Pese al fracaso del referéndum celebrado el domingo para impedir la llegada de refugiados, el primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán, ha insistido este lunes en que reformará la Constitución para que la Unión Europea (UE) no pueda decidir sobre cuestiones migratorias.
Orbán ha interpretado como una rotunda victoria que el 98 % de que quienes votaron el domingo apoyaran el “no” a la decisión de Bruselas de imponer a Hungría la llegada de 1.294 refugiados, dentro del reparto por cuotas de un total de 160.000.
Lo que el dirigente conservador ha obviado es que la consulta ha sido nula, ya que sólo ha acudido a las urnas el 43,5 % del censo, por debajo del 50 % de quórum que establece la ley. En total, sólo el 39,9 % de las papeletas fue válido.
Ahora, la palabra prohibida para Orbán, y otros miembros del Gobierno es “nulo”, y concentra el mensaje en que el apoyo abrumador al “no” es un mandato para seguir oponiéndose a Bruselas. “La consulta popular alcanzó su meta y Hungría decidió y dejó claro qué es lo que los húngaros quieren en relación con la migración masiva”, ha asegurado en una intervención en el Parlamento.
El jefe del Gobierno húngaro insistió durante la campaña para el referendo que una alta participación era esencial para poder negociar con la UE con un “fuerte mandato” del pueblo. Ahora, sin embargo, ha considerado que la consulta logró su meta porque “representa la voluntad de 3,3 millones de húngaros”, ha insistido Orbán, pese a queel número de húngaros que actualmente tienen derecho a voto asciende a 8,3 millones.
Continúa la lucha contra Bruselas
Si hace sólo diez días Orbán pidió una participación del 100% y prometió que habría enmienda constitucional si la consulta era válida, ahora ya sólo habla del mandato de la mayoría de “noes”.
Más allá de la enmienda constitucional anunciada por primer ministro, de la que por ahora no se han facilitado detalles, el primer ministro ha advertido este lunes de que se avecina una “dura lucha” en Bruselas para cambiar las políticas de inmigración comunitarias.
“Si hubiera sido legalmente válido, habríamos dicho que tomamos nota. Como ha sido nulo, podemos decir que también tomamos nota de esto. Respetamos la voluntad democrática de los húngaros que votaron y de los que no”, ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.
La línea dura de Orbán en materia de inmigración (relacionando terrorismo con refugiados y alertando del fin de la identidad húngara) le ha dado un puesto de liderazgo entre los países del Grupo de Visegrado (República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría), que se oponen al reparto solidario de refugiados en la UE.
Pero tras la nulidad del referéndum, las críticas a Orbán le han llegado incluso desde el partido ultranacionalista y xenófobo Jobbik, que también apoyó el “no”. “Usted es un político fracasado y su peso ha caído en la Unión Europea, nadie le tomará en serio”, ha dicho el líder de esa formación, Gábor Vona, durante el debate parlamentario.
Pese a la nulidad de la consulta y las críticas recibidas, Orbán ha prometido seguir oponiéndose al sistema de reubicación, llegando a plantear si “Bruselas podrá imponer su voluntad”, a lo que contestó prometiendo que hará todo lo posible “para que esto no suceda”.
Vallas y devoluciones en caliente
Orbán ha asegurado que las vallas que el país ha levantado en sus fronteras del sur para impedir la entrada de refugiados no sirven de nada si “Occidente envía a aquellos que no han entrado en la Unión Europea por Hungría”.
A la oposición a las cuotas de acogida de refugiados impuestas por Bruselas, Hungría ha sumado la construcción de una nueva valla “más robusta” en la frontera y el aumento de la represión en su política migratoria. En este último punto, destaca la reciente implantación de una ley que legaliza las devoluciones en caliente a quienes entren ilegalmente en el país y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros.
Esta semana eldiario.es conocía de primera mano las consecuencias que estas medidas están teniendo sobre los propios refugiados, que explicaban cómo aplica Hungría esta nueva ley, al tiempo que relataban los abusos policiales sufridos en la frontera.