Las ONG europeas acusan a España de inflar artificialmente la ayuda al desarrollo
Oficialmente la contribución española para la cooperación al desarrollo fue el pasado año del 0,16% de la Renta Nacional Bruta (RNB), lejos de otros países como Portugal (0,23%) o Reino Unido (0,72%). Una distancia respecto a sus vecinos europeos que podría aumentar si atendemos al informe AidWatch 2014, elaborado por la Confederación europea de ONG para el desarrollo y la ayuda humanitaria (Concord). El documento sostiene que España ha inflado “artificialmente” las ya bajas cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Según Concord, si retiramos de esta partida las cancelaciones de deuda, los costes relacionados con los refugios o la ayuda multilateral, la inversión española se rebajaría hasta el 0,14%, colocándonos al nivel de Grecia, Estonia o Eslovaquia. Y todo, porque según las ONG, el Gobierno incluye como gastos unos conceptos que en ningún caso llegarán a los más necesitados; no tendrán efecto sobre el terreno.
Un modo de proceder legal, aprobado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que levanta demasiadas suspicacias entre las organizaciones sin ánimo de lucro. “Aunque esté permitido, es un dinero que se queda en España, no sale al exterior, nunca llega a los países destinatarios de la ayuda”, asegura Maite Serrano, directora de la Coordinadora en España.
“Esa parte de los fondos que no contribuyen al desarrollo sólo sirven para aparentar que se está haciendo un esfuerzo mayor del que realmente se lleva a cabo”, añade Serrano. Ante esta situación, los autores del informe se inclinan por pedir a los países de la Unión Europea que den por terminadas estas prácticas. “Dejar de inflar la deuda y no reportar como AOD cantidades de ayuda infladas: costes de los refugiados, costes imputados de estudiantes, ayuda ligada, intereses sobre los préstamos y cancelación de la deuda”, se puede leer, junto con otra recomendación: “Ser más transparentes en lo que respecta a la ayuda al desarrollo”.
No obstante, sea la ayuda de un 0,16% o de un 0,14%, la inversión que España dedica a esta partida nos sitúa en el ranking mundial de los sextos por la cola. Es más, con estos porcentajes tampoco cumplimos el objetivo marcado por las Naciones Unidas, que se eleva hasta el 0,70%. Y de cara al futuro, el informe no es muy alentador: el año que viene, dice, “España tampoco logrará el objetivo”.
La distancia no se detiene ahí. La aportación media de la UE es el doble que la española: 0,4%. En nuestro entorno, países como Dinamarca aportan el 0,85% de toda su RNB, una magnitud económica que representa todos los ingresos que reciben los factores productivos de un país durante un año descontando los bienes que se han utilizado para producirlos. En Finlandia conceden el 0,56% y en Alemania, el 0,38%.
La ayuda española a la cooperación, en niveles de los noventa
Ni la sanidad ni la educación: la partida social más afectada por los recortes del Gobierno es la ayuda española a la cooperación. Durante los últimos años, en plena crisis, esta partida ha retrocedido a niveles que no se registraban desde la década de los noventa. El año pasado, la totalidad de la ayuda española ascendió hasta los 1.656 millones de euros, 70 millones más que en 2012, debido a la cancelación de la deuda de África al sur del Sahara.
Pero el informe AidWatch 2014 hace especial hincapié en la ayuda que gestionó la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Este organismo, uno de los tres que reciben este tipo de ayudas, contó con 266 millones de euros para combatir la pobreza en veintitrés territorios “prioritarios”. Esto es, una caída en términos reales del 65% entre 2009 y 2013.
“Es un recorte brutal. España no puede seguir reduciendo la ayuda al desarrollo. Ha llegado a un punto en que lo siguiente sería ya cerrar la Agencia Española de Cooperación, porque se la ha dejado sin recursos”, asegura Maite Serrano. Apunta una falta de compromiso político como el principal motivo de esta caída: “El Ejecutivo está más interesado en respaldar económicamente la promoción de empresas en el extranjero que en invertir en la lucha contra la pobreza”.
Ante esto, en el capítulo de deberes pendientes, la Coordinadora emplaza a España a aumentar los recursos con el fin de que la ayuda se pueda concentrar geográficamente, la única manera por la que podría “tener impacto”. Del mismo modo, creen que se debe dar un paso al frente en la transparencia, visto que “la capacidad del Parlamento y los agentes responsables del desarrollo para influir en la toma de decisiones siguió disminuyendo”.
“Tanto en 2014 como en 2015, la ayuda española dependerá de nuevo de las negociaciones anuales con el ministro de Hacienda, quien de momento parece considerarlo como una inversión que no es esencial, incluso en un momento en el que España pretende parecer un actor mundial verosímil”, sentencia el informe respecto a su visión sobre la actitud de España.
A nivel europeo, el documento sostiene que el viejo continente debe demostrar su compromiso y credibilidad cumpliendo con los objetivos marcados por la ONU. Hasta la fecha, expone, sólo cuatro Estados miembros han destinado más del 0,7% a la ayuda a la cooperación al desarrollo el año pasado. En total, la Unión Europea desembolsó 56 millones y medio de euros. Y concluye: “Aquellos países que aún no hayan alcanzado sus objetivos deben adoptar, antes de diciembre de 2015, hojas de ruta vinculantes y plazos concretos para conseguirlo”.
