Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma “desproporcionada” en 2017. Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la situación en 159 países.
“Este ha sido un mal año para la libertad de expresión”, ha resumido Esteban Beltrán, director de AI en España, durante la presentación del documento.
La restricción al derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección “adecuada” a refugiados y migrantes o la violencia contra las mujeres fueron algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España el año pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales conclusiones.
Libertad de expresión y de reunión, “amordazadas”
La ONG alerta de que en 2017 se “restringió desproporcionadamente” la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Esta restricción se produjo especialmente debido a la situación política en Cataluña, tras la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley del referéndum: “En Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum”.
Además de las limitaciones a protestas pacíficas, AI denuncia también el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en relación a las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. “La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo”, recuerda la ONG.
Asimismo, AI tacha de “excesiva y desproporcionada” la prisión preventiva decretada en octubre para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de organizaciones independentistas, acusados de sedición, un delito, a su juicio, “definido de forma muy general”.
Por otro lado, decenas de personas fueron procesadas y 20 fueron declaradas culpables por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en las redes sociales en 2017, de acuerdo con la ONG. El documento recoge, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco.
“Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas”, ha criticado Beltrán. “En los últimos años se han disparado las condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias”, apunta.
Además, periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial “no señalizada” cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia Nacional. “Hay una inquietud por la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales, según los testimonios que hemos recibido, y muchas más personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a protestar y reclamar sus derechos”, sostiene Beltrán.
Continúan las devoluciones en caliente
Uno de los principales acontecimientos en materia de derechos humanos que dejó 2017 fue la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014, al concluir que estas son ilegales.
Pese a la condena, el Gobierno, según denuncia la organización, sigue llevando a cabo estas expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla. “Desde la sentencia –el pasado octubre–, al menos 40 personas han sido expulsadas de forma ilegal corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos tratos, aunque el numero podría llegar a 130 personas”, ha apuntado el director de AI.
“Reclamamos que Estrasburgo reconociera que se había vulnerado el derecho a tener derechos, a que una persona que quiere traspasar una frontera tiene derecho a no ser tratado como un fardo”, ha explicado Isabel Elbal, abogada demandante, quien ha destacado “el trabajo colectivo” en el caso. El Ejecutivo ha recurrido el fallo y la condena será revisada.
“El plazo de tiempo puede oscilar entre un año y un año y medio. En este plazo deben respetarse los derechos, pero se siguen practicando devoluciones y sabemos que el Gobierno no tiene ninguna intención de acatar la sentencia, salvo que le obliguen”, asevera Elbal.
Además de las expulsiones automáticas, AI denuncia que en 2017 se siguieron cometiendo violaciones “flagrantes” de derechos y abusos contra personas migrantes y refugiadas en España. Pone como ejemplo el encierro de más de 500 personas en la cárcel de Archidona o “las restricciones a la libertad de movimiento” de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.
El informe recuerda otro de los “fracasos” de las políticas migratorias el año pasado: el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados. Hasta diciembre de 2017, llegaron apenas el 15% de las 17.337 personas a las que el Gobierno se comprometió a reubicar. Mientras, quienes solicitan asilo siguen sufriendo retrasos en la respuesta sobre su petición, según la ONG.
Persisten los desahucios y los asesinatos machistas
A pesar del discurso de recuperación económica defendido por el Gobierno, “el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España”, ha insistido Beltrán.
Un año más, AI ha vuelto a poner el foco sobre la exclusión sanitaria de los migrantes en situación irregular y los desahucios. En julio, expertos de la ONU concluyeron que España violó el derecho a la vivienda de una familia que fue desahuciada sin que se les proporcionara vivienda alternativa.
La escasez de viviendas sociales asequibles afecta en mayor medida, apunta la ONG, a madres solteras y mujeres supervivientes de violencia machista. Los derechos de las mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros en España. 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Trabas a la investigación de los crímenes franquistas
2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del franquismo, recuerda la ONG. “Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, recalcan.
Además, la entidad denuncia que “se siguieron sin adoptar medidas” para localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias y las asociaciones “sin apoyo del Estado” en las exhumaciones.
En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una “bebé robada” en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de Argentina.