Amnistía Internacional (AI) ha alertado de que la legislación antiterrorista española se ha vuelto “cada vez más ambigua y más amplia en su aplicación desde, paradójicamente, el fin de los atentados de ETA en 2011”. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, ha criticado que las sucesivas reformas “han tenido un impacto mayor en el ejercicio de la libertad de expresión y en la detención de personas que en nada tienen que ver con la comisión de actos terroristas”.
Son algunas de las conclusiones del informe Peligrosamente desproporcionado, que ha presentado la ONG tras investigar, entre enero de 2015 y diciembre de 2016, las medidas para combatir el terrorismo que han tomado catorce países europeos. En relación a España, el documento recoge algunos casos de “amenazas a las formas legítimas de expresión”, como el de los titiriteros detenidos a comienzos de 2016 o la acusación contra el cantante César Strawberry en mayo de 2015.
Beltrán ha recordado que la sociedad española ha sufrido centenares de atentados terroristas en las últimas décadas. Sin embargo, la respuesta, asegura, “no debía ni debe ser el recorte de derechos y la progresiva ausencia de garantías a detenidos y acusados”.
Las principales críticas se han dirigido a las reformas, en 2015, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La organización considera que la normativa antiterrorista define de forma “vaga y muy difusa ciertos delitos relacionados con el terrorismo”.
Esta “indefinición” puede dar lugar a “restricciones” de otros derechos, como la libertad de expresión. Kartik Raj, investigador de AI para Europa, ha señalado que en varios países europeos, incluido España, “las leyes antiterroristas han restringido la libertad de expresión y la libertad artística. Los delitos de opinión ahora pueden ser delitos de terrorismo”.
El director de Amnistía España ha explicado que en los últimos dos años, “hasta en cuatro ocasiones”, se han llevado a cabo operaciones que “han utilizado a la policía en busca de tuits” que enaltezcan el terrorismo. “En la lucha antiterrorista, se espera de la policía que impida atentados, no que persiga tuits, que lo que reflejan es un ejercicio de la libertad de expresión, tal y como reconoce la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, sentencia.
Una muestra de ello es, afirma la organización, el caso de César Strawberry, vocalista del grupo Def con Dos que, en 2015, fue acusado de enaltecimiento de terrorismo y vejación a las víctimas por seis tuits publicados dos años antes. La Audiencia Nacional le ha absuelto de todos los cargos, pero la causa ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Al recordar su caso en la presentación del informe de Amnistía Internacional, el cantante relata: “Me están aplicando el derecho penal del enemigo: no les gusta lo que represento. Me están criminalizando a mí y a todas las personas que se sienten identificadas con mi obra artística”.
El abogado Eduardo Gómez ha recordado otros casos paradigmáticos. Su despacho llevó el caso del concejal Guillermo Zapata, acusado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo “por participar en un debate sobre la libertad de expresión en Twitter”. El caso se archivó “hasta en tres ocasiones” y finalmente resultó absuelto.
Gómez también participó en la defensa de los titiriteros de 'Títeres desde abajo' detenidos en 2016, a los que, afirma, se les llegó a aplicar el régimen penitenciario antiterrorista. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el 11 de enero el sobreseimiento del delito por incitación al odio y a la violencia. “Se está llegando a una situación en la que los artistas tienen que hablar con su abogado para saber si lo que están haciendo es arte o terrorismo”, asevera el abogado.
Además, la ONG insiste en que las medidas terroristas “son excepcionales” y si se prolongan en el tiempo “se crea costumbre y se permea los derechos de la sociedad”. “En España la legislación antiterrorista es supuestamente 'excepcional' desde hace 30 años”, ha denunciado el director.
Como ejemplo, Beltrán se ha referido al régimen de incomunicación que se aplica a los detenidos por delitos de terrorismo, algo que “ha provocado la práctica de la tortura y malos tratos en un número que podría ascender a centenares de personas”. Según Amnistía, esta medida “ha facilitado la falta de investigación por parte del Estado, lo que ha sido condenado en al menos siete ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el año 2010”.
Amnistía Internacional ha instado a España a acometer “reformas legislativas importantes: eliminar ambigüedades, indefiniciones y vaguedades”. Al respecto, Beltrán ha mencionado el artículo del Código Penal que condena los delitos de enaltecimiento del terrorismo, cuya reforma ha elevado las penas de cárcel hasta los tres años. En 2015, según Amnistía, 19 personas fueron condenadas por este delito. La cifra asciende a 27 personas en 2016.
De otra manera, apunta el director, “la situación puede llevar a que personas sean detenidas y encarceladas sin que tengan nada que ver con actos de terrorismo”, lo que podría llevar al país a un estado de “vulneraciones graves de la libertad de expresión, de asociación y de reunión”.
Asimismo, pide la eliminación del régimen de incomunicación de detenidos, que, según la ONG, “se ha dejado de aplicar” en los últimos años en comparación con los niveles de épocas anteriores.
“España tiene mucho que ver y reformar en materia de terrorismo o veremos si quiere seguir una tendencia restrictiva en materia de derechos humanos”, ha concluido Beltrán, en relación a la investigación, que revela una restricción generalizada de derechos en Europa a la hora de legislar sobre la seguridad de los ciudadanos. “Una ola tras otra de leyes desproporcionadas creadas en este entorno histérico nos está llevando a una sociedad donde la libertad se está convirtiendo en la excepción y el miedo en la norma”, alerta Kartik Raj.