La reacción de los gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional en el último año ha supuesto una represión severa de la sociedad civil y la consecuente violación de sus libertades y derechos. Así lo pone de manifiesto el último Informe anual de Amnistía Internacional, en el que se analiza la situación de los derechos humanos en más de 160 países de todo el mundo.
“Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los ”valores“ nacionales”, ha advertido el secretario general de la organización, Salil Shetty, en la presentación del informe de la gravedad de las medidas represorias.
2015 ha sido un año especialmente convulso en lo que a conflictos armados se refiere. La gravedad de los conflictos armados y el incremento del terrorismo ha obligado a 60 millones de personas a abandonar sus países y desplazarse forzosamente. Según Amnistía Internacional, ante tal situación, muchos gobiernos se han aferrado al pretexto de la necesidad de garantizar la seguridad nacional, el orden público o la protección de los valores nacionales, para llevar a cabo programas que, lejos de solucionar esa falta de derechos, la agravan. Las autoridades de numerosos países han reprimido la libertad de expresión y han reforzado y aplicado medidas como detenciones arbitrarias, reclusiones sin cargos ni juicio, torturas o la pena de muerte.
En el caso de Europa, el informe indica que las medidas antiterroristas de amplio alcance estaban, en gran medida, dirigidas a limitar la entrada de personas migrantes y refugiadas. En un principio, la mayoría recogía ciertas salvedades y casos de excepción que limitaban su aplicación a los abusos contra los derechos humanos.
Sin embargo, tal y como apunta Amnistía Internacional, poco a poco éstas fueron “vaciándose de contenido”, de manera que los Estados miembros de la Unión Europea, “pasaron por alto violaciones de derechos humanos que en otra época habrían condenado con firmeza, al tiempo que negociaban acuerdos económicos y buscaban el apoyo de terceros países para luchar contra el terrorismo y contener a las personas refugiadas y migrantes”.
Las otras consecuencias de los atentados de París
Francia, a raíz de los ocho ataques coordinados que causaron la muerte de 130 personas en noviembre, el gobierno declaró un estado de excepción que el Parlamento aprobó prolongar hasta el 26 de febrero. Además se modificó la ley permitiendo a la policía llevar a cabo 2.090 registros domiciliarios entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre, y 296 personas fueron sometidas a localización permanente. El informe de Amnistía recalca que muchas de esas personas eran musulmanas, y que se vieron sometidas a ese tipo de medidas excepcionales en función de criterios poco específicos, como prácticas religiosas que las autoridades consideraban “radicales y que los convertían inmediatamente en una amenaza para el orden público y la seguridad internacional.
Tras los ataques de noviembre, Luxemburgo, Eslovaquia, Paises Bajos y otros países de la región endurecieron sus leyes antiterroristas que contemplaban alargar el periodo que podían pasar en prisión preventiva los sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo, sin que fuera necesario demostrar tales sospechas. En Reino Unido, esto se acompañó de medidas diseñadas para identificar y prevenir los “extremismos violentos” que, como apuntan desde la organización pro derechos humanos, entrañaban el peligro de estigmatizar a la población musulmana.
En la misma línea, en Australia se aprobó una ley que quitaba la ciudadanía australiana a quienes tuvieran doble nacionalidad y fueran sospechosos de participar en actividades relacionadas con el terrorismo, sin que los criterios para considerar a alguien “sospechoso” estuvieran claramente definidos, por lo que tales personas podían perder la ciudadanía sin haber sido previamente condenadas.
El caso de los titiriteros, un ejemplo más
Con la entrada en vigor en julio de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, España ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión. Las fuerzas de seguridad han adquirido una mayor competencia y pueden multar hasta con 30.000 euros a quienes graben imágenes de agentes de policía en algunas circunstancias. “Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado a la libertad de expresión”, destacó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Beltrán ha señalado que el problema no es tanto la existencia de estas medidas, sino su prolongación en el tiempo: “Es legítimo que los gobiernos se defiendan de los ataques. El gran problema es que lo que debe ser algo excepcional, se convierte en algo habitual y estas leyes acaban aplicándose a personas que no tienen nada que ver con la amenaza inicial. No sólo es ilegal e inaceptable en el marco internacional, sino que es contraproducente y puede contribuir a prolongar los conflictos”
La extensión continua de una medida creada con carácter supuestamente excepcional, tal y como señala Beltrán, tiene como caso paradigmático a Estados Unidos, en donde nadie ha comparecido aún ante la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detención secreta e interrogatorio de la CIA que se inició a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe completo sobre dicho programa sigue aún clasificado como alto secreto, lo que facilita la impunidad, y la mayoría de los detenidos siguen recluidos en Guantánamo, sin cargos ni juicio.
“Técnicas de interrogatorio mejoradas”: las torturas
La tortura se ha calificado bajo el eufemismo de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, tal y como se empezó a denominar durante la llamada “guerra contra el terror” antes de la Primavera Árabe. A día de hoy Amnistía Internacional sigue denunciando la existencia de torturas sistemáticas y malos tratos a detenidos en toda la región de Oriente medio y en el Norte de África. En Egipto, las fuerzas de seguridad agreden a menudo a personas en el momento de la detención para, una vez encarcelados, someterlas a palizas y descargas eléctricas, aún siendo prácticas ilegales. En Irán, sin embargo, su práctica se incluye en las penas que imponen los tribunales, entre las que no es raro encontrar la flagelación, la lapidación, la ceguera o la amputación de miembros a los condenados.
A día de hoy, las autoridades de Arabia Saudí siguen deteniendo, enjuiciando y encarcelando a defensores pacíficos de los derechos humanos aplicando la legislación antiterrorista de 2014. Es el caso de las activistas de los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul y Maysaa al Amoudi, que fueron acusadas de delitos tipificados en la legislación tras ser detenidas a finales de 2014 por desafiar la prohibición de conducir vehículos que pesaba sobre las mujeres. Algo similar a lo que ocurre en la República de Chad, donde la definición de “terrorismo” que recoge el proyecto de ley que entró en vigor el pasado agosto es muy general.
Desde entonces, Amnistía Internacional ha detectado un incremento en las operaciones de registro en domicilios, controles de seguridad y lugares públicos, en un país donde se prohibió la mendicidad pública y el uso de velos que cubrieran totalmente el rostro alegando motivos de seguridad.
Amnistía Internacional denuncia también los graves abusos y violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto de los conflictos acontecidos en el último año en Burundi, en donde se intensificó la violencia y se aconteció una crisis política cuyas revueltas se intentaron disolver con un uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica, en donde además se empleó la fuerza excesiva en operaciones de “limpieza” con el fin de deshacerse de personas inmigrantes indocumentadas.
8 de los 10 países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe. En Brasil, Colombia, México y Venezuela se cometen un 25% de los homicidios violentos a nivel mundial, según señala el informe. El grave problema de esta región es la impunidad. Únicamente un 20% de los homicidios cometidos en América Latina terminan en condena.
Además, los activistas de derechos humanos especializados en la defensa de la tierra y los recursos naturales son cada vez más expuestos a la violencia al ser víctimas potenciales de homicidio y desaparición forzada. Sin embargo, aquí los gobiernos no han hecho más que reforzar esa situación de impunidad al insistir en la inclusión de disposiciones que respaldan legislaciones nacionales que ignoran la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Desde Amnistía Internacional denuncian la necesidad de que los Estados refuercen la protección internacional de los derechos humanos con campañas de seguridad nacional que no los perjudiquen, sino refuercen: “La mayoría de esas campañas obedecen a intereses particulares y han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales”.