- Los portavoces de Armas bajo Control muestran su “decepción” tras conocer que Defensa ha autorizado el envío del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada semana
Lo rozaron con los dedos, conscientes de lo difícil que era que el Gobierno escuchara sus demandas. Las ONG especializadas que llevan años reclamando el cese de la venta de armas a Arabia Saudí aplaudieron hace una semana el anuncio del Ministerio de Defensa de paralizar el contrato de 400 bombas de precisión láser por el riesgo de cometer crímenes de guerra contra la población civil en Yemen.
Este miércoles ha llegado la “decepción” tras conocer que Defensa ha autorizado el envío del cargamento paralizado por Margarita Robles la pasada semana. Según han confirmado fuentes diplomáticas a El Periódico, la autorización se ha producido durante la mañana de este miércoles. El Ministerio de Defensa no ha querido confirmar ni desmentir la información hasta el momento. Las organizaciones aseguran que ellas tampoco han recibido la confirmación de esta información.
“A la espera de confirmación oficial, es muy decepcionante y una pésima noticia porque este tipo de armas de precisión de armas se han usado para atacar bodas, funerales, todo tipo de objetivos civiles y en muchas ocasiones en los mas de 18.000 bombardeos registrados en tres años de guerra”, explica a eldiario.es Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional (AI), FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón.
En la misma línea se expresa Esteban Beltrán, director de AI en España. “Es simplemente inaceptable que se puedan autorizar estas bombas sabiendo como se sabe que se puede utilizar para bombardear a población civil en Yemen”, afirma.
Observadores internacionales han atestiguado que las fuerzas saudíes han utilizado el mismo tipo de armamento, importado desde países como EEUU, Reino Unido y Brasil, para bombardear de manera indiscriminada a la población civil. Según confirmó el Ministerio la pasada semana, los trámites para devolver los 9,2 millones de euros que Arabia Saudí pagó por las bombas ya habían comenzado. La ONU ha pedido recientemente a todos los países “abstenerse de proporcionar armas que puedan ser utilizadas en el conflicto en Yemen” y ha acusado a todas las partes en la guerra, incluida la coalición que lidera el régimen saudí, de cometer potenciales crímenes de guerra.
“Podemos estar ante un incumplimiento muy grave y una violación flagrante de la ley. Potencialmente, haría que España pueda ser cómplice en la comisión de crímenes de guerra”, recalca Estévez. “Teníamos una cierta esperanza, somos realistas y sabíamos que era difícil, pero esto es la prueba del algodón y es un fracaso enorme del Gobierno, porque estaría violando la ley”, reitera. La legislación española que regula el comercio de armamento prohíbe este tipo de ventas y exige vetar cualquier envío a países sobre los que existan “indicios racionales” de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o uso de las armas contra civiles.
“Una vez más, se prioriza la defensa de los derechos comerciales frente a los derechos humanos absolutamente lamentable y caso omiso a la recomendación del grupos de expertos de la ONU”, sostiene Paula San Pedro, portavoz de Oxfam en la campaña. “La decisión de Defensa fue un punto de inflexión y nos sorprendió muy gratamente, llevamos 20 años de campaña y no es una agenda fácil. Ya se ha abierto un debate relevante y la sociedad española que podía haber vivido de espaldas a esta realidad, ahora la conoce”, prosigue.
Se trataba, además, de uno de los compromisos enumerados por el PSOE en su programa electoral, en el que prometió “cumplir estrictamente” lo recogido en la Ley sobre comercio de armas, “denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”. También se comprometió a reforzar “el control parlamentario y la transparencia”.
“Si sabes, como Gobierno, que las armas se pueden utilizar esas exportaciones hay que prohibirlas, no se puede autorizar. Hay que resistir a las presiones, ¿dónde queda la soberanía nacional? El Gobierno tiene que ser firme en sus principios, esto no es como aquello que decía Groucho Marx de 'si no le gustan mis principios, tengo otros”, comenta Estévez.
Con la decisión de paralizar el contrato, España se sumaba al grupo de países que han restringido la venta de armamento a los saudíes. Sin embargo, la decisión de la ministra pilló por sorpresa a una parte del Ejecutivo. Exteriores tuvo que enfrentar las quejas de la monarquía absolutista, que según algunas fuentes, amenazó en privado con cancelar el contrato asignado a Navantia para construir cinco corbetas.
La tensión creció con las protestas de los trabajadores de la empresa pública, que se manifestaron para pedir al Gobierno que no pusiera en riesgo los 6.000 puestos de trabajo que dependen de la construcción de los buques. La situación derivó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a enmendar a su ministra de Defensa y asegurar que la decisión sobre la cancelación de la venta de las bombas no era definitiva. Días más tarde, Robles reconoció que la venta no se había cancelado, como confirmó Defensa en un principio.
Hace una semana, las ONG se reunieron con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Durante el encuentro, el Gobierno confirmó que estaba revisando las exportaciones de armas a Arabia Saudí, tal y como anunció después del bombardeo de un autobús que dejó decenas de menores muertos en Yemen el pasado 9 de agosto.
Este miércoles, las organizaciones vuelven a reclamar lo mismo que hicieron entonces: que el Ejecutivo siga adelante con la anulación del contrato de las bombas de precisión láser y que revise todas las licencias de exportación de armamento que pueda ser utilizado en la guerra que azota al país árabe. “Esperamos que el Gobierno recapacite, que Defensa sea valiente y tenga el coraje político de hacer lo que dijo con estas bombas, así como que revise todos los contratos, y que como pide Naciones Unidas, no permita la venta de armas que puedan ser usadas contra los civiles en Yemen”, sentencia Estévez.