este jueves, el Gobierno tunecino pidió a Italia su inmediata puesta en libertad.
Los hechos quedan expuestos en el auto firmado por el juez de Agrigento, Stefano Zammuto, al que ha tenido acceso este medio. Según el texto, durante algunas horas, los migrantes subieron a bordo del pesquero, donde recibieron comida, agua y otros víveres. De la declaración ante las autoridades de estas 14 personas –entre ellos hay cuatro menores– se extrae que habían “partido desde Zarzis (Túnez) para alcanzar Italia”, que habían “pagado una suma de dinero para efectuar el viaje” y que fueron asistidos por los pescadores.
Por todo esto, el juez admite la denuncia de la Fiscalía, que los acusa de haber favorecido la “entrada ilegal” de los migrantes en Italia “con un fin de lucro”. Se enfrentan a un delito de “favorecimiento de inmigración clandestina”, por el que podrían recibir penas de cárcel de más de 10 años.
Los acusados, sin embargo, declararon que encontraron “casualmente” mientras faenaban una pequeña embarcación fuera borda “con problemas en el motor”, según recoge el propio auto. Lo mismo defiende Anis Souie, secretario general de la Asociación de Pescadores de Zarzis, en una conversación con eldiario.es: “Nuestros compañeros encontraron a esta gente perdida en el mar, llamaron a las autoridades libias y maltesas, pero nadie vino a socorrerlos. No tuvieron otra elección que arrastrarlos con su barco hacia la zona más segura, que en este caso era Lampedusa”.
Souie, en contacto con sus colegas detenidos en Italia, asegura que “en un primer momento los pescadores les propusieron a los refugiados llamar a la Marina tunecina, pero estos amenazaron con tirarse al agua y suicidarse”. “Después, estas 14 personas pidieron que les dejaran, que esperaban la llegada de una embarcación que les ayudara, pero los pescadores decidieron que lo primero era salvar sus vidas”, prosigue.
Según su testimonio, las llamadas a las autoridades italianas fueron constantes, aunque el auto del juez no recoge este hecho. Al contrario, el magistrado afirma que “privilegia” la denuncia de los fiscales basándose en los testimonios de los migrantes rescatados. Los pescadores continúan en prisión provisional, en una situación que, según expertos jurídicos consultados, podría prolongarse al menos un año hasta que haya una sentencia firme.
Siete años de rescates
“Chamseddine Bourassine es nuestro líder”, recalca el secretario general de la Asociación de Pescadores de Zarzis, una ciudad del sur de Túnez, de la que Bourassine es presidente. Es toda una institución, no solo en su país, sino más allá de sus fronteras. La organización se creó en 2011, cuando comenzó el éxodo de migrantes desde Libia tras la caída de Muamar el Gadafi. Los marinos cambiaron su actividad comercial por el rescate de personas, a las que nunca intentaron llevar a Italia, como ahora se les acusa, sino que los trasladaban a la costa tunecina.
Los pescadores de Zarzis colaboraron con proyectos humanitarios italianos y en 2015 participaron en una misión de rescate en el Mediterráneo coordinada por Médicos Sin Fronteras. Además, el verano pasado contribuyeron a frenar el atraque en un puerto tunecino de la organización neonazi C-Star, cuya misión era impedir el trabajo de las ONG. Su labor se ha visto reconocida este año con la nominación al Premio Nobel de la Paz, como parte de una red de organizaciones dedicadas a salvar vidas en el mar. Y mientras el jurado de Oslo se decide, Bourassine y sus compañeros pasan sus días en una cárcel italiana.
Este jueves, el Gobierno tunecino ha pedido a Italia la liberación inmediata de sus ciudadanos, según informa la Agencia Efe. Para ello, el cónsul de este país en Italia ya se ha desplazado hasta Agrigento, asegura Salvatore Cosumano, el abogado italiano que los asiste. Mientras, en las calles, varias decenas de personas se han concentrado esta semana frente a la embajada de Italia en Túnez para exigir el fin de la detención.
Criminalización de la ayuda humanitaria en Italia
El caso de los seis pescadores detenidos no es el primero de este tipo en Italia, que con la llegada al Gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga ha impuesto una política de mano dura para frenar la llegada de migrantes. El ultraderechista ministro del Interior, Matteo Salvini, ha cerrado sus puertos a las ONG, a los barcos de otros países e incluso impidió durante 10 días el desembarco de más de un centenar de migrantes rescatados por un buque italiano, por lo que está siendo investigado por la Justicia.
La ONG española Proactiva Open Arms ha denunciado en multitud de ocasiones –también otras organizaciones– la criminalización que han sufrido por parte de las autoridades italianas, que en los últimos meses se ha visto agravada por los ataques de Salvini y el cierre de puertos. En marzo de este año, la ONG catalana también fue acusada de “favorecer la inmigración clandestina”, por lo que su barco fue retenido durante semanas en el puerto siciliano de Pozzallo. La investigación de la Fiscalía continúa abierta, pero de momento, los jueces no han hallado ningún delito, de modo que el barco fue liberado hace meses.
Un año antes, la nave Iuventa, de la ONG alemana Jugend Rettet, también fue requisada, bajo la acusación del mismo delito a su tripulación. Sin embargo, en esta ocasión el Tribunal Supremo sí que confirmó que la embarcación continuara incautada mientras se avanza en el proceso. Leonardo Marino, uno de los abogados que defiende a la ONG, asegura que este tipo de procesos son farragosos porque “las acusaciones no son fáciles de probar”, a pesar de las denuncias de los fiscales. Marino descarta que el poder judicial se haya contagiado del ánimo del Gobierno, “como demuestra que el propio Salvini esté siendo investigado”.
No solo han sido acusadas ONG como Proactiva y Iuventa, también hay otros episodios de este tipo que afectan mayoritariamente a individuos particulares. Es el caso del sacerdote eritreo Mussie Zerai, investigado por la Justicia italiana por “favorecer la inmigración clandestina” por recibir llamadas de socorro de migrantes en peligro en el mar o de un hombre arrestado en Italia desde 2016, acusado de ser un traficante eritreo que responde al nombre de Medhanie Yehdego Mered.
Italia ha recibido informes que atestiguan que Mered está libre y vive en Uganda. Mientras, el arrestado y su presunta pareja –que vive en Suecia– han tratado de demostrar con muestras de ADN que su identidad no se corresponde con la persona que buscan, pero el juez de Palermo que sigue la instrucción no ha aceptado las pruebas. Michele Calantropo, el abogado que se ocupa del caso, se muestra resignado, si bien coincide con su colega Marino en que “los magistrados no siguen instrucciones del Gobierno”.
El hecho de que algunos de estos procesos se iniciaran antes siquiera de la llegada del Movimiento 5 Estrellas y la Liga al Ejecutivo avalan esta teoría. En esta campaña de “criminalización” de la ayuda humanitaria han jugado un papel importante magistrados como Carmelo Zuccaro, fiscal de Catania, que fue el primero en acusar a las ONG de colaborar con los traficantes y que ha abierto varios procesos por “inmigración ilegal”. De los jueces depende después el futuro de estos casos, como les ocurre ahora a Chamseddine Bourassine y los otros cinco pescadores tunecinos.