Noviembre de 2015, La Valeta. Dos meses después de la aparición del pequeño Aylan Kurdi en una playa turca, representantes de los 28 Estados miembros y una treintena de países africanos suscribieron un acuerdo para la creación del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, financiado en un 90% con fondos de cooperación al desarrollo. El objetivo era, decían, “hacer frente a las causas profundas” de la migración irregular.
Casi tres años después, una investigación de la Confederación Europea de ONG para el desarrollo y la ayuda humanitaria (CONCORD Europe) ha constatado que alrededor de un 40% del presupuesto, financiado en su mayoría con el Fondo Europeo de Desarrollo, está siendo desviado para reforzar directamente el control migratorio en terceros países. Estos proyectos, apuntan, “incluyen la contención y prevención de la migración irregular, la lucha contra la trata de seres humanos, retornos y readmisiones efectivas y la aplicación de leyes y gestión de fronteras”.
Entre ellas, el informe '¿Asociación o condicionalidad?' de CONCORD destaca la gestión por parte de Italia de un paquete de 46 millones de euros (cofinanciado entre el Fondo y el Gobierno italiano) que busca “consolidar las capacidades de las autoridades libias para gestionar las fronteras y reforzar la guardia costera” a pesar de las constantes denuncias de abusos de los derechos humanos sufridos por los migrantes en Libia.
“Un 70% del presupuesto del Fondo Fiduciario es utilizado para proyectos que podrían estar más relacionados con los objetivos de desarrollo y protección de los migrantes, que se corresponden con finalidades de la Ayuda al Desarrrollo”, explica Andrea Stochiero, coordinador del Grupo de Migraciones de CONCORD Europe. “Pero hay una parte utilizada para frenar las migraciones, como operaciones de represión de los traficantes que tienen consecuencias negativas para los derechos de los migrantes”, añade el responsable del informe.
Según el estudio, el desvío de los fondos de cooperación a objetivos de control fronterizo se materializa especialmente en dos países clave en las rutas migratorias: Libia, donde destaca la formación a los cuestionados guardacostas libios; y Níger, donde las operaciones contra el “tráfico de inmigrantes” están, según CONCORD, aumentando la pobreza en determinadas zonas cuya economía se levantaba gracias al tránsito de migrantes, como adelantó eldiario.es.
El caso de Libia
En Libia, “las medidas adoptadas en materia de seguridad y control de la migración protagonizan todos los documentos oficiales del Marco de Asociación” firmado entre el país de tránsito migratorio y la Unión Europea. Los primeros proyectos financiados por el Fondo Fiduciario, valorados en 26 millones millones de euros, pretendían, “mejorar la gestión de la migración y facilitar la repatriación y estabilización de las comunidades”, incluye el informe.
En 2017, tras la Declaración de Malta, la UE aprobó un paquete de 90 millones de euros. La documentación oficial describía como objetivos el “apoyo al gobierno local” para “mejorar las condiciones de acogida de refugiados ” y “proteger a las comunidades locales”, detalla la investigación. Sin embargo, CONCORD asegura que fuentes de la OIM confirmaron a sus investigadores la inclusión de “actividades de formación de la Guardia Costera libia para una gestión de la migración basada en los derechos humanos”.
No se quedaría ahí. El refuerzo de la Guardia Costera libia a través del Fondo Fiduciario se materializa con mayor concreción tras el Consejo Europeo celebrado en junio de 2017, relata la investigación. Entonces, los Estados miembros solicitaron un impulso de la “cooperación” para rebajar la presión migratoria a través del Mediterráneo Central (Libia-Italia).
En julio, un mes después, el Fondo aprueba un programa de 46 millones cofinanciado con el Gobierno italiano para “contribuir a la capacitación de la Guardia de Fronteras y Costas de Libia para mejorar sus capacidades”.
A juicio de CONCORD, este último proyecto “revela un cambio de estrategia de la gestión de la migración” en el marco de los programas del Fondo Fiduciario. Los investigadores concluyen que “su aprobación deja patente la desviación de fondos de desarrollo a través de el EUTF para financiar medidas de migración enfocadas en la seguridad”. El análisis de las ONG indica que este programa “representa ya en torno al 28% de la dotación total” del Trust Fund.
Vulneraciones de DDHH y falta de control europeo
“Todos los informes nos confirman que la guardia costera libia no respeta los derechos humanos. Los migrantes rechazados en Libia son llevados a centros de detención donde sufren abusos que han sido documentados. El apoyo del Fondo Fiduciario a los guardacostas libios se ha llevado a cabo sin tomar en cuenta las consecuencias”, ha criticado el coordinador del informe en declaraciones realizadas a eldiario.es.
“La política de financiación de la UE en Libia podría estar contribuyendo involuntariamente a mantener las devoluciones de migrantes a los campos de detención, a reforzar las prácticas de vulneración de derechos humanos y a fortalecer las milicias locales”, alertan las ONG europeas.
Todos estos riesgos, recuerdan, están ligados a unas políticas financiadas en parte con presupuesto del Fondo Europeo de desarrollo, cuyo objetivo debería ser la erradicación de la pobreza. “Va en contra de la finalidad de la Ayuda al desarrollo. Si se realizase con otro presupuesto, al menos sería más transparente, aunque mantendría los efectos negativos sobre los derechos de la población migrante. Pero, además, este Fondo mezcla todas las finalidades y responsabilidades, desvirtuando los principios de la cooperación al desarrollo”, cuestiona Stocchiero.
Las autoridades europeas defienden el desvío de fondos de cooperación al control de fronteras con el argumento de asegurar la seguridad en los países beneficiarios de la AOD. “Sin seguridad no hay desarrollo”, defendía el representante de la UE para el Sahel en una reciente visita a España.
La estrecha línea entre esa búsqueda de la seguridad en países de tránsito de migrantes y el apoyo a políticas que vulneran los derechos humanos podría controlarse con un mecanismo de monitoreo que, según CONCORD, no existe.
“No hay un sistema de control ni una evaluación de los proyectos financiados con el Fondo Fiduciario. Pasados dos años, habría que comenzar a reflejar si hay resultados sobre cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas. Sin embargo, no hay un monitoreo transparente”, concluye Andrea Stocchiero.