El Gobierno canario inicia el trámite para reformar la ley de ordenación del turismo de 1995 y “adaptarla al presente”

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves iniciar el procedimiento de elaboración de la futura ley de Turismo de Canarias, con el objetivo de establecer un marco normativo “completo y actualizado” y así sustituir a la vigente Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo, que regula la actividad turística en Canarias, e “impulsar una adaptada al presente, que aborde los cambios de las últimas décadas”.

“La norma actual se creó hace más de treinta años para atender a una realidad muy distinta a la actual”, detalló la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo regional, Jessica de León, y ahora, la futura Ley de Turismo “asentará la regulación general del sector, abarcando diferentes ámbitos como la planificación y la ordenación, las competencias de administraciones, la comercialización, las nuevas modalidades alojativas, la modernización de infraestructuras turísticas o la formación”, según explica el Gobierno canario en una nota.

La modificación de la Ley 7/1995 fue acordada con el sector en la reunión del Consejo Canario de Turismo, celebrada el 23 de octubre de 2024.

Según el Ejecutivo, entre sus ejes principales, se pretende establecer “los indicadores y mecanismos necesarios para ordenar la actividad de forma sostenible, con especial atención a la protección de los derechos constitucionales, el entorno urbano, el medioambiente, y la cultura e identidad canaria”.

Además, modificará la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización de Canarias, que “fijará el marco normativo para modernizar y remodelar zonas turísticas degradadas, abarcando no solo las infraestructuras y los espacios públicos, sino también edificaciones privadas como los alojamientos turísticos o los centros comerciales”.

“En los últimos treinta años han surgido nuevas modalidades alojativas y nuevos canales de comercialización que deben tener su reflejo en el marco normativo”, en este sentido, “la iniciativa recogerá estas actividades, y establecerá los procedimientos de registro y control adecuados, adaptándose a lo dispuesto en este sentido por la jurisprudencia estatal y europea”, subrayó Jéssica de León.

El siguiente paso en la tramitación, previo a la redacción de la ley, será la apertura del período de consulta pública, con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía y los agentes afectados por la norma. En esta fase, se plantearán cuestiones relacionadas con los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los fines y objetivos perseguidos con la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.