La encrucijada del transporte público en Gran Canaria

El transporte público de viajeros representa buena parte de las luchas obreras en Gran Canaria. La quiebra de Aicasa en 1971, que provocó una de las huelgas más importantes vividas en Canarias durante el franquismo, dio pie a la creación en 1973 de Salcai. Esta marca, como innovadora empresa gestionada por los propios trabajadores, supuso un aldabonazo en la construcción social de la isla cuando aún estaba por llegar el desarrollo del turismo. De aquel conflicto nació además Utinsa, con un modelo más tradicional de gestión instalado en el norte de la isla que pronto resultó un fracaso, y que desembocó en la creación de Global, la actual gestora del transporte interurbano en toda la isla. Los episodios que en 1979 dieron lugar a Guaguas Municipales, la actual empresa municipal en Las Palmas de Gran Canaria, completan el mapa de una historia que incorpora a los trabajadores como impulsores de un modelo de servicio público capaz de gestionar el desarrollo de la isla. 

Ambas experiencias, la creación de Salcai (posteriormente Global) y de Guaguas Municipales, reflejan la capacidad de los propios operarios del sistema para gestionar los recursos públicos incluso cuando las tentaciones privatizadoras quisieron instalarse en gobiernos de apariencia progresista. Ya ocurrió en la capital grancanaria en 2008, cuando sólo la respuesta organizada de los trabajadores impidió la venta de la empresa municipal programada por el equipo del entonces alcalde socialista Jerónimo Saavedra. El crecimiento de la economía insular y la configuración de nuevas necesidades sociales que acompañan al siglo XXI abren algunas incógnitas sobre el futuro de este poder obrero, y es en este escenario donde se esperan las respuestas políticas adecuadas para mantener ese modelo arraigado en la sociedad grancanaria. Un patrimonio que rebasa cualquier proceso administrativo. 

Este paisaje afronta ahora un momento singular, porque en 2027 finaliza la concesión del servicio interurbano de viajeros de Gran Canaria que gestiona Global, y se desconocen las verdaderas intenciones del actual equipo de Gobierno del Cabildo de la isla, más allá de distintas declaraciones públicas que arrojan más incertidumbres que certezas sobre el procedimiento a seguir. El apetito de las multinacionales del sector por un mercado que en 2023 movió más de 42 millones de viajeros parece dispuesto a influir en la solución política que se aborde, y es por eso que también la capacidad de respuesta y organización obrera se pondrá a prueba en los plazos que quedan hasta la nueva configuración del servicio. Global mantiene a unos 900 trabajadores y una constelación de empresas que permiten el tránsito diario de sus más 360 guaguas, y genera una amplia gama de empleos subsidiarios regados por el corredor del sureste, que podrían desaparecer si el futuro pasa por destruir el mapa actual del transporte en la isla. Y no hace falta recordar que se trata de la comarca donde aun mantienen su mayor caladero de votos tanto el sector oficial de NC como la agrupación Roque Aguayro.

El crecimiento del sector turístico abona la implantación en el Archipiélago de distintas ofertas para gestionar la movilidad de la población flotante. La entrada de la multinacional británica Mobico, a través de la compra del grupo Canary Bus, completada a principios de 2024 con una inversión de 80 millones de euros, es sólo la más reciente de las operaciones que se iniciaron en 2019 en Gáldar con la compra de la compañía Gumidafe, una operación que la propia inversora definió en su momento como “una plataforma para futuros crecimientos” en la isla. 

Con esa intenciones declaradas, la matriz del grupo Alsa trata de imponer un rol protagonista en las batallas que están por venir en la configuración del mapa del transporte de viajeros en las islas. Y no hay negocio más sustancioso a la vista en este territorio que la facturación de Global, la compañía creada por los propios trabajadores en 1973 que representa un modelo de estructura social muy diferente y discrepante del que puede aportar un monstruo del tamaño de la gestora británica. No es solo una cuestión de tamaño; el gigante con un pie en Gáldar ha dejado claras sus expectativas de crecimiento en el mercado español y en Estados Unidos, al margen de ser el mayor operador del sector en Europa. En Gran Canaria ya mueve más volumen de viajeros que la mayor concesionaria oficial isleña.

Estas intenciones declaradas trasladan muchas preguntas al actual equipo de gobierno del Cabildo grancanario, y alumbran el laberinto abierto en la crisis interna de Nueva Canarias, habida cuenta de que el consejero de Transportes encargado de pilotar la configuración de los nuevos contratos del sector es ni más ni menos que Teodoro Sosa, el líder de apariencia rebelde que se propone crear una nueva formación política ajena a los postulados de la izquierda nacionalista con los que accedió al cargo. Sosa ya conoce de cerca los intereses de Mobico y de su filial Alsa, habida cuenta de que el actual centro de operaciones de la multinacional en la isla se radica precisamente en Gáldar, donde ejerce de alcalde plenipotenciario con una mayoría absoluta aplastante. 

Entre las distintas facciones en disputa de esa formación, nadie oculta la conexión entre ambos factores como uno de los motores que da alas a la nueva marca política que promueve Sosa, a la espera de saber qué cartas jugará el presidente de la institución, Antonio Morales, en la definición del modelo futuro del transporte insular. Una espera que tampoco puede dilatarse mucho más, porque los plazos empiezan a ser acuciantes para despejar el futuro de la actual concesionaria. De la intervención o de la pasividad de Morales depende el oxigeno que inflará las expectativas del renovador alcalde norteño. Y en esa encrucijada, se sabrá si la decisión del progresismo gobernante respeta el modelo de crecimiento labrado en la historia obrera de Canarias, o sucumbe a la voracidad de las sirenas multinacionales. El reloj ya empezó a descontar.